Uno de los acusados por la ‘macroestafa’ en criptomonedas de Arbistar intenta apartar al tribunal en la recta final del juicio sin éxito
El socio del fundador de la plataforma acusó a los magistrados de prevaricación, lo que ha sido rechazado por la Audiencia Nacional
Intento fallido de paralizar el juicio por la macroestafa en criptomonedas de Arbistar 2.0. La Audiencia Nacional ha rechazado el incidente de recusación que uno de los cabecillas de la trama, Diego Felipe Fernández Nojarova, el que fuera socio del fundador de la plataforma Arbistar 2.0, Santiago Fuentes, planteó contra el tribunal que le juzga, al entender que no existen motivos que les obligue a apartarse y suspender la vista oral, que encara su recta final. De este modo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha decidido seguir adelante con el calendario previsto para dejar vista para sentencia la causa abierta por una de las mayores estafas piramidales en inversión en monedas digitales y retomará las sesiones el próximo lunes, 26 de mayo.
La recusación es un mecanismo por el que los encausados instan a los magistrados a dejar de intervenir si existen sospechas de que no son imparciales. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé 16 supuestos que obligan a los jueces a abstenerse de tomar alguna decisión o, directamente, a apartarse de la causa. Uno de ellos es “tener un interés directo o indirecto en el pleito o causa”, que es el que han invocado la defensa de Fernández Nojarova, después de que el tribunal no atendiera a su recurso contra la decisión de pedir al juzgado que investigó el procedimiento que localizara “de manera urgente” un DVD con documentación.
A juicio del acusado, la orden del tribunal, presidido por Francisco Javier Vieira y compuesto por Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez y Carlos Fraile, es una clara “resistencia a aceptar la realidad técnica constatada” porque, según dijo, ya se había acreditado la inexistencia de dicha documentación. Así las cosas, en un recurso presentado el pasado 5 de mayo contra el mandato del tribunal, el número dos de Arbistar aprovechó para acusar a los magistrados de prevaricación judicial y plantear la recusación de manera subsidiaria.
Mientras se estudiaba en profundidad el incidente de recusación, el tribunal comunicó este miércoles a todas las partes que suspendía las sesiones del juicio que quedan pendientes de celebrar, previstas para la última semana de mayo. Sin embargo, el análisis fue más rápido de lo esperado y, a las pocas horas, el órgano judicial notificó que la pretensión del acusado era inadmitida de plano y que el calendario previsto volvía a estar vigente.
La magistrada que ha instruido las recusaciones, Ana Mercedes del Molino, no solo ha inadmitido la recusación por no cumplir los requisitos formales de presentación; sino que también sostiene que “no articula ningún motivo para sostener tal pretensión”. Así, en un auto con fecha de este 21 de mayo, al que ha tenido acceso este periódico, la juez reprocha que se haya hecho uso de este cauce procesal para simplemente cuestionar la “procedencia de una resolución judicial”.
Algunas de las acusaciones, como la que ejerce Aránguez Abogados, que representa a casi 4.000 afectados de los 6.800 personados, ha celebrado la decisión de la Audiencia Nacional y han destacado que las intenciones de los acusados era una “maniobra procesal” para dilatar el proceso y unas eventuales condenas.
Otras quejas por vulneración de derechos
Los acusados ya trataron de anular el juicio con quejas de vulneración de derecho a la defensa, a un juicio justo con todas las garantías y por un “trato discriminatorio”. Lo hicieron durante la primera jornada de la vista oral, que tuvo lugar el pasado 10 de marzo en la sede que tiene la Audiencia Nacional en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, en la que se celebró el trámite de cuestiones previas, por el que se delimita las pruebas a analizar. En este contexto, las defensas cuestionaron la validez de la documentación e informes policiales que sustentan las tesis incriminatorias. Sin embargo, el tribunal rechazó todas estas pretensiones.
Así, más de tres meses después de esta fecha, la vista oral afronta su recta final. La numerosa documentación a analizar, las declaraciones de los testigos y el apagón eléctrico del pasado 29 de abril ha provocado que el final del juicio se haya retrasado más allá del 11 de abril, que era lo previsto inicialmente. Las sesiones se retomarán con las periciales que quedan pendiente, lo que dará paso a los interrogatorios de los acusados, que solicitaron declarar en la última fase del juicio con el objetivo de conocer, antes de someterse a este trámite, todas las pruebas en su contra que se han expuesto ante el tribunal. Después, la Fiscalía y las acusaciones formularán sus peticiones de pena definitivas, mientras que las defensas alegarán por qué no hay motivos para condenar.
La Fiscalía señaló en su escrito de acusación provisional, presentado el 18 de abril de 2024, que corresponde castigar al líder de Arbistar con 29 años y nueve meses de cárcel. Santiago Fuentes se encuentra en prisión provisional desde junio de 2023 y en la sesión celebrada el pasado 30 de abril solicitó su puesta en libertad, lo que fue rechazado por el tribunal, siguiendo el criterio de las acusaciones, que se opusieron al entender que existe riesgo de fuga ante la magnitud del fraude investigado. Asimismo, el ministerio público planteó para el resto de acusados (entre ellos Diego Felipe Nojarova) penas que oscilan entre 15 años y nueve meses y 23 años y medio de prisión.
Los condenados también deberán indemnizar a los afectados, si el tribunal entiende que existen pruebas suficientes para acreditar que hubo un fraude. El juez de la Audiencia Nacional que instruyó esta causa, José Luis Calama, concluyó que Arbistar “vendió humo” a los inversores y ocasionó un perjuicio de 92 millones de euros. Por su parte, la Fiscalía elevó el daño hasta los 1.902 millones de euros, según su escrito de acusación. Esta cantidad, que fluctúa de acuerdo al valor de la moneda virtual, se calculó en relación a los 29.928,65 bitcoins intervenidos por la Policía y teniendo en cuenta que el valor en ese momento era de 63.400,10 euros. En cambio, otras acusaciones particulares (en total hay 12) estiman el daño en más de 3.500 millones de euros, como ha estimado Aránguez Abogados.
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