El consorcio húngaro que quiso comprar Talgo retira la reclamación de más de 100 millones por el veto del Gobierno
Ganz Mavag Europe notifica la renuncia a mantener el litigio en el tribunal de arbitraje de Estocolmo, donde denunció al Estado español en abril de 2025 por injerencias en la opa
Fin al caso abierto contra el Estado español por el rechazo, en agosto de 2024, a la oferta pública de adquisición (opa) que el consorcio húngaro Ganz Mavag lanzó sobre Talgo en marzo de ese año. La alianza entre el fabricante húngaro Magyar Vagon y el fondo estatal Corvinus, que denunció el veto en abril del año pasado ante el tribunal de arbitraje de Estocolmo (Suecia), ha desistido en su reclamación. La compensación a la que aspiraba debía cubrir los más de 100 millones que estimaba en daños. La retirada puede leerse como una victoria estatal.
El pasado martes, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, los representantes legales del consorcio inversor trasladaron a los miembros del tribunal la renuncia a continuar con el caso. La defensa de la que fue pretendiente de Talgo, encabezada por el despacho internacional especializado en arbitrajes Ahali, deja la puerta abierta a cualquier otra acción o recurso “sobre la misma base fáctica y jurídica”, recoge la comunicación enviada al tribunal. Pero decae una de las principales líneas de batalla en la que se han enfrentado durante los últimos 12 meses con la Abogacía del Estado, en representación del Estado. El caso, eso sí, continúa vivo en el Tribunal Supremo.
Ganz Mavag fue frenado por el Gobierno para la toma de Talgo en defensa de la seguridad nacional, al considerar a la cotizada como estratégica. En virtud del escudo antiopas extranjeras, levantado durante la pandemia, el capital de la firma industrial podía ser protegido ante inversiones foráneas por encima del 10% (Disposición Transitoria Única del Real Decreto Ley 34/2020). Los informes que manejó el Consejo de Ministros justificaron el rechazo después de que distintos ministerios hablaran abiertamente de la cercanía de Ganz Mavag al Ejecutivo húngaro de Viktor Orbán y de vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin. Ganz Mavag se vio obligada a retirar la opa, formalizada entre marzo y abril de 2024 con un montante de 619 millones por el 100% del capital (5 euros por acción).
Coincidencia con la caída de Orbán
La renuncia a las reclamaciones llega tras la derrota electoral, del 12 de abril, del ultraconservador Viktor Orbán tras 16 años al frente de Hungría, y justo antes del próximo relevo de este como primer ministro por Péter Magyar, líder de la formación Tisza. De este último se esperan trazos de gobierno europeístas. En todo caso, el desistimiento sirve de espaldarazo a la decisión del Gobierno español en torno a la opa de Talgo, donde supeditó la aprobación de la oferta por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al resultado del examen previo de la Junta de Inversiones Exteriores. La aplicación del filtro es permitida en el artículo 26.2 del Real Decreto 1066/2007 sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
La negativa a una opa que era del gusto de los accionistas de Talgo (el consejo de administración la declaró amistosa, así como los partícipes mayoritarios y minoritarios) se produjo el 27 de agosto de 2024, y la demanda de Ganz Mavag ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo se cimentó sobre una supuesta violación del Tratado sobre la Carta de la Energía. Los inversores húngaros, liderados por el empresario András Tombor, habían negado desde el principio cualquier vínculo con intereses públicos húngaros o con Rusia. En Suecia alegaron contra el trato recibido en España, que consideraron injusto por injerencias del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En la demanda húngara se sostuvo que la actuación del Gobierno fue arbitraria y discriminatoria, sin llegar a justificar los riesgos para la seguridad nacional. El expediente de las investigaciones en que se basó el rechazo a Ganz Mavag como propietario de Talgo fue clasificado (el Supremo ordenó el pasado 29 de enero que se diera acceso a Ganz Mavag). Respecto a la vulneración del referido Tratado de la Carta de la Energía, la parte húngara fundamentó que no se habían respetado las normas de protección de los inversores. El Tratado también pone coto a decisiones de nacionalización o expropiación de inversiones extranjeras.
Además de verse privada de lo que Ganz Mavag entendía como su derecho a ofertar por Talgo, el consorcio justificó un perjuicio económico por los citados 100 millones antes de intereses. En este punto, los inversores húngaros dejaron abierta una vía para elevar notablemente la indemnización reclamada durante el transcurso del arbitraje.
La Abogacía del Estado intentó tumbar el caso por instarse un arbitraje dentro de las fronteras de la Unión Europea, lo que podría chocar con la conocida como sentencia Achmea (2018) o la posterior causa Komstroy (2021), en las que se consideró que estos litigios en corte arbitral restan autonomía a los tribunales nacionales y al propio Tribunal de Justicia de la UE para resolver casos con base en el derecho europeo.
La conclusión del proceso de arbitraje también es una buena noticia para los actuales accionistas de control del fabricante de trenes Talgo, por cuanto su oferta ganadora pudiera verse como favorecida frente a la opa de Ganz Mavag, al ser auspiciada por los gobiernos central y vasco. Una vez descartado el capital húngaro, el Ejecutivo se involucró en la búsqueda de inversores alternativos, llegando a tantear opciones como la checa Skoda Transportation, el fondo estatal polaco PFR (propietario del fabricante ferroviario Pesa) o la firma industrial india Jupiter Wagon. Todas ellas estuvieron dispuestas a ofertar, en acciones unas y en efectivo otras; no así la española CAF, la francesa Alstom, la suiza Stadler o la alemana Siemens. Se trataba de dar una opción de salida a los accionistas de Talgo, encabezados por el fondo Trilantic, el inversor Juan Abelló y la familia Oriol.
Las opciones extranjeras motivaron rechazo en el País Vasco, donde Talgo tiene sus raíces y una de sus dos fábricas, la de Rivabellosa (Álava). De este modo, los gobiernos central y vasco armaron un consorcio inversor, liderado por el empresario José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, y en el que se involucraron sociedades públicas (Sepi y Finkatuz) y fundaciones bancarias (BBK y Vital). La que fue conocida como “la cuadrilla” terminó haciéndose con las riendas de Talgo y cerrando un culebrón empresarial con derivadas políticas, industriales, geoestratégicas y económicas.