BBVA indemnizó con 618.000 euros a su exjefe de Seguridad tras su despido
Julio Corrochano aporta al juez de la Audiencia Nacional el acuerdo que firmó con el banco en abril de 2018
El despido del exjefe de Seguridad de BBVA ha sido una incógnita desde el inicio del ‘caso Villarejo’. Julio Corrochano, uno de los principales investigados por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, salió del banco justo un mes antes de que empezaran a aparecer noticias sobre los trabajos de supuestos espionajes que el polémico policía realizó para la entidad financiera entre 2004 y 2017. La pregunta se ha despejado. Corrochano y BBVA pactaron una indemnización de 618.145 euros por su despido. En concreto, 480.000 euros brutos más 138.145 euros a pagar en nueve meses.
Así consta en el documento de salida, al que tuvo acceso CincoDías, firmado el 13 de abril de 2018 por Corrochano y BBVA. En él, la empresa afirma que el banco despidió al que fuera su jefe de Seguridad Corporativa durante más de 15 años por “causas disciplinarias” y, además de admitir la “improcedencia” del mismo, señala que “tras la correspondiente negociación y en aras de evitar una controversia judicial” se acepta el abono de dicha cifra.
Esto contrasta con uno de los datos de la investigación interna que realizó el banco para depurar responsabilidades por los encargos al agente encubierto, que apunta que Corrochano se jubiló en abril de 2018, tres meses antes de cumplir los 65 años, según consta en el sumario de la causa.
El documento suscrito tampoco hace referencia a Villarejo. La decisión se adoptó cuando todavía no se tenía conocimiento público de los contratos de Villarejo, ya que las primeras noticias se publicaron en mayo de ese año.
Secreto profesional y no desprestigiar a BBVA
Las estipulaciones del documento se centran en la obligación de Corrochano a “guardar el más absoluto secreto profesional”; a “no desacreditar, desprestigiar o hacer comentarios negativos” (o alentar o incitar a terceros a ello) sobre el banco o cualesquiera de sus directivos o empleados; y a prestar colaboración "en el desarrollo de cualquier asunto contencioso en que BBVA o el Grupo se vean imersos, o de cualquier investigación que emprenda cualquier organismo regulador, incluso cooperando en la preparación de sus declaraciones como testigo".
Con todo ello, el acuerdo concluye que si Corrochano incumpliera alguno de los puntos expuestos en el documento "podrán serle exigidos los daños y perjuicios que dicho incumplimiento ocasionaran a la empresa o a su grupo empresarial".
El documento en cuestión ha sido remitido por el propio exdirectivo a la Audiencia Nacional, después de que el juez Manuel García Castellón solicitara a BBVA toda la documentación relativa a las “salidas” de los directivos imputados en la causa, a partir de marzo de 2018. Todo ello después de que la Fiscalía Anticorrupción recibiera un correo electrónico anónimo, junto a una noticia periodística, en el que se afirmaba que Corrochano aceptó “900.000 euros” por su despido “y antes de estallar el escándalo Villarejo”.
Variable sin cobrar
Para desmentir esta afirmación, y en "aras de mostrar máxima colaboración en la instrucción del procedimiento", Corrochano se ha adelantado a BBVA y ha aportado dicha documentación para demostrar que la indemnización fue “del todo acorde con el salario” que percibía, que según consta en el acuerdo era de 174.500 euros anuales, y al importe “modesto, o incluso escaso” de un pacto de no competencia y no contratación post-contractual, por el que se le prohibió desempeñar actividad laboral alguna en entidades del sector bancario españo o hacer una oferta de trabajo a cualquier empleado de BBVA.
"Estos dos importes son los únicos percibidos como consecuencia de sus salida, ya que los importes correspondientes al cobro del variable, que debieron haberse cobrado en 2020 y en 2021, lo cierto es que no se han cobrado hasta la fecha", indica el escrito que ha presentado la defensa de Corrochano. En este sentido, indica que BBVA ha retenido el abono de 50.433 euros más acciones hasta la finalización del presente procedimiento y supeditado a que el exjefe de Seguridad resulte absuelto de los delitos atribuidos.