El Gobierno ha autorizado el 90% de las ofertas por empresas españolas bajo el escudo antiopas
Desde su creación en 2020 se han evaluado 263 operaciones y solo se tumbó una, en 2022. Las operaciones de Talgo o Naturgy deben pasar por el régimen de control de inversiones
El escudo antiopas no ha supuesto un bloqueo a la inversión extranjera en empresas españolas que, por su actividad, son consideradas estratégicas. Así se infiere de los datos publicados por la secretaría general de inversiones exteriores entre 2020 y 2023, periodo en el que se sometieron a autorización previa un total de 263 operaciones de inversión foránea. De ellas, 236, el 90%, fueron autorizadas y solo una, en 2022, fue rechazada. El resto fueron archivadas al no considerarse necesaria una autorización previa.
El mecanismo legal para controlar la inversión extracomunitaria sobre empresas españolas se puso en marcha en 2020, en plena pandemia, y se ha mantenido hasta la fecha. Entonces, el Gobierno buscaba proteger sectores empresariales considerados estratégicos y que, por efecto de la crisis del Covid-19 en los mercados financieros, resultaban auténticos chollos para inversores oportunistas de todo el mundo.
Por ello, se introdujo el artículo 7 Bis en la Ley 19/2003 sobre movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior. En síntesis, dicho artículo sometía a control del Estado las propuestas de inversión procedentes de fuera de la Unión Europea que supusiesen la toma de un mínimo del 10% del capital de una empresa española en sectores críticos, como infraestructuras, energía, tecnología, insumos fundamentales o medios de comunicación. El mismo se aplica también a inversores de la Unión Europea, pero cuya “titularidad real” esté en manos extracomunitarias. “El objetivo no es establecer barreras a la inversión extranjera, sino analizar el riesgo de estas inversiones para España”, dice el último informe publicado por la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía.
Esa norma, en principio de carácter temporal, no solo se ha mantenido, sino que se reforzó el año pasado con el real decreto de inversiones exteriores que, entre otros puntos, también fija un control sobre inversiones a partir de un 5% del capital en empresas con contratos con el Ministerio de Defensa. También define la composición y los deberes de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex). Esta es la encargada de evaluar y elevar en cada caso su informe de autorización o rechazo para que el Consejo de Ministros tome la decisión definitiva. Esta también puede pasar por la dirección general de Comercio Internacional e Inversiones, en operaciones inferiores a cinco millones de euros.
La Jinvex está presidida por la actual directora general de comercio internacional e inversiones, Alicia Varela, y está compuesta por un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), otro de la dirección operativa del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, y uno de cada ministerio, con rango mínimo de subdirector general.
Reuniones
Durante 2023 la actividad de la Jinvex fue más intensa que nunca. El año pasado, este órgano interministerial tuvo que evaluar un mayor número de solicitudes de autorización, 97, un 17% más que en 2022 y un 76% más que en 2021. Para ello también tuvo que reunirse en un mayor número de ocasiones, 26, siete más que en el año precedente, y casi el doble que en 2021.
De esas 97 inversiones evaluadas, 80 fueron aprobadas sin ningún tipo de medida de mitigación, mientras que estas sí se impusieron en ocho casos. Con ellas, se buscó “garantizar el suministro de determinados bienes o servicios considerados fundamentales y difícilmente sustituibles para la prestación de servicios esenciales”, limitar el acceso “del inversor a información sensible”, o evitar “pérdida de soberanía en ciertos ámbitos, especialmente el tecnológico”.
En 2024, la actividad del control de inversiones sigue siendo elevada, al menos por los importantes casos que tiene encima de la mesa. En los últimos meses, el escudo antiopas ha salido a relucir en tres casos de calado: la inversión de la saudí STC por hasta el 9,9% de Telefónica; la opa de la húngara Magyar Vagon sobre Talgo; o la inminente oferta de la emiratí Taqa, de la mano de Criteria, por el 100% de Naturgy. Todas por motivos distintos.
En el primer caso, STC anunció su intención de alcanzar el 9,9% del capital de Telefónica. Un porcentaje que no llegaría al 10% definido por el artículo 7 Bis, pero que sí supera el 5% del decreto de inversiones exteriores para compañías que, como la teleco, tiene contratos con el Ministerio de Defensa. Desde que la saudí hiciese públicas sus intenciones, en septiembre del año pasado, no ha movido ficha y sigue con el 4,9% que ya tenía en la española.
En Talgo, pese a que Magyar es de capital húngaro, representantes del Gobierno no han ocultado sus sospechas de que detrás de la firma hay intereses rusos. La Jinvex, que también tiene capacidad para investigar, ya ha solicitado a Magyar que detalle quién está detrás de su compleja estructura societaria. Y en el caso de Naturgy, por la propia naturaleza estratégica de su principal negocio, el gas, y la procedencia emiratí de Taqa.
Los inversores de EE UU, los más activos
Según el último informe sobre control de inversiones extranjeras en España, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio, EE UU fue el origen del mayor número de solicitudes para adquirir participaciones en empresas españolas. En concreto, el 43% del total llegaron de allí. Desde que en 2020 se empezaron a desglosar los datos, EE UU es el principal país de origen de los inversores analizados. En el último año recortó distancias Emiratos Árabes, que acaparó el 11%, cuatro puntos más que en 2022.
Por sectores, industria manufacturera y comunicaciones e información acapararon el 50% de las solicitudes, con un 25% cada uno, seguido del sector energético con un 15%.
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