El lobby quiere mejorar su imagen (con ayuda de la RAE)
El ‘Diccionario de la lengua española’ añade una acepción al término y da entrada a la palabra lobista
Entre las palabras y acepciones que entraron este martes en el Diccionario de la lengua española hay dos que pretenden con ello ayudar a mejorar la imagen que se tiene de las mismas. Son lobby y lobista. A la primera, que se definía como grupo de presión, se le ha añadido “actividad cuyo objetivo es influir en la toma de decisiones en el ámbito público o privado en favor de intereses determinados”. La segunda hace su debut en el diccionario y se define como “perteneciente o relativo a lobby”, que “forma parte” de uno o que “se dedica a hacer lobby”.
Jorge Fernández-Rúa, socio-director de Cariotipo, asegura que lleva “tres años de trabajo constante con la RAE” hasta ver los cambios en el diccionario, de los que tenía constancia antes de hacerse públicos. Todo comenzó mientras estudiaba un máster en Asuntos públicos por el Institute d’Etudes Politiques de Paris. Para uno de sus trabajos comparó cuál era la definición de lobby en España y en otros países. La idea acabó apartada unos años hasta que decidió dedicar su esfuerzo a ampliar la que recogía el Diccionario de la lengua española. “La definición es muy importante, porque toda regulación sobre este tema lo primero que va a mirar es cómo aparece en el diccionario. El primer paso es enfocarlo. Es una actividad que lo que trata es de influir en la toma de decisiones. ¿Es bueno o es malo? No tiene por qué ser malo, siempre que se haga con transparencia y con información, que es la principal materia prima del lobista. Sin información no convenzo a nadie”, sostiene Fernández-Rúa.
Fuentes de la RAE comentan que este tipo de procedimientos de recibir peticiones de los usuarios es algo normal y llegan decenas al año. De hecho, cuenta con un servicio específico a través del que también se reciben estas propuestas y sugerencias: la Unidad Interactiva del Diccionario, que se creó en 2011. “Eso es lo que ha ocurrido en este caso, ya que se han recibido peticiones de modificación de la palabra lobby. No obstante, las peticiones se anonimizan para respetar la legislación de protección de datos. Es, por tanto, normal que las palabras se debatan a partir de peticiones que llegan de particulares, pero no se trabaja con ellos, sino que es un trabajo académico. El proceso de inclusión o modificación de palabras en el diccionario es un trabajo de la RAE”.
Por su parte, la asociación de profesionales de las relaciones institucionales (APRI), que representa al sector y tiene unos 300 socios, solicitó en septiembre de 2021 a la RAE y Fundeu un cambio en la primera acepción de la palabra lobby, y que apareciera como “grupo de interés que busca influir en los procesos de elaboración de políticas”. Del mismo modo, se solicitaba que, en lugar del anglicismo, “se sugiera a los hablantes la locución grupo de interés”, y que se incorporara al diccionario el término lobistas como “profesional del lobby” o “persona que forma parte de un grupo de interés”.
Estas incorporaciones, de las que en APRI se enteraron el martes, son “la forma de dar más luz y transparencia” a una actividad “que no se hace en un cuarto oscuro”, afirma Carlos Parry, presidente de la asociación. “Es un reconocimiento para la profesión, que ayuda a entender más qué es lo que hacemos, a la par que aporta claridad y certidumbre a nuestro trabajo, a falta de una regulación en España, como la hay, por ejemplo, en Bruselas o en Estados Unidos, que aporte más transparencia y unas reglas éticas que sean buenas para todos”.
Sostiene Parry que hoy en día las grandes empresas de los sectores más regulados ejercen tienen equipos propios de asuntos públicos, porque es “necesario” que profesionales que “entienden muy bien cómo funciona el sistema legislativo” en España sean capaces de ayudar a esas compañías a que adapten sus planes estratégicos al entorno legislativo en el que van a operar. “El lobista tiene dos funciones básicamente. Una, hacer entender a las empresas en qué marco operan. Y dos, intentar influir para eliminar barreras que puedan poner en peligro inversiones, puestos de trabajo o que supongan una crisis económica o social para el país. Lo que pasa es que creo que no lo explicamos suficiente”, asegura, antes de reconocer que la decisión de la RAE ayudará al “trabajo de pedagogía” que hacen desde APRI. “Un lobista no es un comisionista ni tiene nada que ver con un intermediario o con otra cosa, que eso está muy tipificado en el código penal. Pero muchas veces se sigue confundiendo una cosa con otra”, añade.
Una diferenciación entre el trabajo del lobista, “y otros asuntos que no son legales”, que también realiza Fernández-Rúa, autor del libro Manual del buen lobista (Arandazi), con el que quiere poner en valor una profesión que en los últimos años está experimentando un gran desarrollo en España. Un crecimiento que despierta ciertas dudas en el socio de Cariotipo, quien se muestra escéptico sobre la labor que llevan a cabo algunas consultoras. Aunque ni Fernández-Rúa ni Parry dan nombres, una de las consultoras que más ha crecido en los últimos años, y que más titulares ha ocupado, es Acento. Fundada por el exministro socialista José Blanco y presidida por el exministro del PP Alfonso Alonso, se vio en el centro de la polémica con el frustrado fichaje de otro antiguo miembro del Gobierno, el excoordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
Defiende Fernández-Rúa que “las sociedades tienen que enriquecerse de la experiencia de los políticos, pero cumpliendo con la ley de incompatibilidades. Las puertas giratorias están bien si se hacen con orden. Lo que sucede es que la oficina de conflicto de intereses no funciona”. Como afirmaba Parry, España sigue sin una regulación del lobby, a pesar de que durante los últimos años el Gobierno ha hecho diferentes anuncios al respecto. No hay, por ahora, ni un registro de los lobistas que se reúnen con los diputados o senadores, como sí ocurre en el Parlamento Europeo.
“En mi generación, el lobby venía de hacerse en círculos muy pequeños y a título amistoso. Pasar de esto a una profesión abierta y hacerla con transparencia no es un proceso nada fácil”, explica Carmen Mateo, presidenta de Cariotipo, que desde hace unos años trabaja para alejar del sector esa sombra de recelo y oscuridad que parece acompañarle en España. Para ello asegura que la trasparencia, la información y la formación son básicas. Por ello en 2006 fundó un centro de estudios de políticas públicas en la Universidad de Alcalá, donde recientemente se ha lanzado la Microcredencial Universitaria de Estrategias de Lobby y Participación en Democracia. “En el lobby hay una metodología y unos objetivos éticos. Tienes que buscar el interés de tu cliente y el bien común. Además, no se debe esconder nada, llevar un orden del día y una agenda pública”, asegura.
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