Economía cierra la consulta pública sobre la opa a Sabadell con la negativa de BBVA a participar
El Ministerio de Economía avanza para elevar su opinión al Consejo de Ministros antes del 27 de mayo tras cerrarse este viernes el plebiscito
El Ministerio de Economía avanza para decidir qué condiciones impone en la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Una vez terminada la consulta pública este viernes, dos semanas después de su lanzamiento, ultima su decisión sobre la operación. En la última jornada hábil, el BBVA aclaró en un comunicado que ha decidido no participar en ella y que entiende que “no hay factores de interés general” afectados por la opa. Sí afirma que trasladará sus consideraciones tanto al Ministerio como al resto de autoridades de forma paralela a la consulta.
El banco que pilota Carlos Torres también ha puesto de manifiesto que los compromisos ya asumidos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tiene mayor presencia Banco Sabadell, como Cataluña”. En esta lista de requisitos asumidos por el banco ante Competencia están, entre otros, no cerrar oficinas en las áreas con menos competidores o de renta más baja, blindar las condiciones comerciales donde haya uno, dos o tres entidades, así como mantener todo el crédito a corto plazo a las pymes o el de medio y largo plazo según determinadas condiciones.
“Creemos que este proyecto de unión es bueno para todos: clientes, empleados y accionistas de ambas entidades, así como para la sociedad en su conjunto. Es un proyecto de crecimiento con el que aumentaremos la capacidad de financiación a empresas y familias en 5.000 millones de euros adicionales al año”, afirmó la entidad en su nota.
La consulta pública convocada por el Gobierno para recabar opinión social acerca de la opa que pretende el BBVA sobre el Banco Sabadell concluyó con la misma incertidumbre que rodeó su puesta en marcha, diez días atrás. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, repitió hasta última hora que la idea no fue nunca concebida como “un referéndum”. No obstante, en un proceso abierto para que todos pudieran participar, quien más discreción ha mostrado han sido los dos principales afectados por la operación. El silencio ha sido especialmente espeso en el Sabadell, que este jueves convocó a su consejo pero no reveló ni un detalle de como se han vehiculado las alegaciones presentadas en la consulta. El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, había dado por sentado la semana pasada que se elevarían impugnaciones porque la ofensiva que impulsa el BBVA no tiene “futuro” ni tampoco “sentido”.
Cuerpo también se ha pronunciado al respecto el viernes. En una entrevista concedida a TVE, el ministro de Economía ha defendido que buscan analizar con la consulta información “cualitativa, relevante” sobre los posibles efectos negativos de la transacción sobre el interés general, diferentes a los de competencia. Y ha recordado que los recelos que el Gobierno expresó desde un principio versaban sobre una excesiva concentración en el sector, pero también sobre otros elementos como la inclusión financiera, la red de oficinas, el mantenimiento del empleo o la cohesión territorial.
El Ministerio aún debe analizar las respuestas de dicha consulta para proponer, antes del 27 de mayo, si endurecer o suavizar las condiciones acordadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Y el Consejo de Ministros cuenta con un mes más para resolver, lo que lleva la decisión final sobre la oferta a la última semana de junio.
El banco catalán ha logrado movilizar a una serie de aliados en defensa de su integridad. Los últimos en levantar la mano en favor de la entidad vallesana fueron los sindicatos UGT y CC OO, que este viernes advirtieron de que la operación de compra hostil del BBVA al Sabadell podría suponer “una pérdida masiva de empleo”, de entre 7.684 y 10.567 puestos de trabajo directo, que afectaría especialmente a personas mayores de 50 años.
En un escrito formal enviado este viernes al Ministerio de Economía, ambos sindicatos avisan de los “riesgos económicos, sociales y laborales” de una operación a la que se oponen “frontalmente”, porque, a su juicio, no atiende a “razones de eficiencia ni competitividad”.
Durante una visita a Barcelona, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, hizo un alegato similar y pidió al Gobierno que “proteja” los puestos de trabajo de los empleados del BBVA y el Banco Sabadell, así como el servicio que reciben los clientes de ambos bancos. En declaraciones a los periodistas junto al presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, Tellado se mostró crítico con la consulta, pero subraya que el Gobierno debería “garantizar la actividad económica de las dos entidades bancarias”.
La semana pasada, patronales catalanas y entidades empresariales consensuaron enviar una carta a Pedro Sánchez, esgrimiendo que existen “poderosas razones de interés general que justificarían la intervención del Gobierno” para bloquear una operación que empezó hace un año y que está en plena recta final.