La húngara Ganz-MaVag llevará a los tribunales y a Bruselas el veto del Gobierno a la opa sobre Talgo
Destaca que todos los accionistas de la empresa ferroviaria española van a sufrir un notable perjuicio económico
El veto del Gobierno a la adquisición de Talgo por parte del consorcio húngaro Ganz-MaVag amenaza con vivir su segundo acto a medio camino entre los tribunales y Bruselas. Según aseguran fuentes internas de la firma de Europa del Este, la compañía prepara ya su respuesta legal y acudirá tanto a las instancias judiciales pertinentes en España como ante la Comisión Europea. Su intención es hacerlo tan pronto como reciba la notificación oficial. “Además de Ganz-MaVag, todos los accionistas van a sufrir un perjuicio económico muy grave y parecería razonable que se movilizaran”, añaden.
Según comunicaba este martes el área económica del Ejecutivo, el Consejo de Ministros ha decidido no autorizar la transacción, “por motivos de protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España”. Desde incluso antes del anuncio de oferta pública de adquisición (opa) por parte de Ganz-MaVag, el pasado mes de marzo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se había mostrado contrario a facilitar la compra. Como telón de fondo, los presuntos vínculos de la firma magiar con Rusia, así como la sombra de presidente ultraderechista húngaro, Víktor Orban. De hecho, el fondo estatal Corvinus facilitaría la financiación de la oferta. “Cumple con la regulación española y comunitaria”, se ha defendido desde el consorcio.
Para justificar su decisión, el Consejo de Ministros se basa en el análisis efectuado por la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), el órgano dedicado a evaluar previamente las operaciones sujetas al plácet gubernamental. “El análisis llevado a cabo ha determinado que la autorización conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público”, expone el Ministerio de Economía, al tiempo que declara como “clasificada” la información contenida en el expediente de la Jinvex. Según las citadas fuentes, el movimiento del Gobierno no ha pillado por sorpresa a Ganz-MaVag, que desde hace semanas trabaja en un escenario de bloqueo y una justificación de esa índole con el fin de acelerar su respuesta jurídica. La firma ha estado asesorada legalmente por Garrigues desde el inicio del proceso.
El Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones extranjeras, es bastante amplio a la hora de definir las infraestructuras, los sectores y las tecnologías críticas cuya pérdida puede afectar a la seguridad y el orden público. Sin embargo, desde el frente húngaro se ha entendido desde un primer momento que Talgo no solo no es una empresa estratégica, sino que se cuestiona entre bambalinas cómo una empresa que carece de habilitación de seguridad puede impactar en la seguridad nacional. El Ministerio insiste en su comunicado en que la histórica compañía española “es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España”.
La opa de Ganz-MaVag, a 5 euros por título, no podía ser más jugosa para el grueso de los accionistas de Talgo, muchos de ellos con claro perfil financiero. De hecho, la instrumental Pegaso, titular del 40% del capital, ya expresó claramente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de vender, impulsada por el interés del fondo Trilantic. Comparte vehículo inversor con la familia fundadora Oriol y con Torreal, la firma de Juan Abelló. Además de este núcleo duro, otros inversores son la familia Torrente Blasco, con un 5,03% a través de la instrumental Torreblas, y la aseguradora Santa Lucía con un 2,86%. Entre los miembros del consejo se reparte otro 3,5% de la empresa. El bloqueo de la opa supone un claro menoscabo para quien tuviera intención de vender, con una cotización que no ha superado esos 5 euros en lo que va de año.
La judicialización del proceso puede, además, tener efectos colaterales para Talgo, necesitada de una solución industrial y con serios problemas para cumplir con sus contratos y los plazos de entrega de trenes. El plan alternativo alentado por el Gobierno, la irrupción de Skoda en el capital de la mano de Criteria, tendría dificultades para fraguar en un mar de inseguridad jurídica, especialmente si los tribunales toman algún tipo de medida cautelar. El hecho de que el grupo checo no planteara una propuesta económica y se limitara a ofrecer una propuesta de “combinación de negocios y de integración industrial” ya encendió las alarmas en la compañía, que incluso le requirió información detallada sobre la propuesta y, en concreto, que indicara si implicaba una contraprestación en efectivo superior a la ofrecida por Ganz-MaVag. Ahora, sin la competencia húngara, se le allana el camino.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días