Los proveedores alertan de que el 5% de sus facturas están impagadas

Advierten que el porcentaje es similar a 2014 cuando cerraron 500.000 empresas por la morosidad

Antoni Cañete,presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, organización que representa a un millón de pymes y autónomos que emplean a 4,5 millones de trabajadores, ha lanzado esta mañana un mensaje de alerta sobre el alud de morosidad que se está generando a la salida de la crisis del coronavirus. La última encuesta de la Plataforma, realizada a 500 asociados, revela que el porcentaje medio de facturas impagadas se elevó al 5% del total en 2022, lo que supone un repunte de dos décimas respecto a 2021 y un acercamiento a los niveles alcanzados en 2020 (5,4%), el peor año de la pandemia, y en 2014, fecha en la que tocó máximos históricos.

Cañete, que también es presidente de la patronal catalana Pimec, recordó que en ese último año cerraron 1,5 millones de empresas, de las que 500.000 fueron provocados directamente por la morosidad. Preguntado sobre una cifra concreta de cierres si no se adoptan medidas prefirió no mojarse, aunque alertó que la cifra podría quedarse cerca si persiste la dificultad para acceder al crédito y el impacto negativo de la inflación y de la subida de tipos. “Pese a que los datos no apuntan a un ciclo recesivo, la economía real todavía está dopada por el impacto de los créditos ICO”, recalcó.

Al repunte de la morosidad, sin embargo, le ha acompañado una mejoría en los plazos de pago del sector privado, que ha bajado de una media de 72 a 67 días, la cifra más baja desde 2014. Pese a esa mejoría, Cañete insistió en la necesidad de implantar un régimen sancionador para aquellas empresas que no paguen sus facturas en el plazo máximo que marca la ley (60 días). “El transporte lo ha implantado y el retraso en los pagos ha desaparecido”. Por sectores, la industria fue la que mejor pagó, cumpliendo los plazos legales, y la construcción fue la que más se demoró en abonar sus deudas a proveedores.

En el otro lado, los plazos de pago del sector público han empeorado, pasando de 61 días en 2021 a 67 días en 2022. “En 2021 bajó a 61 días porque se dieron 26.000 millones a comunidades autónomas y ayuntamientos. Como en 2022 no ha habido inyecciones hubo un incremento de los plazos de pagos”, recalcó. Una morosidad que tratará de corregir el nuevo fondo creado la semana pasada por Ejecutivo de 1.076 millones para los ayuntamientos, las administraciones que peor pagan a sus proveedores. “Con la inyección de este año, los plazos de pago bajarán, pero estarán lejos del máximo legal”.

En su exposición, Cañete fue especialmente crítico con la Ley Crea y Crece, diseñada entre otras cuestiones para controlar la morosidad y el retraso en los plazos de pago, por sus escasos resultados y por la falta de fiscalización de los mismos. En concreto se refirió al “agujero” generado con los subcontratistas, cuyo plazo medio de cobro se eleva a 100 días. “Si la Ley Crea y Crece empezara a funcionar se produciría una mejora indiscutible en la situación de los subcontratistas. Es imprescindible la fiscalización del cumplimiento de la ley así como de la Estrategia Nacional de contratación”.

El presidente de la Plataforma también resaltó que tampoco está funcionando el instrumento para vincular el cobro de subvenciones públicas al cumplimiento de los plazos de pago con proveedores. “El 92% de las empresas que habían solicitado alguna subvención pública por importe superior a 30.000 euros no ha tenido que aportar alguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago, algo contrario a la ley”.

La encuesta también constató la permanencia de cláusulas abusivas en las relaciones comerciales entre proveedores y clientes, a pesar de que la ley las prohibe expresamente. “Durante el pasado ejercicio, el 61% de los proveedores reconoce que firmó contratos o acuerdos comerciales con clientes, tanto del sector público como del privado, que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos (30 días para el público y 60 días para el privado) ,sin que esta práctica ilegal tenga consecuencias”, denunció.

Priorizar un observatorio y un régimen sancionador

Propuesta. Cañete instó ayer a desbloquear la modificación de la ley 3/2004, en contínua prórroga desde septiembre de 2020, y que incluía un observatorio “imparcial” de la morosidad y un régimen sancionador que multe a las empresas que sobrepasen el plazo legal de 60 día para pagar a sus proveedores. El presidente de la Plataforma se mostró esperanzado en que se apruebe este año, ya que el 93% de los asociados lo considera “imprescindible” para erradicar los abusos de las grandes empresas.

Multas. La propuesta de régimen sancionador que la Plataforma presentó para su inclusión en la modificación de la ley graduaba las multas en función del volumen del impago, la reiteración y el retraso que acumulen las empresas, con un máximo de 820.000 euros.

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