Acento, el exitoso ‘lobby’ de José Blanco que asesora a LaLiga, Huawei y Marruecos
La consultora de asuntos públicos ha experimentado un crecimiento exponencial en cuatro años, obteniendo 6,2 millones de euros en ingresos y 1,5 millones en beneficios en 2022
Acento Public Affairs, la consultora de asuntos públicos y análisis político fundada por el exministro de Fomento José Blanco, ha logrado en cuatro años de trayectoria posicionarse como una de las firmas más pujantes del mundo del lobby. Al menos en su desempeño económico. Bajo el liderazgo del que también fuera vicesecretario general del PSOE, como consejero delegado de la agencia, y del exministro popular de Sanidad Alfonso Alonso, como presidente, la agencia ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a la confianza de relevantes clientes como Huawei, LaLiga o la agencia de Marruecos para la cooperación internacional. De este modo, en cada ejercicio ha registrado más beneficios que en el anterior, llegando a obtener en 2022 unas ganancias de 1,5 millones de euros y una facturación de 6,2 millones de euros, según las últimas cuentas que han sido depositadas en el Registro Mercantil.
En los últimos días, la agencia, presente en los epicentros políticos españoles y de la Unión Europea, ha adquirido cierta relevancia pública tras conocerse el fichaje finalmente fallido de otro exministro, Alberto Garzón, quien abandonó la política en noviembre del año pasado tras dejar el Gobierno y la cartera de Consumo. El exlíder de Izquierda Unida finalmente renunció a dicho puesto en menos de 24 horas por el revuelo generado con su posible incorporación a un equipo que ya cuenta con caras conocidas de distintos signos políticos y con experiencia en distintos campos. De hecho, el otro fundador de la compañía fue el socialista Antonio Hernando, que dejó la firma en octubre 2021 para incorporarse en Moncloa como jefe de Gabinete de la Presidencia.
Así las cosas, el consejo asesor tiene representantes de todos los colores. Está formado, por un lado, por Elena Pisonero, presidenta de Taldig y exsecretaria de Estado de Economía, Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa con José María Aznar; Rubén Moreno, exsecretario general de Sanidad y Consumo y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes durante el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy; y José María Lassalle, exsecretario de Estado de Cultura y para la Sociedad y Agenda Digital también en la última etapa popular. Del lado socialista, se encuentran Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración y consejero independiente de Duro Felguera, y Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE y exdiputada del Parlamento Europeo. Completan este cónclave, Esteban González Guitart, hijo de Esteban González Pons, actual vicesecretario general Institucionales e Internacionales del PP y exportavoz de la Delegación Española del Grupo Popular en Bruselas y el teniente general del Ejército del Aire Ignacio Bengoechea.
La consultora de lobby está inscrita desde octubre de 2020 como tal en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, algo que es obligatorio para poder ejercer actividades como grupo de presión. En dicho portal se puede comprobar que Acento cuenta con una importante cartera de clientes, más o menos polémicos, que le han generado importantes ingresos. Entre ellos figura LaLiga, organismo deportivo que hasta hace poco ha estado pendiente de la sentencia del TJUE sobre la Superliga; la tecnológica Huawei; GraphenTower, empresa especializada en la producción de postes de telecomunicaciones y distribución de energía; Isdin, la compañía española de productos dermatológicos; la farmacéutica Novartis; y AMCI, la agencia marroquí de cooperación internacional. Según el Registro de Transparencia,estos clientes aportan entre 350.000 y 599.000 euros de los ingresos anuales totales de Acento, lo que supone entre un 5% y un 10% de su facturación en 2022.
Constante evolución
De acuerdo a sus cuentas anuales, la firma ha ido en constante evolución. En 2020, la consultora ingresó 2,1 millones de euros, todo un salto desde su primer año de vida, el 2019, cuando facturó apenas 154.333 euros. Esta tendencia se mantuvo los años siguientes, pues en 2021 la cifra de negocio se duplicó hasta los 4,47millones de euros y en 2022 ascendió hasta los 6,23 millones de euros.
Asimismo, estos resultados siempre se han traducido en beneficios. Durante el primer ejercicio fiscal se registraron 44.458 euros de ganancias, que no se vieron afectadas por la pandemia que estalló al año siguiente, ya que Acento ganó 612.193 euros en 2020. En el año 2021, el resultado de la firma de asesoría fue de 981.832 euros y superó los 1,5 millones de euros en 2022.
En cuanto al patrimonio neto, este pasó de los 3.000 euros necesarios para constituir la sociedad a 47.458 euros, cifra que resulta de sumar los primeros 44.000 euros de beneficio en 2019. No obstante, en 2020 aumentó hasta los 659.652 euros y así continuó los siguiente años, registrando en 1,19 millones de euros en 2021 y 1,91 millones de euros en 2022. Este crecimiento también ha ido acompañado del aumento de personal, pues también se constata un incremento de estos gastos entre 2019, cuando se destinó 68.107 euros, y 2022, cuando la partida fue de 2,4 millones de euros.
Sin regulación
Acento Publics Affairs ofrece asesoramiento sobre la diplomacia corporativa a empresas y organizaciones de todo el mundo. Cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas y pertenece a asociaciones de lobby como el Foro por la Transparencia, la Asociación de Relaciones Públicas y Comunicaciones (PRCA), el Consejo de Asuntos Públicos, la Sociedad de Profesionales de Asuntos Europeos (SEAP), la Asociación de profesionales de las relaciones institucionales (APRI) y la Asociación Europea de Consultorías de Asuntos Públicos (EPACA).
En España, el Consejo de Ministros aprobó, en noviembre de 2022 el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés que los profesionales de asuntos públicos llevan años reclamando. Sin embargo, la disolución de las cortes por el adelanto electoral de julio de 2023 hizo decaer su tramitación. Esta nueva norma obligaría a los grupos de influencia a seguir los mismos pasos que en Bruselas e inscribirse en un registro para poder relacionarse con la administración pública y con altos cargos, directivos o empleados públicos implicados en la toma de decisiones.
Asimismo, para combatir las puertas giratorias, el proyecto de ley prohibía que un alto cargo público realizara actividades profesionales de lobby durante los dos años siguientes al cese en ese cargo.
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