Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La solución a la morosidad no está en más leyes, sino en sanciones efectivas

Los retrasos en el pago y la costumbre de financiarse con cargo a proveedores no constituyen en España un problema excepcional propio de las crisis, aunque en ellas se acentúe

El hiperdesarrollo normativo es una enfermedad típica europea fruto de una cultura que concibe como solución para casi todo la promulgación de una nueva ley o la elaboración de un reglamento. A ese marco hay que unir las particularidades del carácter español y de su tradicional relación con la ley, resumidos con sorna en una vieja cita que recuerda que en España, “la abundancia de leyes se mitiga con su incumplimiento”. Un ejemplo de libro de este problema lo constituye la morosidad, una lacra casi endémica en la economía española que se extiende tanto al sector público como al privado, resulta letal para la supervivencia de las pequeñas empresas y parece inmune a las leyes y los buenos propósitos normativos.

Las últimas cifras sobre impagos, basadas en una encuesta elaborada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a un millón de pymes y autónomos, señala que el porcentaje medio de facturas sin pagar en España se elevó al 5% del total en 2022, dos décimas más que en 2021 y cerca de las tasas de 2014, año de récord histórico como consecuencia de la Gran Recesión. Aunque los plazos de pago han mejorado en el sector privado, al pasar de 72 a 67 días, y empeorado en el público, donde han subido a 67, –frente a los 60 de máximo que fija la ley– desde distintos sectores se alerta de que la mora y los impagos pueden dispararse aún más este año, cuando el paraguas de los creditos ICO desaparezca finalmente del panorama empresarial y la subida de los tipos de interés encarezca cada vez más la financiación.

La legislación que regula los plazos de pago en España ha demostrado con creces su incapacidad para resolver esta lacra tanto entre las empresas como entre estas y la Administración, fundamentalmente porque no cuenta con un sistema de sanciones efectivo que asegure el cumplimiento de la norma. El desbloqueo de la reforma de la ley de medidas de lucha contra la morosidad, que incorpora nuevas herramientas coercitivas, pero también la aplicación de recursos normativos ya en vigor, como la obligación de demostrar que se está al día en los pagos antes de recibir subvenciones públicas, son medidas imprescindibles para avanzar hacia la resolución del problema.

Los retrasos en el pago de las facturas y la costumbre de financiarse con cargo a proveedores no constituyen en España un problema excepcional propio de las crisis, aunque en ellas se acentúe, sino casi un mal uso comercial. Solucionarlo no depende de promulgar nuevas leyes, sino de dotar a las actuales de herramientas realmente coercitivas que protejan a los eslabones más débiles de la cadena de pagos empresarial.

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