¿Cómo acelerar la transición energética?
Es imperativo avanzar hacia un modelo energético más sostenible y autónomo
Hace apenas dos semanas participé en una jornada de trabajo convocada por Redeia y beBartlet en Sevilla, para discutir con actores relevantes de la política, la empresa o la sociedad, sobre los retos y desafíos que plantea la transición energética. La metodología de trabajo implicaba la creación de grupos donde se intercambiaron ideas, formuladas sobre lo que se creía que se debe hacer, lo que se cree que no se está haciendo y sobre cómo acelerar los procedimientos para que, cuanto antes, la transición sea una realidad.
Para empezar, quedó claro que la transición energética no solo es necesaria si se quiere cumplir con el compromiso de reducción de emisiones, sino que constituye un instrumento de política económica que abordaría la vulnerabilidad energética de España. Así, por ejemplo, en 2022 el déficit energético español ascendió a unos 57 mil millones de euros, el 4,7 % del PIB. Con la caída de los precios estos últimos años ese porcentaje se ha reducido hasta el 2,8 %, pero sigue siendo significativo, por lo que cualquier política que reduzca esta dependencia externa tendrá un significativo impacto positivo en nuestros bolsillos a medio y largo plazo. Y es que el actual avance tecnológico asociado a las energías renovables supone, además, una evidente ventana de oportunidad. Es pues imperativo avanzar hacia un modelo energético más sostenible y autónomo.
Sin embargo, las conclusiones a las que se llegó, más allá del acuerdo unánime sobre este planteamiento inicial, es que nuestro país no estaba avanzando lo suficientemente rápido. Las razones que sustentaban esta conclusión fueron varias, pero las principales se centraban en unos incentivos que no eran los mejores (de consumo y de inversión en infraestructuras), en una burocracia limitante y, finalmente, en una batalla en el campo de la pedagogía que se estaba perdiendo.
En cuanto a los incentivos, queda claro que aún existen elementos ya sea en la conformación de los precios eléctricos o en las actuaciones de las empresas encargadas de la electrificación que no se encuentran alineadas con los objetivos marcados. Por poner algunos ejemplos, en la actualidad, la tarifa eléctrica incluye costes adicionales, como el déficit de tarifa y las primas a las antiguas energías renovables que encarecen la factura. Redistribuir dicho coste entre otras fuentes de energía como el gas y los combustibles líquidos podría incentivar la electrificación.
A esta acción podría unirse la reducción del IVA aplicado a la electricidad. Esta reducción beneficiaría a los consumidores, quienes verían una disminución en sus facturas de electricidad. La disminución del IVA no solo aliviaría la carga financiera sobre los hogares, sino que también incentivaría el uso de electricidad sobre otras formas de energía menos limpias.
Por último, diversas propuestas planteadas en estos últimos meses argumentan que sería esencial implementar sistemas de ayuda para los consumidores electrointensivos, ya existentes en otros países europeos. Estos sistemas de ayuda son vitales para mantener la competitividad de las industrias que dependen en gran medida de la electricidad. Adoptar sistemas similares permitiría a las industrias nacionales competir en igualdad de condiciones con sus contrapartes europeas, incluso elevando aún más la ventaja competitiva que supone una mayor capacidad de acceso a las fuentes de dichas energías renovables, evitando no ya la deslocalización de empresas y la pérdida de empleos sino generar fuerzas de atracción de estas a nuestro territorio.
Pero en la sesión quedó claro que lograr una transición rápida hay que ir más allá de los incentivos, simplificando los procedimientos administrativos y reduciendo el peso de la burocracia. Así, implementar la declaración responsable en aquellos procedimientos donde sea posible es necesario. Dicha declaración responsable permitiría a los solicitantes certificar que cumplen con los requisitos legales sin necesidad de esperar la validación previa de la administración, reduciendo el tiempo de espera y permitiendo a las empresas y ciudadanos proceder con sus actividades de manera rápida y eficiente. Al reducir la necesidad de comprobaciones previas por parte de la administración, se liberan recursos que pueden ser utilizados en áreas más críticas que requieran supervisión directa.
Otra medida relevante sería priorizar la deducción fiscal o la ayuda directa en el punto de compra frente a la subvención, lo que implica una alta carga administrativa. Las subvenciones, aunque útiles, requieren un proceso burocrático complejo y prolongado tanto para los solicitantes como para la administración. En contraste, las deducciones fiscales y las ayudas directas son más fáciles de gestionar y pueden ser implementadas de manera más ágil.
Por último, la implantación del silencio administrativo positivo en aquellas cuestiones que no sean sensibles puede ser una medida transformadora. Este mecanismo es especialmente útil en informes preceptivos que no sean vinculantes, donde la falta de respuesta no implica un riesgo significativo. Como segunda cuestión relevante discutida en la sesión, nos encontramos con la falta de comprensión de buena parte de la población, no ya a la necesidad de la transición, sino a la rapidez en la que esta debe llevarse a cabo. Y esto puede ralentizar la implantación de la electrificación.
A través de la pedagogía se pueden transmitir conocimientos científicos sólidos, compartir los impactos ambientales y económicos, y resaltar los beneficios a largo plazo de adoptar fuentes de energía renovables y prácticas sostenibles. Mediante programas educativos, talleres y foros de discusión, los expertos y especialistas pueden brindar una comprensión profunda de los desafíos climáticos, la escasez de recursos y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la de sustituir importaciones por producción propia.
Sin embargo, en ocasiones, las reticencias provienen de una base razonable. La transición implica costes, y en ocasiones estos están localizados en zonas concretas, donde se llevan a cabo actuaciones que, globalmente, suponen una ganancia neta para la sociedad, pero que en ese lugar concreto esta implica un coste evidente, como puede ser visual (parques eólicos, estaciones eléctricas), o de incomodidad. En estos casos, la teoría económica es clara: ante una externalidad positiva que exige un coste o inversión previo, quien hace el esfuerzo por generar ese bien común debe ser remunerado. Deben de extenderse el uso de rendimientos positivos a municipios o comarcas que, más allá de la rentabilidad privada que pueda suponerle la realización de una actividad energética sostenible, reciba una rentabilidad “social” a modo de subvenciones u otro tipo de pago monetario o en especie.
En definitiva, debemos agarrar una oportunidad histórica que supone sustituir fuentes de energía no solo contaminantes, sino que nos obligan a depender de terceros, muchas veces socios de fiabilidad dudosa. Pero para ello debemos agilizar nuestra transformación. Para ello debemos crear los incentivos adecuados, agilizar a las administraciones y remunerar a quienes asumen los costes del cambio.
Nota: Las propuestas realizadas en esta columna son del autor y no necesariamente fueron expresadas en el evento organizado por las empresas mencionadas.
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