28 de septiembre de 2003

El nuevo ministro de Ciencia y Tecnología tiene poco tiempo, pero ya da pruebas de querer aprovecharlo. Una de las prioridades que se ha marcado es reactivar las iniciativas políticas para el impulso de la televisión digital terrestre (TDT) que su antecesor, Josep Piqué, estuvo a punto de concretar en junio, pero que quedaron frustradas por su cese. Juan Costa quiere forzar antes de fin de año la firma de un pacto entre todos los protagonistas de la TDT y la reasignación de frecuencias a las televisiones de ámbito estatal y local.

Valencia elabora un plan para sacar empresas del cómputo de la deuda

Fidelity entra en el capital de Jazztel con la compra de un 3,4%

Jugando a echar la culpa en el 'caso Eurostat'

Trabajar más, tener más hijos

El presidente de Sos Cuétara, Jesús Salazar, ha aumentado su participación en la compañía hasta el 11,87%, lo que supone casi un 1,5% más de lo que tenía tras la fusión con Koipe hace 11 meses. Salazar ha ido comprando acciones en el mercado con la idea de acercarse al porcentaje que poseía antes de esta operación, es decir, situarse en torno al 13%. Desde entonces, la compañía se ha revalorizado un 28,57%.

Alemania, el país de la cerveza, cede el control de sus productoras. La belga Interbrew se ha puesto a la cabeza del sector

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha agotado en sólo siete meses su línea de financiación de pymes para todo el año. Se han repartido 3.000 millones de euros, sobre todo entre microempresas, que han acudido para beneficiarse de préstamos a bajos tipos de interés.

Soluziona se alía con una empresa tailandesa para el negocio de servicios

El calzado en la economía global

España es uno de los países que lastra el cumplimiento del Protocolo de Kioto por parte de la UE. Frente a un aumento de emisiones permitido del 15% en 2008-2012 con respecto a datos de 1990, en 2001 se situaban un 32% por encima. Además de las inversiones en nuevas tecnologías no contaminantes, que se estiman en unos 6.000 millones de euros, se estudia la compra de derechos de emisión. Con los datos actuales España pagaría por excederse 48 millones de toneladas de CO2.