La extraordinaria litigiosidad, una patología crónica del sistema de justicia español
Presentado el Informe 2021 del Observatorio de la actividad de la justicia
El lunes 13 de diciembre se presentó en un evento virtual el Informe 2021 del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer. Para aportar el análisis cualitativo de los datos y propuestas de mejora del sistema judicial español, desde 2020 forman parte del Observatorio el abogado y economista del Banco de España Juan Mora-Sanguinetti, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme y la directora de Innovación y Contenidos de Wolters Kluwer Legal & Regulatory España, Cristina Retana Gil. Ellos fueron los protagonistas del evento, moderado por Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer España.
Cifras
Con la ayuda de la herramienta de análisis jurisprudencial Jurimetría, Cristina Retana analizó la estadística judicial del año 2020 obteniendo con ello los diez indicadores típicos de este informe que reflejan la evolución de la actividad de los tribunales año a año. Retana constató el fuerte impacto que la pandemia tuvo en el año 2020, especialmente en la reducción de número de asuntos debido a la suspensión de los plazos procesales durante el periodo del estado de alarma y confinamiento. En cuanto a la tasa de resolución ha habido una reducción si se compara con 2019. La tasa de congestión también es un valor que ha empeorado –se sitúa en el 1,83–. También ha habido una reducción del número de sentencias dictadas. En cambio, se puede observar un incremento del 11% en el total de casos pendientes. En cuanto a tasa de congestión, la jurisdicción civil está más o menos en la media, con un 1,8. La jurisdicción penal está en menos del 1,3. Y, en cambio, la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción social son las que tienen mayores cifras. Están en el 2,07 y 2,13 respectivamente. “Está muy relacionado con el estado de alarma y sus consecuencias”, subrayó Retana Gil.
Otro de los indicadores que destacó fue la tasa de pendencia que refleja un volumen superior de asuntos pendientes. En 2019 hablamos de 223.000 asuntos pendientes frente a 321.000 que había en 2020. Este incremento se generaliza a todas las jurisdicciones. También hizo mención al número de sentencias dictadas por juez o magistrado, en 2020 una media de 240, mientras que en 2019 había una media superior: 294. “Lo que sí que es importante es destacar a la jurisdicción social, ya que está en 300 sentencias por juez o magistrado, un 25% por encima de la media. Si comparamos con la jurisdicción penal es prácticamente el doble”, indicó Cristina Retana.
Economía y Justicia
El economista Juan Mora-Sanguinetti expuso en su intervención una relación entre la pandemia y su impacto económico en la justicia. Cuando una economía entra en recesión aumenta la litigación y, como consecuencia de ello, aumenta la congestión en la Justicia. El funcionamiento de la Justicia tiene un gran impacto en la eficiencia económica. Y en el sentido inverso también sucede. Se trata de “una pescadilla que se muerde la cola”, subrayó el también abogado. “Un sistema con congestión judicial es un sistema con menor seguridad jurídica. Las empresas invierten menos, con las consecuencias que tienen esto para el desarrollo. Decisiones tan básicas como que un estudiante se mueva a una ciudad para estudiar. Esas decisiones se ven afectadas por un sistema judicial congestionado. Afecta a las oportunidades. La justicia afecta a la economía”, afirmó Mora-Sanguinetti.
En su intervención, propuso una serie de medidas para mejorar la situación como aumentar la digitalización de la Justicia. También planteó la derivación de casos hacia los ADR, los mecanismos alternativos de resolución de controversias y la mediación. También potenciar la estadística judicial, aprovechando que España “tiene de base una estadística judicial fantástica”.
Extraordinaria litigiosidad
Finalizó la jornada Miguel Pasqual del Riquelme que afirmó que respira más tranquilo que en los días posteriores al Estado de Alarma. Los vaticinios sobre cómo iba a impactar la pandemia en la Justicia no eran precisamente optimistas pero los pronósticos del Ministerio de Justicia fallaron. “La duda que tenemos es si el Tsunami no estará aún formándose en alta mar” y pueda impactar cuando las medidas de contención desaparezcan”. Más allá de esta coyuntura y de este respiro, no podemos perder de vista algo más estructural a largo plazo”, sostuvo el Magistrado. Se trata de lo que, a su juicio, es una patología crónica que sufre el sistema de justicia español: la extraordinaria litigiosidad. “Mientras no solventemos ese problema, más allá de coyunturas pandémicas, no vamos a tener claro la sostenibilidad del sistema de justicia”.
Entre las propuestas que citó para la mejora del sistema judicial español están la revisión radical del modelo de despliegue en el territorio; la reforma del diseño de la estructura de la organización y funcionamiento internos de los tribunales españoles; la reforma de las leyes procesales para dar una mayor agilidad y dar respuesta a nuevas formas de litigiosidad; la revisión del modelo institucional y cultural de resolución de conflictos; y finalmente, una revolución tecnológica de la administración de justicia. Asimismo, Pasqual del Riquelme se refirió a tres iniciativas interesantes en marcha de cuyo éxito cree, depende la sostenibilidad del sistema de justicia. La primera, el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del servicio público de Justicia. El segundo es el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia procesal. Y junto a ellos, la “polémica” pero, a su juicio, necesaria: la del requisito de procedibilidad. Consistente en haber intentado una de las modalidades adecuadas de solución de controversias previas a la vía judicial. Mediación o conciliación, entre otras.
Puedes descargarte el Informe 2021 de la Actividad de la Justicia elaborados por el Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer en este enlace.