Sagardoy: “¿Por qué un abogado tiene que trabajar 13 horas diarias? Es un abuso”
Expertos analizaron el impacto de la normativa sobre la relación laboral especial de los abogados Existe un importante vacío de cumplimiento en los despachos pequeños y medianos
Hace algo más de diez años entró en vigor el Real Decreto 1331/2006 por el que se regula la relación de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos. Esta norma cubrió la necesidad de dotar de un marco jurídico a aquellos letrados que no eran ni trabajadores por cuenta propia ni trabajadores por cuenta ajena con una relación laboral tradicional con los despachos para los que trabajaban.
Con motivo de este aniversario, y aprovechando que también se cumplen diez años de la publicación del primer Anuario de Práctica Laboral para abogados editado por Wolters Kluwer, se celebró una mesa redonda en la que participó el consejo de dirección de dicha publicación. Moderada por Salvador Rey, coordinador del Anuario y bajo el título “Diez años de la relación laboral de los abogados: balance y perspectivas”, se hizo un análisis del contexto en el que surgió, de las consecuencias que supuso y de las mejoras que necesita. Esta mesa contó los expertos abogados de Derecho Laboral Luis Enrique de la Villa, Juan Antonio Sagardoy, Federico Durán e Ignacio García-Perrote.
Todos coincidieron en que el mayor problema de la normativa ha sido la ausencia de aplicación en los pequeños y medianos despachos, incluso en algunos de mayor tamaño. Para Durán, el decreto “ha normalizado la situación en los grandes despachos pero en los demás no se aplica”. Comparte su opinión de la Villa, que valora la incidencia social del decreto como “pequeña”. Sagardoy destaca la falta de cumplimiento de las obligaciones, mientras que García-Perrote pone en relieve lo positivo, ya que “los grandes despachos han podido conservar su filosofía y su forma de trabajar gracias a la aplicación del decreto”.
Un camino lleno de problemas
Para Luis Enrique de la Villa, socio en Roca Junyent, “la aportación legislativa fue positiva en aquel momento problemático”. Sin embargo, cuando hizo balance de la aplicación durante estos años, fue más crítico, sobre todo en lo que concierne al derecho aplicable. Remitir a los convenios colectivos y después a la autonomía de la voluntad como derecho supletorio para la regulación de la relación especial de los abogados es para de la Villa un problema, ya que “no existe ningún convenio colectivo aplicable a los abogados” por lo que “se deja todo a la autonomía de la voluntad que, o juega o no juega”. Es por ello que abogó por “la admisión del desistimiento unilateral de la relación laboral por pérdida de confianza, sin obligación de causa aunque con la indemnización del despido objetivo”.
Más crítico en su análisis fue Juan Antonio Sagardoy, de Sagardoy Abogados, para el que el real decreto “dio seguridad jurídica en una situación caótica para miles de personas” pero tiene muchas cuestiones que mejorar. Puso especial interés en los incumplimientos de los despachos a la hora de cumplir las obligaciones: “¿Por qué un abogado tiene que trabajar 13 horas al día? Es un abuso absoluto.”. La solución pasa por “quitar la referencia al tiempo de trabajo del decreto y que sea libre”, ya que nadie lo respeta. Sagardoy entiende que la norma “dice cosas muy bonitas pero en la práctica no funciona”.
Federico Durán, de Garrigues, habló en primera persona de todo el proceso legislativo, en el que estuvo muy involucrado. “Se trató de una medida que vino a hacer frente a una situación de incertidumbre, que dio seguridad jurídica e instauró condiciones de igualdad”, dijo, aunque reconoció que “hubo una reacción de pánico” por el coste que podía suponer. Para Durán, sin embargo, “la respuesta fue equivocada, no hay que laboralizarlo todo”. Remarcó la necesidad de crear “una norma que regule la realidad actual, que no responda a regímenes laborales tan estrictos”.
Por último, intervino Ignacio García-Perrote, socio de Uría Menéndez, que destacó la “reticencia a la laboralización” que existía en Europa y que España desoyó. Sin embargo, consideró que la situación se va a mantener aunque prefiere que se dé un cambio en el que “sería preferible no introducir una normativa rígida, sino dejar a la negociación colectiva o al despacho que establezca un código de conducta”.
La presentación de los Anuarios
Además del Anuario de Laboral, que cumplía diez años, los otros tres correspondientes a la Práctica Fiscal, Mercantil y Contenciosa, también tuvieron su momento de protagonismo en una ceremonia celebrada en el Auditorio Rafael del Pino. Presentada por Rosalina Díaz, presidenta de Wolters Kluwer, que agradeció la colaboración de 40 despachos de abogados, contó con la presencia de los coordinadores de cada uno de los Anuarios.
Salvador Rey, del Anuario Laboral, destacó que “los anuarios tienen memoria histórica” donde es “interesante ver la evolución de la doctrina del Tribunal Supremos”. Cree que nos dirigimos hacia una etapa más estable, “después de muchos años de incertidumbre”.
El coordinador del Anuario de Fiscal, Ricardo Gómez, destacó la “creciente litigiosidad, que se explica por los problemas económicos que se han vivido estos últimos años”. Reconoce que hay una creciente “preocupación por la permeabilidad del ‘softlaw’ en el ámbito fiscal.
Rafael Sebastián, coordinador del Anuario de Mercantil, fue mucho más optimista: “estamos volviendo a los tipos de operaciones anteriores a la crisis”, destacando una subida del número de operaciones que, además, son de compra de empresa. Aventuró que “vienejn operaciones de mayor tamaño”, reflejo de la mejora económica.
Por último, intervino Antonio Pipó, coordinador del Anuario de Contencioso, que extrajo algunas ideas de su colaboración. Para él, lo más importante es que “el arbitraje se está consolidando como forma de resolución de controversias”.
