La complejidad regulatoria no frena las inversiones extranjeras en renovables
Los expertos avisan de la necesidad de una normativa estable
El 30 de junio de 2023 es la fecha límite para que España presente la actualización de su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC). La mayoría de las medidas de la estrategia de energía y clima hasta 2030 están orientadas a la defensa de los consumidores y a garantizar el suministro energético. Sin embargo, los expertos lamentan que no se esté poniendo también el foco en buscar modos de fomentar la inversión privada en proyectos del sector de manera alineada con los ambiciosos objetivos de generación de energía a partir de tecnologías renovables fijados por el PNIEC.
El sector energético en España ha sido durante el segundo semestre de 2022, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el segundo que más inversión extranjera ha atraído. En particular, en cuanto a energías renovables España ofrece, según destacan Ignacio Paz y José Ramón Mourenza, socio y of counsel de Energía de Herbert Smith Freehills, muy buenas condiciones naturales para desarrollar proyectos de energía provenientes del sol y del viento, tecnologías que, de acuerdo a la planificación energética hasta 2030, serán las que más crezcan en los próximos años, así como un mercado de PPAs (contratos de compraventa de energía a largo plazo) más maduro y consolidado que en otros países.
Por otro lado, este contexto favorable, afirma Antonio Bañón, director de derecho público de Squire Patton Boggs, se ha visto truncado de alguna manera por el conflicto entre Rusia y Ucrania, la subida de precios de la energía y la compleja regulación que se ha venido aprobando en búsqueda de medidas para proteger al consumidor y garantizar el consumo energético. “España cuenta, ya de origen, con un marco regulatorio complejo por las particularidades del sector en nuestro país y las medidas que se han venido aprobando no facilitan una mayor comprensión del sector”, apunta.
Riesgos legales
Algo en lo que coincide María Pilar García Guijarro, socia directora en España de Watson Farley & Williams, que señala el significativo impacto de suspensión del régimen de liberalización de inversiones exteriores como consecuencia de la crisis del Covid-19 en este tipo de operaciones. La modificación normativa realizada en 2020 obliga a someter a autorización previa del Gobierno aquellas inversiones extranjeras directas que afecten al orden público, a la seguridad o a la salud pública. “La definición de los sectores sujetos a este control previo es amplia y deja margen a posibles interpretaciones, por lo que por prudencia se somete a esta condición suspensiva el cierre de algunas operaciones que no lo requieren, provocando que los tiempos se ralenticen como consecuencia de ese proceso de autorización”, explica.
En este sentido, Marta Vizcaíno, of counsel de Corporate y M&A de DLA Piper, califica de “sangría normativa” lo que está sucediendo en el sector de las renovables en España en los últimos años y critica que “no ayuda a tener la estabilidad que reclama la inversión extranjera”. “A ningún inversor (y menos si es extranjero) le gusta que le cambien las reglas del juego a mitad de partido y aunque en España hemos aprendido la lección después del fiasco de las primas sobre las renovables, a veces, se peca de desmemoria”, subraya.
Otra de las cuestiones que inquieta a los inversores extranjeros en renovables son, tal y como asegura Vizcaíno, los requisitos, entre los que destaca el medioambiental, regulados en el Real Decreto-ley 23/2020, cuyo incumplimiento implica la caducidad de los permisos de acceso y conexión y puede implicar la ejecución de las garantías prestadas.
En cualquier caso, indica Javier Hermosilla, counsel de Clifford Chance, los riesgos legales dependerán principalmente del grado de desarrollo del proyecto. “A menor desarrollo mayor riesgo y viceversa, siendo la saturación de la red y la dificultad de obtener permisos de acceso y conexión el principal cuello de botella del desarrollo de los proyectos”, explica.
Estos riesgos legales, concluye García Guijarro, “se mitigan con un buen asesoramiento que identifique claramente y hasta el último detalle el alcance del riesgo y su impacto en el modelo de negocio del cliente”.
Principales tendencias de inversión
Solar fotovoltaica. “Se estima que el 60% de la nueva capacidad renovable a nivel global durante 2021-2026 será solar fotovoltaica. Desde un punto de vista legal, las autorizaciones ambientales para desarrollar plantas solares fotovoltaicas presentan menos problemas que los parques eólicos”, valora Javier Hermosilla, counsel de Clifford Chance.
Eólica. “Junto con la fotovoltaica son tecnologías cuyo conocimiento está ya maduro tanto en los aspectos regulatorios como de desarrollo tecnológico y plantean quizás mayor certeza de inversión”, aprecia Antonio Bañón, director de derecho público de Squire Patton Boggs.
Hidrógeno verde. El incremento del precio del gas natural está despertando el interés por el hidrógeno verde.
Eólica marina. Cada vez hay más interés en los proyectos de energía eólica marina. Sin embargo, señalan Ignacio Paz y José Ramón Mourenza, socio y of counsel de Energía de Herbert Smith Freehills, “en España hasta ahora no ha tenido apenas desarrollo por las características de la plataforma continental, aunque sí ha servido para abrir muchas posibilidades en cuanto a la eólica flotante, aún pendiente de desarrollo normativo”.