La ‘pseudoreforma’ de las pensiones que no remediará sus males
La sobrecarga de cotizaciones por partida triple en las rentas más altas no enjugará el déficit y tendrá efectos indeseados sobre el empleo
El Gobierno ha concluido la reforma de la Seguridad Social que le reclamaba Bruselas para disponer del dinero Next Generation que le proporciona a cuentagotas imponiendo criterios a costa del consenso que estas cuestiones precisan, y lo que es peor, sin solucionar el agujero financiero que tiene el sistema ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Ha echado mano de mecanismos populistas y divisivos, que tendrán un coste muy elevado para el empleo, y otra vez lo que es peor, para el empleo de los deciles menos cualificados del mercado. Al tiempo.
El planteamiento electoral, y no la convicción, han conducido al Gobierno en la gestión de las pensiones y su proyección en las próximas décadas. Por ello planteó una reforma que debería garantizar la sostenibilidad financiera del modelo en dos fases bien diferenciadas, pero dejando claro que lo primero es asegurar cómo se deben revalorizar las prestaciones cada año. Después, cuando los socios obliguen, ya se acometerá cómo se financian. Tanto como disparar primero y apuntar después.
La primera parte de la supuesta reforma garantiza por ley que las prestaciones subirán siempre tanto como lo haga la inflación, corrigiendo primero las desviaciones del año precedente y consolidándolo después en la nómina de cada pensionista. Sea cual sea el IPC que la economía haya escupido, y engorde la factura cuanto la engorde, sin ningún tipo de reparo financiero, se le endosan en 2023 para siempre cada año 14.000 millones de euros a una caja que no los tiene, y que tendrá que reclamar a los mercados de bonos. Era la parte fácil de los cambios, y sin ningún tipo de oposición política, el Gobierno autodefinido como “más social” aprobó una subida del 8,5% a las pensiones, fuesen bajas o generosas. A fin de cuentas, gobernar es gastar.
La parte complicada de la supuesta reforma, el reforzamiento de los ingresos para pagar el gasto comprometido y el que habrá de venir como un tsunami cuando la explosión demográfica de los sesenta y setenta del siglo pasado llegue al retiro, se deja para el final. Y una vez más, con un planteamiento electoral, divisivo y populista, se carga la factura a las espaldas de las rentas más elevadas y a las empresas que las pagan.
Por tres vías diferentes se elevan las cotizaciones en el país en el que representan mayor proporción de los ingresos de la Seguridad Social, en lo que es un auténtico impuesto sobre el empleo, sin duda la variable económica más social y en la que España tiene mayor desventaja, y cuya alarma luminosa más visible es una tasa de paro que duplica la europea.
Primero se duplica la paupérrima potencia de tiro del Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional, esa especie de válvula de escape que pretendía sustituir al verdaderamente correctivo Factor de Sostenibilidad. Se pasa la aportación desde 0,6 puntos sobre las bases de cotización, hasta alcanzar en 2029 1,2 puntos, de los que las empresas pagarán un punto, y los trabajadores (que también soportan las empresas) 0,2. En segundo lugar, se aplica un destope paulatino de las bases máximas, que no son más del 5% de cuantas contabiliza la Tesorería de la Seguridad Social, con un incremento adicional anual de casi un punto sobre el IPC hasta 2050, sin que tal sobrecoste tenga reflejo en la subida de las pensiones.
Y por último, se crea una cotización adicional de solidaridad para la parte de la remuneración que está por encima de la base máxima, y que supondrá un punto adicional sobre tal exceso, y al que se añadirán 0,25 puntos al año hasta alcanzar 6 puntos de sobrecotización en 2045. Un ejercicio de solidaridad interrentas que replica otras decisiones del Gobierno en materia fiscal de elevar la carga a las rentas altas para compensar a las bajas, y que si puede justificarse como ejercicio de equidad en la imposición general, es una herramienta que en el sistema de pensiones socava la contributividad que se le supone, y que ya es casi un enunciado vacío.
Y lo hace de tal forma que pone en peligro el principio general de los tres escalones del modelo de pensiones. Primero: las pensiones de quien no cotiza para llegar a una contributiva se reciben del Estado vía impuestos, como no contributivas; segundo: los que más ganan abonan con un trasvase de recursos vía cotizaciones una buena parte de la pensión de quien genera derecho a contributiva, pero no aporta lo suficiente como para financiarla; y tercero: los afortunados que ganan más de lo que cotizan pueden optar, (voluntariamente, como el resto de los ciudadanos) por capitalizar pensiones privadas si quieren mantener el nivel de ingresos que tenían como activos, ya que su tasa de retorno (pensión sobre último sueldo) es la más baja del sistema.
Así y todo, nadie que aplique las matemáticas con criterio actuarial a la evolución esperada de la demografía y del mercado de trabajo considera que las tres medidas aplicadas, tras el toque sindical de subir las cuantías mínimas más de lo que el mecano soporta, puedan generar los recursos necesarios para soportar la factura de las pensiones a diez o veinte años vista. En el mejor de los casos, aportarán la mitad de lo que el Gobierno espera.
Por tanto, como a largo plazo todos muertos, esta reforma seguramente estará también amortizada en unos pocos años, porque la realidad impondrá otras. Otras que deben dejar de contarle cuentos con final feliz al personal, y admitir que el tinglado no es sostenible tal como está montado, y que solo lo será si se recorta el gasto y en paralelo se suben los ingresos, y se exige un proporcionado y equitativo esfuerzo a todos los cotizantes. Subir solo los ingresos para que corran detrás de un gasto que va a una velocidad endiablada, no deja de ser un cuento para dormir mejor.
Pero no me resisto a alertar de que, además, esta enésima subida de costes para las empresas tendrá un efecto indeseado en el empleo. Ya han aparecido informes con cálculos de la pérdida pasiva de empleo (el que se renuncia a crear) con tales medidas, que multiplican el efecto perverso del resto de subidas de costes. Pero lo que es innegable es que esta sobrecarga a los supuestos ricos (rentas del trabajo elevadas), tendrá un coste sobre los supuestos pobres (rentas bajas).
Las empresas asumirán el sobrecoste de los mejor pagados porque es la franja de las plantillas con más talento, más productividad y más imprescindibles en la cadena de producción, sea en la industria o en los servicios. Pero si no pueden repercutir tal sobrecoste en sus precios (esa es otra: estas subidas son inflacionistas, como todos los impuestos), reducirán coste laboral en las franjas de la plantilla con menos talento, menos productividad y más prescindibles.
José Antonio Vega es periodista
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días