Las eléctricas presentan una propuesta sobre el calendario nuclear que revisará la tasa Enresa
Piden ampliar Almaraz hasta 2030, lo que implicaría una bajada de la tasa del 18% al dividirse la recaudación por más años de producción
Las dos grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, han presentado al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de revisión del calendario nuclear, que supone mantener la fecha final de cierre, en 2035, y un aumento de los plazos intermedios previstos. Así, según fuentes próximas al Gobierno, la propuesta incluye, entre otras, la intención de solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la prórroga hasta 2030 de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, solicitud que deberán formalizar antes de marzo de 2026 (todo el complejo cerraría ese año, pese a que la caducidad de los grupos está prevista para en 2027 y 2028, respectivamente).
En marzo del próximo año es la fecha límite para pedir la renovación del permiso de explotación de Almaraz, un año antes del cierre definitivo que figura en la orden ministerial en la que se sustanció el acuerdo de marzo de 2019 entre las compañías propietarias del parque nuclear y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y por el que se fijó un calendario ordenado de cierre de las siete plantas, que comienza con Almaraz y concluye con la de Trillo, en 2035, y a medio camino, las de Ascó I y II, Vandellós y Cofrentes.
El anuncio de que Iberdrola (con un 52,7% del capital), Endesa (el 36%) y Naturgy (el 11,3%), solicitarían la prórroga de Almaraz ha hecho creer que habrían renunciado a su insistente petición de una rebaja de las cargas fiscales que soportan las centrales, como la desaparición del impuesto sobre el combustible nuclear gastado; el del 7% a los ingresos por cualquier tipo de generación (y que por tanto, afecta a todo tipo de plantas), y un recorte de la tasa para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales, de los que se ocupa Enresa. Por el momento, según fuentes del sector, las empresas están dispuestas a renunciar a su pretensión de rebaja de la tasa Enresa, que han llevado a los tribunales con una demanda contra el 7º Plan Nacional de Residuos Radiactivos y la revisión al alza de la propia tasa, que el Gobierno incluyó en dicho plan a la vista de la imposibilidad de construir un Almacén Temporal Centralizado (ARC) y la necesidad de construir almacenes individuales en cada instalación (ATD).
El Ministerio de Transición ha calificado este viernes la carta (que no firma Naturgy) como “una declaración de intenciones”, en la que plantea la extensión de la vida de varias centrales (Ascó y Cofrentes, según otras fuentes). El ministerio recuerda que las propuestas de renovación y en el caso de Almaraz, Naturgy no la ha suscrito pues ha dejado claro que defiende las rebajas fiscales.
Transición Ecológica señala que la propuesta recibida “está condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales, en perjuicio de consumidores y ciudadanos, al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas”. Y considera “que no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal: que haya seguridad para las personas; que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.”
Pero la cuestión tiene truco, pues se da la circunstancia de que con una posible prórroga de Almaraz hasta 2030 la tasa se reducirá de los actuales 10,3 euros/MWh a 8,5 euros/MWh, casi un 18% menos, pues la cantidad a recaudar se dividirá por un mayor número de megavatios, los que generarían los dos grupos de la central cacereña en los años que se añadirían a su vida útil. No obstante este resultado, las compañías consideran que es necesario recalcularla y ponerla negro sobre blanco en una norma. El Gobierno sostiene que una rebaja directa de la tasa Enresa podría considerarse una ayuda de Estado ilegal por la Unión Europea.
Las eléctricas rechazan cualquier nueva subida hasta 2035, cuando todas hayan “entregado las llaves” al Estado, que, de ser necesaria, debería ser asumida por los consumidores eléctricos o, en su caso, los contribuyentes. Los planes del Gobierno incluían un incremento de la tasa, o “tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario”, de 2,38 euros MWh respecto a la acordada entre las empresas del sector y la propia Enresa en el memorando (no vinculante) de cierre, que quedó finalmente en 10,36 euros/MWh y que las empresas pagan desde julio del año pasado: 130 millones de euros adicionales a los 450 millones que aportaban al fondo de Enresa.
Respecto al impuesto sobre el combustible nuclear gastado, aprobado por el último Gobierno de Mariano Rajoy para paliar el abultado déficit de tarifa, que llegó a rondar los 30.000 millones de euros, las eléctricas consideran que, dado que dicho déficit desaparecerá definitivamente en 2028, no tiene sentido que el impuesto grave a la nuclear. O que desaparezca o que se recaude para Enresa y con estos ingresos esta empresa pública podría rebajar a su vez la tasa para la gestión de los residuos. Menos problemático resulta el impuesto al 7% de la producción, pues se puede trasladar al consumidor, afecta a todo tipo de plantas y tiene escaso efecto en las nucleares.
Nuevo permiso
¿Por qué Almaraz tiene que volver a pasar por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para un permiso que ya tenía? En el otorgamiento inicial de prórroga de 2019, el organismo de seguridad nuclear aprobó un dictamen favorable para la autorización de explotación de los dos reactores de Almaraz para un periodo de 10 años, pero, dado que su cierre se acordó (entre las propietarias y Enresa) para siete años (2027 y 2028, respectivamente), estas están obligadas a volver a pasar por el organismo de seguridad al tratarse formalmente de una renovación, tal como ocurrió en el otorgamiento inicial. Sin embargo, dado que ya disponían del permiso para 10 años, un nuevo informe para tres años incluidos, “será necesariamente favorable”, indican fuentes políticas.
Sin embargo, la última palabra la tendrá el Ministerio para la Transición Ecológica, que, según las mismas fuentes, no parece dispuesto a discutir por tres años arriba o abajo. Otra cuestión sería una prórroga larga de todo el calendario, que ya afectaría a las centrales catalanas de Endesa (Ascó I y II y Vandellós), que no parece estar encima de la mesa. De no modificarse, y de ampliarse la vida de Almaraz, la clausura de todo el parque se concentraría en cinco años: entre 2030 y 2035.
En cualquier caso, según opinan fuentes del sector, el ministerio que dirige Sara Aagesen deberá retratarse derogando la orden ministerial de cierre que, aunque fue consecuencia del acuerdo con Enresa, es una traba en la autorización. Fuentes próximas al Gobierno consideran que esto no es un problema, porque el permiso de ampliación de la vida de Almaraz (u otras posibles) deberá figurar en otra orden que anularía aquella, en el caso de que el ministerio dé el visto bueno. Sin embargo, las empresas piden su anulación previa.
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