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Escrito en el agua
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

A propósito de las pensiones, unos mienten por activa y otros por pasiva

El Gobierno hace como que reforma a sabiendas de que no solucionará ni la mitad de los problemas, y el PP calla por calculada conveniencia electoral

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la escalinata del Palacio de la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la escalinata del Palacio de la Moncloa.EFE

Sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer, y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer”. No es un trabalenguas: es la detallada hoja de ruta que a las puertas de las elecciones de noviembre de 2011,José Razón Bauzá, siendo presidente de Baleares, explicitaba que seguiría el Gobierno de Rajoy si ganaba en las urnas, pero sin decir nada explícito para no decir lo que no se podía decir, pero diciendo lo que se podía decir para que los entendedores avisados lo captaran. Una práctica por desgracia muy extendida en la política española y practicada siempre con los asuntos delicados como las finanzas y el futuro de las pensiones públicas, y de manera exagerada en estos tiempos.

Todos los políticos, gobiernen o calienten banquillo, practican con exageración y descaro el activismo dialéctico y la ocultación, la verborrea, la onomatopeya increíble, las medias verdades y las mentiras obscenas si optan al poder, y son capaces de decir que es negro lo que todos vemos blanco y fantástico lo que el común considera un fracaso, si mandan. Si en 2011 al equipo de Rajoy le salió bien porque Zapatero había dejado el país como un solar, unos meses después le salió mal en las autonómicas andaluzas pese al empeño de retrasar contranatura la formulación de un Presupuesto radicalmente restrictivo como el que precisaba el país.

En materia de pensiones el PSOE y el Gobierno mienten por activa, y el Partido Popular, por pasiva. Los primeros hacen una reforma que no arregla nada, salvo arramblar unas décimas de ingresos movilizando algún sufragio resistente de los que cabalgan la división y el enfrentamiento, y los segundos la critican en voz baja para no anunciar la desagradable noticia de una reforma que restrinja el gasto, y que, lógicamente tendría un incalculable coste de apoyos en la yincana electoral de este año.

Nadie, salvo el Gobierno, defiende que la reforma de Escrivá sirva para algo más que para aguantar unos años y dar tiempo a cambios más profundos. Y nadie, ni siquiera el Gobierno, desconoce que las cuentas de las pensiones necesitan un meneo muy serio si quieren perdurar.

En España los dos grandes partidos que se han alternado en el poder llevan varios años jugando a la gallina ciega con la Seguridad Social, tras firmar en 1995 un pacto en Toledo que iba a servir del bálsamo de fierabrás, que tenía tal elasticidad que servía para hacer una cosa y su contraria, y que ha sido violado y ninguneado tantas veces como se ha invocado. Pero parecía contener, y así lo admitían unos y otros, la sensatez que sacaba a las pensiones del debate partidista. En el primer debate electoral televisado en España, Aznar, ante una media insinuación de González de que el Partido Popular acabaría con las pensiones públicas, le retó a decirlo públicamente a los españoles. El silencio de González pareció el fin de las hostilidades en tal materia.

Pero ya con pacto de Toledo firmado y aún caliente, y con el compromiso reciente de no hacer política ni electoralismo con asunto tan delicado como la jubilación, en la primavera de 1996, tras el primer Consejo de Ministros del Gabinete Aznar, el arrogante vocero Miguel Ángel Rodríguez, entre ufano y retador, anunció que el Gobierno acababa de pagar las pensiones de todos los jubilados, por si quedaban dudas.

Y tal como nació, murió tan buena intención. De allí a esta parte, todos los Gobiernos, con más o menos vergüenza, han utilizado el dinero público de los cotizantes en su favor político, porque como el envejecimiento de la población española es galopante, cada vez más gente depende de rentas públicas: nada menos que diez millones de jubilados, viudas/os e incapacitados, y los administradores actúan como si el dinero lo pusiesen ellos y los pensionistas cobrasen gracias a sus diligentes y probos oficios.

En su descargo hay que admitir que han hecho reformas que han proporcionado longevidad al sistema de pensiones, aunque nunca de forma definitiva, porque en buena parte la salud de la Tesorería depende de la marcha de la economía y del rigor, o frivolidad, con el que se tomen las decisiones. Las más de las veces los cambios se han aplicado cuando el agua llegaba a la altura del cuello, como ocurrirá ahora cuando a la vuelta de unos años, más pocos que muchos, la avalancha de cotizantes nacidos entre 1960 y 1970, con las más generosas y prolongadas carreras de cotización, pasen por la ventanilla de cobros.

Lo cierto es que cuando más urgente es la seriedad y la unidad política de quienes se turnan en el poder, más practican el sectarismo. La reforma de 2011 que prolongó la edad de retiro y reforzó la contributividad fue impuesta por Bruselas y rechazada por la derecha, aunque nada de ella eliminó cuando gobernó; la de 2013, que corregía el desmadre del gasto, también fue impuesta desde fuera y no la apoyó la izquierda, que la derogó en cuanto tuvo ocasión, aunque el propio Rajoy la había guardado ya en el cajón por la presión de los nacionalistas vascos, que representan a los pensionistas mejor pagados de España. Los retoques de ahora se hacen por imposición europea, y no tardarán en ser corregidos o severamente complementados por la presión del gasto.

La caja de las pensiones es sostenible siempre por un rato, más o menos largo en función de la valentía de las decisiones. El resultado de explotación del sistema de prestaciones público es deficitario desde hace años, y no ha presentado suspensión de pagos porque siempre lo socorre el Estado.

Es la gran bolsa de desequilibrio fiscal del país, una bomba retardada en la cuenta atrás, y debe ser afrontada con unidad política, en vez de utilizarse como catapulta para asaltar las conciencias de los votantes; y debe ser reformada poniendo a los cotizantes, y no a los pensionistas de hoy, en el centro del debate, y siempre en el primer año de una legislatura, para no verse atrapado por las urgencias demoscópicas de turno.

A la luz de los hechos pasados, no albergo mucha fe.

José Antonio Vega es periodista

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