Cataluña y Comunidad Valenciana ultiman su informe contra la opa del BBVA al Banco Sabadell para antes de Navidad
La CNMC da 20 días hábiles de plazo, que expiran la semana próxima, para que las dos autonomías más afectadas den su opinión, que no será vinculante
El análisis de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell avanza. Una vez que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió someter la transacción a su escrutinio más estricto, en la conocida como segunda fase, y que las partes que se consideran involucradas ya se han personado en el proceso, ahora es el turno de las dos comunidades autónomas consideradas como clave en la operación, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Ambos gobiernos autonómicos, cuyos titulares han expresado en el pasado su rechazo a la opa, remitirán un informe a Competencia dando cuenta de su opinión antes de Navidad.
La CNMC, el pasado 12 de noviembre, decidió en una reunión de la sala de Competencia llevar el análisis de la opa del BBVA a una segunda fase. Esto supone prolongar el proceso más de lo esperado por el banco vasco (que auguraba tener la transacción totalmente lista entre los meses de noviembre y diciembre) y con un escrutinio más estricto. El hecho de analizar la operación en esta segunda fase supone que todos los terceros implicados puedan personarse y presentar alegaciones, así como que las comunidades autónomas afectadas emitan su opinión. En caso de que la opa sea autorizada con condiciones, el Gobierno puede incrementarlas.
La publicación el 20 de noviembre de la nota sucinta sobre la decisión dio el pistoletazo de salida a todo este proceso. El plazo para presentar estas alegaciones expiró la semana pasada, 10 días después de hacer público este documento. Durante este periodo se han personado desde el propio Banco Sabadell a los sindicatos, asociaciones empresariales, Cámaras de Comercio o asociaciones de accionistas minoritarios del banco catalán. Ahora la CNMC deberá decidir durante los próximos días cuáles de esta avalancha de alegaciones considera realmente partes involucradas y, por tanto, las acepta.
El paso siguiente será el de las comunidades autónomas. De acuerdo a la Ley de la Defensa de la Competencia, los gobiernos autonómicos cuentan con 20 días hábiles desde la publicación de la nota sucinta para remitir a Competencia los informes en los que analicen la situación en la que quedarán sus respectivos mercados en caso de que la operación llegue a buen puerto. La CNMC, en este documento, ha señalado a dos autonomías, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Lo justifica en tanto en provincias pertenecientes a estas dos comunidades la cuota de mercado resultante superará el 30%.
A la espera de conocer la letra pequeña de ambos informes, representantes de estos dos gobiernos autonómicos se han pronunciado en contra de la opa. En el caso catalán, con una mayor contundencia. El BBVA lanzó la opa hostil sobre el Banco Sabadell en los últimos días de la campaña electoral de las últimas elecciones al Parlament catalán, celebradas el pasado 12 de mayo. Esto obligó a que todos los partidos que concurrían a los comicios se manifestasen en esos días en contra de la transacción. También el que resultaría ganador y desde agosto presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. Afirmó, en esos primeros días tras la presentación de la oferta, que la operación “no va por el buen camino”, debido a su carácter hostil; del mismo modo, consideró que no es “buena para los clientes” y aludió a los problemas de Competencia que presentaba, con “una elevada concentración en el sector financiero”. “Mi opinión es que ojalá no prospere”, afirmó.
Esta misma opinión contraria a la operación fue mantenida por la consellera de Economía de la Generalitat, Alicia Romero. También es repetida una y otra vez desde el Gobierno central por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Para justificarla cuentan con un informe de la autoridad de Competencia Catalana, la ACCO, fechado en mayo, en el que consideraba que la opa supondría “un elevado riesgo para la competencia”, con una incidencia especial en la provincia de Barcelona. Este informe apunta a que la fusión supondría el cierre de oficinas, menoscabando la inclusión financiera, un encarecimiento de los servicios a los clientes, un incremento del coste del crédito y una menor remuneración de los depósitos, entre otras cuestiones. Todo ello apunta a que los Gobierno catalán se pronunciará contra la transacción con contundencia, pese a los repetidos viajes y reuniones del presidente del BBVA, Carlos Torres, con autoridades y patronales catalanas.
La ACCO está preparando un informe para la CNMC sobre la opa. Lo anunció el pasado 27 de noviembre la consejera de Economía de la Generalitat —la ACCO depende de este departamento— y la fecha de entrega es el 23 de diciembre. Fuentes cercanas no entran a valorar el contenido del informe, para respetar la independencia de la entidad, pero recuerdan que el Govern ya se posicionó en contra de la opa por los “riesgos elevados” que puede tener en Cataluña. Y que el propio presidente de la ACCO, Roger Loppacher, aseguró el pasado 30 de noviembre en una entrevista en la Cadena Cope que “en la opa del BBVA sobre el Sabadell hay una concentración elevadísima, especialmente en Cataluña”.
Más discreta ha sido durante estos meses la posición del Gobierno valenciano. El president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, rechazó la operación pocos días después de lanzarse la opa. Se mostró entonces “absolutamente en contra” de la operación, por ser “una operación en contra de la provincia de Alicante, en contra de la Comunitat Valenciana y en contra del consumidor”. Meses después expresó una posición más mesurada. En octubre afirmó que “es difícil ver con buenos ojos” la transacción mientras no se aclare cómo afectará a la vertebración del territorio y a la competencia bancaria.
Una vez Competencia cuente con estos informes de las comunidades autonómas, que tienen un carácter meramente consultivo, se iniciará el procedimiento de instrucción de esta segunda fase. Incluso el BBVA puede solicitar que se celebre una vista ante el Consejo de la CNMC para dirimir la cuestión. La institución, igualmente, realizará nuevos test de mercado que incluyan los compromisos planteados por el BBVA. En este contexto, el banco vasco contempla reforzar la oferta de compromisos (remedies, en la jerga) planteada durante la primera fase tanto antes del inicio de estos test como durante su transcurso, tal y como publicó este periódico.
Competencia, durante la primera fase, concluyó que no podía concluir que los compromisos planteados por el BBVA no menoscabasen la competencia. En concreto, observa problemas de la transacción en tres aspectos. Estos son, el empeoramiento de las condiciones comerciales a pymes, el recorte del crédito a estas empresas y el mercado de terminales punto de venta (TPV).
En total, la normativa plantea un plazo de tres meses para desarrollar esta segunda fase. No obstante, Competencia puede congelar el proceso cada vez que pida nueva información a las partes. Por tanto, se prevé que el análisis de las alegaciones presentadas demore el proceso más de lo esperado. Cuando la fase de instrucción esté concluida, la CNMC elaborará un pliego de concreción de hechos, un documento que recogerá las conclusiones provisionales del organismo, así como comentarios sobre los compromisos presentados. Será el precedente de la decisión final, que llegará durante la primavera y deberá ser avalada por el Consejo de Ministros, quien puede modificar las condiciones que se planteen por motivos diferentes a la Competencia, como seguridad nacional, la libre circulación de bienes y servicios en el mercado nacional o la garantía del mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.