La Audiencia Nacional absuelve a los exdirectivos de Repsol y CaixaBank por contratar a Villarejo
El tribunal condena a ocho años de prisión al comisario jubilado por los espionajes al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y su entorno
La Audiencia Nacional considera que los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank que fueron juzgados por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en 2011 para frenar la alianza entre Sacyr Vallehermoso y Pemex, que querían hacerse con el control de la petrolera española, no tienen ninguna responsabilidad en los trabajos de espionaje que realizó el expolicía para cumplir con el encargo. Esa es la principal conclusión de la sentencia que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal acaba de dictar, y a la que ha tenido acceso este diario, en la que absuelve a los exdirectivos acusados de ambas compañías de los delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil, así como de cuatro delitos de descubrimiento de secretos de particulares.
El tribunal sí condena a Villarejo a ocho años de prisión por cuatro delitos de descubrimiento de secretos de particulares por espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y a su entorno más cercano con la intención de conseguir información sensible que ayudara a frenar la acción sindical. Por este mismo delito, la Audiencia también impone una pena de seis años de cárcel como cooperador necesario a Rafael Redondo, el que fuera el socio del comisario jubilado en Cenyt, el entramado a través del cual se facturaron los trabajos privados de Villarejo mientras seguía en activo en la Policía Nacional.
A la hora de imponer estas penas, el tribunal ha tenido en cuenta el tiempo que ha tardado en ventilarse este procedimiento (se inició a investigar en diciembre de 2019 y la sentencia está fechada el 12 de mayo de 2025) por la complejidad y la ingente cantidad de documentos que conforma la macrocausa y sus “particulares”, por lo que ha estimado oportuno aplicar la atenuante de dilaciones indebidas. Asimismo, ha absuelto a estos dos acusados de los delito de cohecho y falsedad en documento mercantil que se le atribuían.
En cualquier caso, se trata de la tercera condena que la Audiencia Nacional impone al comisario jubilado, a quien ya se le castigó con 19 años de prisión en el primer juicio que afrontó por las piezas separadas Iron, Land y Pintor, a los que se suman otros tres años y un día por el encargo que le hizo el Grupo Planeta para investigar al árbitro que dirimió el litigio que le enfrentó con Kiss FM.
Aunque esta línea de la macrocausa Tándem (la pieza separada número 21) ha sido el primer juicio que habría salpicado directamente a empresas del selectivo español, bajo la condición de responsables civiles subsidiarios —Iberdrola también figura en otro procedimiento con la misma condición y BBVA espera conocer si finalmente va a juicio, acusada como persona jurídica—, al inicio del juicio se comunicó que finalmente se libraban de este trámite porque las acusaciones particulares decidieron reservarse su derecho a presentar acciones civiles o renunciaban a acusarlas. Esto significó que solos los exjefes de seguridad afrontarían la vista oral junto a Villarejo y su exsocio.
No hay “interés público”, sino “particular”
A lo largo 651 páginas de la sentencia, la Sección Cuarta da por acreditado que “con la finalidad de cumplir el mandato de sus superiores”, los exdirectivos acusados de Repsol y CaixaBank —como principal accionista de la petrolera en la época de los hechos— “contactaron los primeros días del mes de octubre de 2011″, aprovechando una fiesta del patrón de la policía, con Villarejo para ver si podían “obtener información acerca de los intervinientes en el pacto [Sacyr-Pemex], así como acerca de la financiación de la operación, y las personas que en aquella hubiera tenido participación”.
Este hecho demostraría, a juicio del los magistrados, que los acusados conocían que la cabeza visible de Cenyt era un funcionario de Policía. Sin embargo, consideran que no se cometió el delito de cohecho porque la finalidad de la contratación no era “causar un menoscabo a la Administración Pública en beneficio propio, sino alcanzar unos intereses particulares y espurios”. Asimismo, el tribunal resalta que aunque la actividad privada de Villarejo era “conocida y tolerada por sus superiores a todos los niveles”, no actuaba “al servicio de un ente público (...) ni realizaba actuaciones de interés público”. Y añade que no consta el pago de ninguna dádiva, sino que las cantidades abonadas responden a la “contraprestación de los servicios” llevados a cabo por el comisario. En total, Repsol y CaixaBank pagaron 413.600 euros.
De este modo, la Sección Cuarta insiste en su tesis acerca de que no se dan los requisitos para condenar por este delito, que está siendo uno de los principales puntos de debate entre el tribunal y la Fiscalía Anticorrupción, que sí ve suficientes muestras de que el agente encubierto se valió de su condición de policía y medios para desarrollar los encargos de empresas privadas y que todo ello encaja en el delito de cohecho.
Tras una primera propuesta de Cenyt que fue rechazada, y pese a las sospechas iniciales de que Villarejo había propuesto sus servicios a la otra parte del conflicto empresarial, el exjefe de seguridad de Repsol Rafael Araujo y su número dos, Rafael Girona Hernández, decidieron la contratación externa de dicha empresa. Posteriormente, se sumó al encargo el entonces director del seguridad corporativa de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño.
Pinchazos telefónicos
El comisario jubilado bautizó este trabajo como proyecto Wine, que se alargó hasta 2012 y por el que recabó información “de todo tipo” de Luis del Rivero, “incluyendo la totalidad de sus movimientos empresariales, y las personalidades de todo tipo con las que se reunía y contactaba y que, a juicio de los acusados, podrían intervenir en su favor, en los conflictos que aquel mantenía con los dirigentes de Repsol YPF”, dice la sentencia. Para ello, el expolicía se hizo con el tráfico de llamadas del expresidente de la constructora, pero también de personas cercanas a este como su mujer Natividad Martínez; Rodrigo Álvarez Vázquez, exjefe de seguridad de Sacyr Vallehermoso; y Fernando Ramírez Mazarredo, antiguo director financiero de Repsol.
La información obtenida fue trasladada a los exaltos cargos de Repsol y CaixaBank en informes y notas informativas, si bien la resolución destaca que no hay nada que haga indicar que conociesen que se habían rastreado de conversaciones telefónicas, sino solo tenían un listado de llamadas. En este sentido, la sentencia señala también que estos directivos trasladaban los documentos elaborados por Cenyt a sus superiores inmediatos, pero apunta que no consta que estos “tuvieran conocimiento que el titular real de la empresa proveedora de los servicios contratada por sus subordinados fuera un comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía”. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el de la Fundación La Caixa (y de CaixaBank en el momento de la contratación de Villarejo), Isidro Fainé, estuvieron investigados en esta causa, pero su presunta responsabilidad penal fue archivada al no haber pruebas que demostraran que la orden de contratar a Cenyt partió de ellos.
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