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El Estado ingresa 300 millones en diez años de cuentas bancarias abandonadas

Patrimonio recibe el dinero en metálico, los valores y los bienes muebles de las cuentas con 20 años de inactividad

Cuentas abandonadas Gráfico
Belén Trincado Aznar
Pablo Sempere

España ingresó en el año 2021, último con datos disponibles, algo más de 30 millones de euros procedentes de las cuentas bancarias abandonadas del país. En el acumulado desde 2012 la cifra roza los 300 millones de euros, un jugoso pellizco en forma de dinero en metálico, valores y demás bienes muebles que pasa a engrosar anualmente el patrimonio estatal. La mayor cifra registrada hasta la fecha, según la serie histórica que ofrecen las memorias de la Dirección General del Patrimonio del Estado, se anotó en el año 2020, cuando se superaron los 62 millones de euros.

Todos estos movimientos se explican por la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, una normativa que obliga a las entidades financieras depositarias de bienes muebles y saldos abandonados a comunicar al Estado la situación de estos remanentes para posteriormente hacer efectiva la transferencia.

Todo el efectivo y saldos de las cuentas y libretas inactivas, según detalla la norma, se destinarán a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad.

Resulta complicado conocer las causas exactas que explican las cifras de cada año. Tal y como apuntan fuentes bancarias consultadas, corresponden al Estado el dinero y los bienes depositados en cuentas en las que “no se haya practicado gestión alguna en el plazo de 20 años por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad”. Es decir, habría que remontarse dos décadas atrás para intentar hallar las causas que hay tras cada número.

La explicación de las abultadas cifras de 2020, sugieren estas fuentes, podría encontrarse por ejemplo en los meses en los que España comenzó su transición de la peseta al euro y en los desbarajustes provocados en muchas cuentas por esta mudanza.

La ley obliga a las entidades a dejar constancia de los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos.

Es decir, no solo se incluye el dinero en forma de depósitos y cuentas corrientes en efectivo, sino también los valores y los bienes muebles depositados en entidades de crédito, agencias de valores y otras entidades financieras. “Hablamos de acciones, fondos de inversión, valores de renta fija…”, añaden.

Los saldos y depósitos afectados suelen ser los de pequeñas cuentas secundarias de las que el dueño no tiene constancia, así como otras en las que el titular ha fallecido.

Según detalla la norma, las entidades depositarias estarán obligadas a comunicar anualmente al Ministerio de Hacienda la existencia de tales depósitos y saldos. Sin embargo, antes de ello, tres meses antes de que se alcancen los 20 años de inactividad, los bancos “deben enviar una notificación mediante correo certificado o medio análogo al titular de la cuenta que va a ser considerada como abandonada para que tenga oportunidad de conocer esta situación y remediarla”, apuntan las fuentes financieras. No obstante, desde el Banco de España recuerdan que “no procederá esta notificación cuando su coste supere, previsi­blemente, el importe de los fondos”.

Uno de los problemas principales para los bancos en este tipo de procesos, prosiguen las fuentes consultadas, es la dificultad que muchas veces tienen para encontrar a los titulares afectados. “Esta comunicación se la envían al último domicilio del que tengan constancia, por lo cual, si la persona no lo ha actualizado convenientemente y ahora reside en otro sitio, no la recibirá”. En este caso, se publicará un anuncio en el BOE, “que, por otra parte, es improbable que sea leído por el interesado”. Finalmente, si la persona no aparece en el plazo estipulado, sus bienes pasarán a titularidad pública.

Por todo ello, insisten las fuentes, para los bancos es “fundamental” la colaboración del cliente, “especialmente en la continua actualización de sus datos de contacto a su banco”. “Abandonar una cuenta no es lo mismo que cerrarla”, resumen.

80 millones de herencias sin sucesor

El Estado también obtiene cada año una cantidad de dinero relativamente elevada de aquellas sucesiones sin personas con derecho formal a heredar, los conocidos como abintestatos. Según datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, las cuentas de abintestatos aprobadas entre 2010 y 2019 arrojan un saldo positivo neto para la Administración de algo más de 80 millones de euros.

El Código Civil establece que, de estas cantidades, dos terceras partes se ingresan directamente en el Tesoro Público, destinando la cuantía a fines de interés social. El tercio restante constituye un ingreso en el Tesoro de carácter general.

Los abintestatos constituyen las situaciones legales en las cuales una persona fallece sin haber dejado un testamento válido o sin haber designado en vida a un heredero. En estos casos, la ley establece un conjunto de reglas para determinar quiénes serán los sucesores de los bienes y propiedades del fallecido, que muchas veces dependen de la comunidad autónoma en la que vivió el difunto.

En algunos casos, por ello, puede producirse la tesitura en la que un heredero designado por la ley de sucesión correspondiente no puede recibir su parte de la herencia, por ejemplo, por haber fallecido o por haber rechazado la sucesión. Ante esta situación, la parte correspondiente –conocida como premio reconocido o de acrecimiento– se atribuye entre los demás herederos de acuerdo con las reglas establecidas por la norma, mientras que el resto pasa al Estado.

Según las cifras de Hacienda, desde 2010 a 2019 las comunidades autónomas repartieron por estos métodos casi 4 millones de euros que, de otra forma, habrían ido también a parar al Tesoro Público.

Por regiones, de los 80 millones que fueron a parar al Estado la mayoría llegaron desde la Comunidad de Madrid (34 millones), seguida a distancia de País Vasco (12,5 millones), Andalucía (5,2 millones) y Baleares (4 millones).

A todas estas cifras habría que añadirle el dinero que ingresa Hacienda por las herencias que sí tienen sucesores designados pero que son rechazadas por las deudas que esconden o por motivos fiscales. Según los últimos datos del Consejo General del Notariado, en 2022 se desestimaron unos 55.000 títulos sucesorios, siendo imposible conocer el volumen de dinero que las renuncias movieron.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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