Los bufetes abren la puerta a las inversiones de capital: ¿Se acabó el club privado de abogados?
Ecija y Auren son los primeros en dar paso al ‘private equity’ en España; los capitales acceden a la sociatura, pero sin poder de decisión
Las cúpulas de poder en los bufetes se han caracterizado por ser un club privado de abogados, donde las decisiones estratégicas y los beneficios se reparten entre los socios. Sin embargo, varios bufetes han abierto la puerta a un cambio de estructura. La sociatura ya no parece un entorno elitista. Ahora, los perfiles más poderosos de la firma están haciendo hueco a socios capitalistas en los sillones directivos. Su objetivo: inyectar dinero y abrir la mira a nuevos mercados, para hacer más caja y multiplicar su crecimiento en los próximos años.
Ahora bien, ¿permitirán los abogados que estos nuevos socios tomen decisiones estratégicas? No, para los despachos es algo innegociable. “Es un punto fundamental en nuestro acuerdo”, afirma a este medio Hugo Écija, presidente y fundador de Ecija, la primera firma en España en acoger el private equity, con la entrada de fondos de capital riesgo de Alia Capital Partners. “Seguimos siendo una firma independiente, con un equipo directivo y socios que lideran la firma sin interferencias externas”, subraya
Con este movimiento, Ecija pretende alcanzar los 150 millones de euros de facturación en 2028 (actualmente están en los 100 millones). El plan es utilizar los fondos para “atraer a los mejores profesionales, ampliando nuestro equipo con socios estratégicos, abrir oficinas en el ecosistema iberoamericano y evaluar posibles adquisiciones de firmas medianas”, señala Hugo Écija. Además, van a invertir en tecnología, un sector que ha crecido exponencialmente con la llegada de la inteligencia artificial. Todo ello sin alterar su modelo de negocio. “La entrada de Alia no cambia quiénes somos, sino que nos da más herramientas para llegar más lejos, manteniendo nuestra independencia, identidad y liderazgo”, subraya Écija.
Un caso aún más reciente es Auren que, la semana pasada, anunció la inyección de capital de parte del fondo holandés Waterland Private Equity. “Los socios profesionales de Auren seguirán liderando la firma de manera independiente”, afirma Mario Alonso, presidente del despacho. La meta es romper la barrera de los 200 millones de euros (actualmente facturan 96) y duplicar su plantilla en los próximos tres años, con una fuerte apuesta por la tecnología. La firma tiene varios proyectos sobre la mesa, entre ellos, “una plataforma para gestión del conocimiento o un portal del cliente para el análisis de datos estructurados y no estructurados”, cuenta su presidente.
¿Tendencia imparable?
Estas inyecciones de capital en las firmas legales ya eran frecuentes en el extranjero. Por ejemplo, en Reino Unido “Lawfront adquirió capital por el fondo Blixt Group, lo que le permitió aumentar sus ingresos anuales hasta más de 45 millones de euros”, expone Rafael Mery socio de Mirada360 y director de la consultora en Latinoamérica. Al otro lado del Atlántico, en EE UU, se encuentran casos como el de la inversión de New Mountain Capital en Grant Thornton o la inyección de Hellman & Friedman y Valeas en Baker Tiller.
En España, hasta el momento, solo dos despachos se han lanzado a este tipo de operaciones. ¿Se convertirá en tendencia? Hay distintas opiniones. Miguel Ángel Pérez de la Manga, socio de la consultora legal black.swan, considera que estas operaciones seguirán siendo residuales. “La mayor parte de los despachos no necesitan ese capital; puede ocurrir en estructuras más grandes, pero son casos muy concretos”, opina.
Para Rafael Mery, el capital privado será una tendencia más frecuente. “Si uno observa lo que está pasando en Reino Unido, donde la entrada de fondos de private equity a despachos de abogados se ha intensificado en el último tiempo, es probable que esto también se vea en España”, valora. “Serán parte del futuro de la industria legal y exigirá que los despachos adopten una dinámica y una mentalidad diferentes a la exhibida hasta ahora”, vaticina.
La razón, apunta Mery, es que los despachos pueden alcanzar márgenes de beneficio del 30%, una cifra “muy atractiva y superior a la que alcanzan muchas empresas de otras industrias donde ingresan estos fondos”. Además, añade, los despachos de abogados tienen algo que seduce a los inversores. “Se mueven bien en los buenos y malos períodos económicos, y eso da a los inversionistas la confianza de que el dinero seguirá entrando, incluso en tiempos de incertidumbre económica”.
Posibles riesgos
Las operaciones de este calado pueden provocar conflictos de interés entre los socios abogados y los capitalistas. En ocasiones, estos choques se producen por las diferentes expectativas y prioridades que se tienen en ambos frentes. Por ejemplo, Miguel Ángel Pérez de la Manga señala que puede haber roces “porque el socio abogado no busca rentabilidad a corto plazo; necesita que esa rentabilidad se sostenga en el tiempo”, al contrario que los socios capitalistas, “que pueden tener intereses más a corto plazo”, explica.
Otro posible punto de conflicto es la cultura de los despachos. Tradicionalmente, los beneficios generados se reparten entre los socios. Por ello, “si un fondo de private equity pretende llevarse parte de esos beneficios, significará menos ingresos para los socios, lo que podría dificultar la atracción y retención del mejor talento”, advierte Mery. El analista, señala que, además, los fondos de capital privado “buscan control o, al menos, tener voz y voto en las decisiones clave al entrar en la propiedad”, un punto en el que puede haber fricciones, ya que “muchos socios pueden no estar dispuestos a ceder el control directivo del despacho a un fondo sin experiencia en el negocio legal”, asegura.
Caso Arriaga, ¿una financiación fallida?
La inyección de fondos puede ser una espada de doble filo. Es el caso de Arriaga que, después de adquirir capital del fondo británico Pemberton en 2018, ha tenido que solicitar el concurso voluntario para intentar salir a flote. “Es un ejemplo de fracaso”, afirma Rafael Mery, socio de Mirada360 y director en Latinoamérica. El despacho recibió fondos para financiar las demandas de sus clientes, a quienes les cobraba “una comisión entre el 10% y el 15%”, cuenta Mery. Según el analista, no es un caso similar al de Ecija o Auren, ya que Pemberton no ingresó a la propiedad de Arriaga. “Solo aportó capital, lo que era un riesgo muy alto”, asevera. El préstamo del fondo fue de 45 millones de euros. Pero el despacho, que llegó a contar con la imagen publicitaria de Iker Casillas, no fue capaz de sacar partido a esa inyección económica. “Varios intentos de reestructuración y negociación después, hoy el fondo inglés quiere su dinero de vuelta”, concluye el analista.