Lobby: la actividad de influir en los que toman las decisiones

En el mundo hispano el lobby se encuentra pobremente regulado El propio sector está a favor de una regulación de mayor nivel

Las leyes que rigen la sociedad son la punta del iceberg. Debajo, todo un proceso de decisiones que los legisladores de cada país u organización supranacional van adoptando. La regulación resultante acaba siendo conocida por la ciudadanía, pero por el momento, no trasciende tan a menudo ni tan fácilmente el proceso de elaboración de esa regulación que puede influir en sus vidas. Alrededor del flujo de decisiones que van adoptando los políticos, se ha creado toda una industria que busca participar del proceso. La industria del lobby. Paradójicamente, esta actividad que ha jugado un papel en la gestación de múltiples regulaciones y leyes a lo largo de todo el mundo, en muchos sitios no cuenta con una ley que sirva para regularla a ella misma. El propio sector del lobby la reclama.

Pero, ¿qué es un lobby? Una definición neutra sería la de un grupo de personas que en nombre de una serie de intereses, interactúan con el poder para dar su punto de vista a los legisladores. En un artículo de este mismo periódico firmado por Ana Nieto, la autora cuenta cuál fue la cuna de esta actividad. “El hotel Willard de Washington, situado en la Avenida Pensilvania, queda a poca distancia de la Casa Blanca y del Capitolio, una situación privilegiada que hacía que su lobby fuese un lugar de encuentro común entre legisladores, miembros del Ejecutivo y la burguesía.Eran tantos los intereses que se tejían en esta área y tanto llegó a asentarse la actividad que en el siglo XIX este acto de cabildeo se empezó a conocer como hacer lobby. Y nacieron los lobbistas”.

En Estados Unidos, país con una amplia tradición en este campo, sí está regulado desde 1946. En el mundo hispano, tras años de espera, ahora, algo parece estar cambiando. En los últimos tiempos, la tendencia al respecto ha sido la de impulsar registros de grupos de interés. Consisten en que para poder solicitar reuniones con los tomadores de decisiones de un organismo público, como mínimo se haga necesario estar registrado en una base de datos de acceso público en los que se recoge la organización que quiere relacionarse con el poder. No siempre son obligatorios y cada uno tiene sus propias características.

Este sistema ya está activo por ejemplo en México, dentro de España, en Madrid, Cataluña y Castilla la Mancha y a nivel Europeo, se aprobó uno común entre Comisión, Parlamento y Consejo. A finales de mayo, el Congreso español aprobó una toma de consideración de la modificación del reglamento de la cámara con el fin de establecer un registro del lobby y un régimen sancionador para los diputados o grupos que incumplan el código de conducta.

“A nivel nacional se han producido numerosos intentos de regulación desde hace 10 años pero ninguno ha salido adelante”, explica Irene Matías, directora general de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). “La diferencia respecto a otras legislaturas es que ahora hay una iniciativa a nivel de la administración general del Estado. El ministerio de política territorial y función pública ha anunciado un anteproyecto de ley que sacó a consulta pública a finales de mayo”.

Todavía no se conoce el contenido de este anteproyecto de Ley, pero APRI sugiere una serie de propuestas sobre qué debería incluir una regulación eficaz de los grupos de interés. De un lado, una correcta definición de que es un lobby exactamente, por otro, la creación de registros de grupos de presión en cada institución y la obligatoriedad de inscribirse en ellos de cara a poder reunirse ante cualquier administración pública. Debido a la separación de poderes, mencionan la creación de registros separados, pero eso no evita que llegado el momento, se pongan en común tal y como se acordó en el caso europeo. También, invitan a hacer obligatoria la adhesión a un código de conducta que fuerce a actuar de forma honesta y la creación de lo que denominan “registro de huella pública”. Esto es, que en el caso de que una norma se modifique fruto de la intervención de un lobby, este hecho quede reflejado y accesible al público.

“Nosotros entendemos que sí debería de haber una regulación, porque al final permite establecer una relación de transparencia entre los grupos de interés y las decisiones que toman los políticos y a la vez permite que haya igualdad de condiciones y de acceso, porque a mayor transparencia, mayor accesibilidad para todos los agentes”, afirma Matías.

Bruselas, ciudad lobby

“La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no podemos vivir para siempre en la cuna”. Eso opinaba el físico ruso Konstantín Tsiolkovski. Si Washington fue la cuna del lobby, Bruselas en la actualidad es un ecosistema idóneo. En Europa, según el testimonio de la organización sin ánimo de lucro Corporate Europe Observatory (CEO), el corazón de la Unión es todo un hervidero de esta actividad. “Se estima que hay más de 25.000 lobistas trabajando en el barrio europeo, la mayoría de ellos trabajan para empresas y sus grupos de presión. Sus servicios para influir en las regulaciones y leyes de una Unión de 510 millones de personas no son baratos. Una aproximación conservadora sugiere que cada año se gastan 1.500 millones de euros en esta activida”, apuntan desde CEO.

Irene Matías recuerda que la actividad de lobby es ejercida por cualquier persona que de manera directa o indirecta trate de influir sobre una política pública. “Cualquier persona, sea una persona física, sin importar la naturaleza jurídica, ya sean empresas o ONGs por ejemplo, cualquiera que intente influir en ese proceso de decisión pública, es lobby”.

En cambio , desde CEO enumeran que si bien cualquiera puede ser lobby, en el caso de las instituciones europeas, los principales son el del sector financiero, el agroquímico, el del tabaco, el relacionado con fuentes de energía fósil y el farmacéutico. “Hay una diferencia vital entre el lobbying ejercido por profesionales a sueldo y el activismo político de ciudadanos comprometidos. Simplemente, el dinero cuenta. Permite influir poco a poco de forma sostenida en el tiempo, en todas las etapas del proceso de decisión. Emplear a lobistas capaces de seguir un dossier a lo largo de todo el sistema legislativo, un hecho que puede llevar hasta cinco o incluso 10 años, es caro”.

División de opiniones

Entre los diferentes testimonios recabados para este artículo, se observan diferencias en la forma de entender la actividad. Raúl Riquelme Cacho, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos (Procab), define el lobby como un tema necesario que ayuda a complementar la labor de los tomadores de decisión. “Nunca va a evitar o se va a sobreponer a las obligaciones o a las responsabilidades que per se tienen los funcionarios públicos en su función, sino que complementa estas circunstancias de que ningún ser humano tiene la capacidad de tener todos los conocimientos al detalle de cada uno de los puntos que se le presentan”.

Por su parte, desde CEO dicen que los legisladores por supuesto deben escuchar al sector privado, pero a la vez opinan que en el caso de la Unión Europea, las leyes son prácticamente coescritas por grupos de interés que influyen en ellas a través de los grupos de expertos. “Los políticos no siempre entienden que los intereses de un grupo privado no concuerdan al 100% con el interés general de los ciudadanos, por eso es necesaria la máxima transparencia posible”.

Irene Matías enfatiza que no es un lobby. “No es cohecho, ni poder en la sombra, como parecen reflejar las películas o series de televisión, es una herramienta legítima y democrática que garantiza la interlocución y diálogo entre los ciudadanos u organizaciones con los gobernantes, mejorando su conocimiento sobre los temas a la hora de elaborar normas o tomar decisiones”.

En cualquier caso, aunque las opiniones difieran, todos coinciden en un punto: la transparencia es la clave. 

¿Son los medios de comunicación un lobby?

Sí

El presidente de Procab piensa que los medios de comunicación entran en la definición de lobby. “Son un grupo de interés con muchísimo peso y que a su forma y sus capacidades, realizan este proceso de influencia en la toma de decisiones. Lo hacen desde sus características. Muy probablemente no en un estudio profundo y analítico, sino desde el impacto mediático, que puede doler o que puede provocar que el actor político reconsidere sus propuestas”.

No

Irene Matías, directora general de APRI, difiere del punto de vista de Procab y señala que los medios no son como tal un grupo de interés. “El periodismo no es una actividad de lobby. Los medios de comunicación tanto en cuanto se alejan de la actividad del periodismo en el sentido estricto podrían realizar actividades de lobby, del mismo modo que una patronal o un sindicato fuera de las actividades constitucionales estrictas como agentes sociales también podrían realizar actividades de lobby. Por eso, es tan importante ir a una definición de lobby basada en actividad como hacen las regulaciones de los países mas avanzados en esta materia desde hace décadas, como la Unión Europea. En cualquier caso, aunque los medios de comunicación en el ejercicio del periodismo amparados por la libertad de prensa y el derecho a la información no hacen lobby, son una herramienta imprescindible para la actividad”, detalla.