BBVA cumple un año a la espera de conocer si va a juicio por el caso Villarejo
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene pendiente resolver los recursos contra los indicios de delito que le atribuyó el juez instructor
La investigación judicial sobre los trabajos de espionaje que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo a políticos, empresarios y periodistas por, supuestamente, encargo de BBVA concluyó hace un año y desde entonces, es una incógnita si la entidad finalmente irá a juicio por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. El banco pilotado por Carlos Torres está a la espera de que la Sala de lo Penal resuelva si la decisión del entonces juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón (ya jubilado) de llevarle ante un tribunal, como persona jurídica, es correcta y conforme a derecho o, por lo contrario, archiva su presunta responsabilidad penal y le deja fuera de esta causa que le lleva persiguiendo desde julio de 2019, fecha de su imputación.
El ex titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dictó el 20 de junio de 2024 el auto con el que puso fin a la instrucción de esta novena pieza separada de la macrocausa Tándem (o caso Villarejo). En él señaló los indicios que considera que existen contra la decena de investigados por estos hechos que tuvieron lugar entre 2004 y 2017. Sobre esta resolución existía gran expectación en el mundo financiero y jurídico acerca de si el juez, finalmente, propondría juzgar a una empresa del Ibex 35, después de que las otras del selectivo que se vieron salpicados por esta causa, como Repsol, CaixaBank e Iberdrola, fueran desimputadas (en el caso de la eléctrica por prescripción). Asimismo, otra de las dudas de entonces era si el magistrado también ordenaría continuar el procedimiento penal contra ex altos cargos de la entidad o limitaría la presunta responsabilidad de contratar a Villarejo en el exjefe de seguridad corporativo, como ha ocurrido en otros casos.
Finalmente, el juez marcó distancias con las otras líneas de investigación que afectaron a las otras cotizadas y acordó dejar a un paso del banquillo de los acusados tanto a BBVA, como persona jurídica, como al expresidente del banco Francisco González o al ex consejero delegado Ángel Cano. También se dirigió contra el entonces director de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega; el exresponsable de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu; el hasta hace poco jefe de auditoría interna, Joaquín Gortari, que abandonó la entidad en marzo; o el exdirector de seguridad, Julio Corrochano (al que se le atribuye ser el enlace entre la entidad y el comisario), entre otros, como el expolicía.
El juez, que siguió lo marcado por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito presentado un mes antes en el que pedía dejar la causa ya lista para enjuiciar, afirmó en su resolución que “un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad” conocían los trabajos de Villarejo, que comenzaron en 2004 para intentar frenar el intento de Sacyr Vallehermoso de tomar el control del banco.
Esta resolución fue recurrida ante la instancia superior al instructor, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que de momento no ha dado a conocer su opinión al respecto. Los magistrados deberán revisar cada uno de los indicios razonables de delito que el juez achacó a los investigados a los que ha propuesto juzgar y con ello decir si todos o algunos de ellos deben ser juzgados.
La decisión final de la Audiencia Nacional es clave para BBVA, en cuyo recurso recalcó que se siente víctima de una “causa general” porque las pesquisas se han centrado en la investigación interna (forensic) que encargó a la firma de servicios profesionales PwC para depurar responsabilidades. Además, se encuentra en un momento importante para la opa que en mayo de 2024 (justo un mes antes de que le pusieran al borde del banquillo) lanzó sobre Banco Sabadell y que, a finales de abril, ya recibió el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Últimos pasos de la opa
BBVA tiene que superar el último trámite institucional, y no menos importante. El Gobierno, que habrá analizado los resultados de la insólita consulta pública que realizó el Ministerio de Economía para sondear ciudadanos, organizaciones y asociaciones y ver si la operación respeta el interés público, llevará su conclusión sobre la opa el 24 de junio a Consejo de Ministros. El Ejecutivo puede mantener las condiciones impuestas por la CNMC o puede agravarlas, dificultando así, o incluso haciendo imposible, la transacción. El presidente de BBVA advirtió en una entrevista a Onda Cero el pasado jueves que si se fijan condiciones extras acudirá a los tribunales.
Hasta el momento, la situación procesal de BBVA por el caso Villarejo no ha afectado al desarrollo de la opa, si bien fuentes del sector económico apuntan que si la Audiencia Nacional manda a la entidad de origen vasco a juicio sí podría tener influencia de peso en el último paso a cumplimentar: la presentación de la oferta a los accionistas de Banco Sabadell. El presidente de la entidad catalana, Josep Oliu, señaló en una reunión con accionistas el pasado mes de octubre que si aceptan la integración en BBVA, eventualmente tendrán que afrontar un riesgo de litigación. “Esta acusación, de concretarse, podría tener un efecto sobre el precio de la acción”, afirmó.
Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue adelante y las acusaciones particulares (los perjudicados por los espionajes) presentaron sus escritos de acusación provisionales, en los que solicitan penas de prisión para los altos cargos de BBVA, mientras que contra el banco han planteado multas, algunas de las acusaciones solo le atribuyen la responsabilidad civil subsidiaria. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, cuyo relato suele tener mucho peso durante la celebración de la vista oral, y que durante toda la investigación ha sido muy beligerante con la entidad afirmando que su colaboración con la justicia no ha sido tan real como presume, aún no ha presentado sus conclusiones, a la espera de que la Sala de lo Penal resuelva los recursos. Ello se debe a que los magistrados pueden hacer precisiones sobre los hechos a enjuiciar, modificar la presunta participación de los acusados en los mismos o incluso archivar su presunta responsabilidad.
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