Una vivienda turística racionalmente regulada
La heterogeneidad de la normativa es el talón de Aquiles de una actividad con potencial para aumentar la competitividad de la industria turística española
Las viviendas de alquiler turístico en España no son un fenómeno nuevo, pero su eclosión en los últimos años las ha convertido en un problema nuevo. Desde que en 2013 se excluyó a este tipo de inmuebles de la regulación general del alquiler y se dejó la normativa en manos de las comunidades autónomas, el sector se ha convertido en el centro de un creciente debate que incluye polémicas de muy distinto signo, desde su hipotético impacto en las ciudades y en el precio de los alquileres, hasta su relación con la hostelería tradicional y los excesos o defectos de una regulación heterogénea sobre la que ha tenido que pronunciarse incluso la CNMC.
Los últimos datos sobre vivienda turística confirman su plena recuperación tras el parón impuesto por la pandemia. A 31 de marzo de 2023 había 80.680 anuncios de este tipo de alojamiento en las 20 ciudades que más pernoctaciones registran en España, lo que supone un crecimiento del 23% respecto a las cifras del primer trimestre de 2022. Aunque Madrid y Barcelona encabezan la clasificación de urbes con mayor oferta de este tipo, no se trata de un fenómeno focalizado en grandes capitales. Así, los destinos que más han crecido en lo que va de año han sido Ibiza, seguida por Bilbao y Santander.
Entre los problemas que se asocian al crecimiento exponencial de esta oferta de alojamiento figura el impacto en las ciudades, dado que se concentran en las zonas de mayor interés monumental y de oferta de ocio, así como la dificultad de hallar un equilibrio racional en su gestión que impida que la sobresaturación de visitantes acabe convirtiéndose en un elemento disuasorio para otros viajeros y para el turismo en general. A ello hay que sumar el efecto que tiene esta actividad sobre el precio general de los alquileres, un análisis que debe circunscribirse a aquellas zonas y barrios en los que se concentran este tipo de alojamientos.
Pero frente a esas dificultades hay que contraponer también ventajas indiscutibles. La economía colaborativa en el turismo constituye una fórmula nueva que responde a una demanda que también es nueva, la de un tipo de viajero que prefiere optar por la experiencia de residir en una vivienda en lugar de hacerlo en un hotel. Se trata de una figura que arrastra todavía las disfunciones propias de los fenómenos que crecen desmesuradamente en un corto período de tiempo y cuyos excesos deben ser regulados de forma racional, equilibrada y transparente. La normativa, distinta en cada comunidad autónoma, es precisamente el talón de Aquiles de una actividad que, bien regulada, puede aumentar la competitividad de la industria turística española.
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