La zona euro está condenada a crecer sólo un 1% anual si no acelera las reformas económicas necesarias, según advierte la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El saneamiento de las finanzas públicas es la tarea más acuciante del área, junto a la flexibilización del mercado de trabajo.
Guerra a la piratería
El Banco de España ha decidido finalmente aplicar las nuevas normas de contabilidad con los criterios más estrictos, ya que salvo el Pastor, ninguna entidad ha consolidado sus participaciones empresariales inferiores al 20%. Bancos y cajas han mantenido negociaciones con el supervisor hasta finales de junio para que suavizase sus exigencias, pero han sido infructuosas, explican.
La Comisión Europea presentó ayer medidas para endurecer la lucha contra el fraude por falsificación de la propiedad intelectual con multas de hasta 300.000 euros y un mínimo de cuatro años de cárcel.
Las cajas contraatacan. Juan Ramón Quintás, presidente de la CECA, contestó ayer con virulencia a las críticas vertidas contra las cajas en un informe de la patronal europea de la banca. La prueba de que las cajas de ahorros son 'los mejores agentes del sistema', dijo, es que 'compran los despojos de los bancos quebrados'.
Lukoil ha recuperado su marca comercial en la Unión Europea, tras una sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante. La primera petrolera rusa ha ganado un litigio a la compañía española Sarmet, que registró la enseña Lukoil Oil Company. Se trata de la mayor batalla de marcas registrada en España.
Corriente española para el suburbano de Nueva Delhi
La UE expedienta a Italia por su déficit y le da dos años para corregirlo
Unos que vienen y otros que se van
El buen momento tanto de la Bolsa como de la deuda a largo plazo deparó un buen primer semestre para los planes de pensiones. La rentabilidad de los planes ascendió hasta el 5,99%.
Argal inaugura una nueva planta de loncheados en su factoría de Lleida
La privatización de Red Eléctrica de España fue gestionada en 1999 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entonces presidida por Pedro Ferreras, 'con falta de claridad y transparencia', en 'beneficio exclusivo' de las compañías del sector y de espaldas al 'interés general'. Esta es la principal denuncia del Tribunal de Cuentas en la fiscalización que acaba de concluir sobre la SEPI en el periodo comprendido entre 1996 y 2002.