La riqueza en recursos naturales, el desconocido indicador en el que España supera a Francia y Alemania

El valor per cápita de estos activos, entre los que se cuentan bosques y campos, es un 34% mayor a la media de la UE

Belén Trincado Aznar

El valor del capital natural de España asciende a los 467.558 millones de euros, una cantidad que, repartida entre todos los habitantes del país, llega a los 9.156 euros por persona. La cifra se encuentra un 34% por encima de la media europea y permite a España mirar de cerca a los países nórdicos y superar con creces a vecinos como Alemania, Francia o Italia. Así lo avanzan la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en el informe Economía y medio ambiente en España: análisis del flujo de materiales y capital natural, publicado este miércoles.

Los recursos naturales con los que cuenta un país, detalla Juan Carlos Robledo, uno de los autores del estudio, son imprescindibles para la vida humana y una parte fundamental de su riqueza. Sin embargo, “no suelen tenerse en cuenta en los análisis de coyuntura y crecimiento económico”. Estos bienes, siguiendo la metodología que utiliza el Banco Mundial, incluyen los recursos forestales, sean o no madereros, las tierras de cultivo y de pasto, las áreas protegidas, y los recursos energéticos y minerales metálicos. Deja fuera, sin embargo, la mayor parte de los recursos hídricos (exceptuando las aguas del suelo) y aquellos que nutren a las energías renovables debido a la dificultad de su medición.

Mientras que los primeros pueden considerarse recursos potencialmente renovables, los energéticos y mineros son perecederos. Por eso, recalcan los expertos y autores, “es interesante conocer en qué medida es posible aumentar el PIB sin que ese incremento implique una sobreexplotación o pérdida de los recursos naturales que pueda representar un problema de sostenibilidad” que “afecte principalmente a las futuras generaciones”.

En este sentido, señalan, se constata una evolución negativa del capital natural, ya que el valor de los recursos naturales se ha reducido en España entre 1995 y 2018, ligeramente en términos absolutos (-0,4%) y de forma más intensa por habitante (más de un 15%), frente a un crecimiento del PIB per cápita del 39% en ese periodo.

Para estimar el stock de capital natural se valoran los recursos disponibles en función de las rentas que generan anualmente o en función de sus precios de mercado cuando estos están establecidos. En el caso español, el componente más importante es el de las tierras de cultivo y de pasto, que concentran casi el 60%. El primero de ellos, por su parte, se divide entre secano y regadío prácticamente a partes iguales. Esto es porque aunque la superficie dedicada a cultivos de secano es mucho mayor, los mayores precios de las tierras de regadío hacen que ambas tengan la misma participación.

Los recursos forestales son los siguientes en importancia, especialmente los no madereros, pues en 2018 suponían casi una cuarta parte del capital natural. Sin embargo, el peso de este activo se ha reducido más de 12 puntos entre 1995 y 2018, en sintonía con la ganancia experimentada por las áreas protegidas. Los recursos energéticos y minerales, recuerda Robledo, son a día de hoy prácticamente “testimoniales” debido al fin de la extracción de carbón y al poco peso del gas natural y el crudo de petróleo.

El peso dispar que cada tipo de recurso alcanza en el valor final, sumado a factores como la densidad demográfica, dibujan una España enormemente heterogénea. En términos absolutos, las mayores dotaciones de capital natural corresponden a Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, que concentran el 30,2%, el 12,5% y el 10,1% del capital del país, respectivamente. La Rioja, Baleares y Cantabria, por su parte, superan por poco el 1% de aportación.

Pero no es la única brecha. En términos per cápita las diferencias también son importantes y se han ampliado desde 1995. Las mayores dotaciones están en el centro y el sur de la península: Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León superan cada una los 22.000 euros por habitante, mientras que Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña y Madrid no llegan a los 5.000 euros por persona. Por todo ello, sugieren los expertos, “la conservación de estos recursos tiene que abordarse con políticas específicas para cada región de acuerdo con sus características y circunstancias”.

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