El PP valenciano elimina la ecotasa de la nuclear de Cofrentes y abre una brecha con Extremadura
La Generalitat renuncia a los 14 millones de ese tributo y deja en evidencia al Gobierno extremeño que se niega a hacer lo mismo con Almaraz
Los Presupuestos de la Comunidad Valenciana que el Partido Popular logró sacar adelante en las Cortes regionales en la noche de miércoles con el apoyo de Vox incluye la supresión del impuesto autonómico a la central nuclear de Cofrentes (la única ubicada en su territorio y cuyo cierre está previsto para 2030), lo que supone renunciar a los 14 millones anuales que las arcas valencianas recibieron el año pasado por el Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente (conocida como ecotasa, que se aplica desde 2012). Cofrentes es propiedad 100% de Iberdrola, también la distribuidora eléctrica de la región.
Las cuentas para este año, impulsadas por el presidente valenciano, Carlos Mazón, han salido adelante gracias al apoyo de su socio de Gobierno, Vox, y contrasta con la posición de los populares extremeños que se niegan a eliminar la ecotasa de los dos grupos de Almaraz, en la provincia de Cáceres, que le suponen unos ingresos de 82 millones al año para esta comunidad, lo que representa casi el 88% de la recaudación por tributos propios. En el caso del Gobierno de María Guardiola también su socio Vox ha exigido la supresión de la ecotasa nuclear, a lo que el Ejecutivo regional se ha negado en rotundo, pese a su defensa pública de la energía nuclear, que también comparte el PP nacional, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. En Almaraz participan Iberdrola, Endesa y Naturgy, con el 52,7%, el 36% y el 11,3%, respectivamente.
De hecho, el PP extremeño vetó una propuesta de Vox para reducir dicha ecotasa a la mitad, como demostración del apoyo de estos partidos a la energía nuclear.
La medida de Mazón llega en un momento clave sobre el futuro del calendario de cierre ordenado de las centrales nucleares, un protocolo no vinculante aprobado entre las grandes eléctricas y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), y supone un espaldarazo a las empresas, que han venido reclamando la desaparición de los impuestos nacionales (el que grava el combustible nuclear gastado y el del 5% a todo tipo de generación), así como un recorte del 30% de la tasa para la gestión de residuos y el desmantelamiento de las plantas. Es probable que las empresas reduzcan sus pretensiones respecto a la tasa Enresa. Fuentes empresariales consideran que esta posición demuestra “una falta de coherencia territorial en el PP, que amenaza con desdibujar el discurso energético nacional, que defiende Feijóo”, incluso a través de una proposición no de ley presentada en el Congreso para ampliar la vida útil del parque nuclear, cuyo cierre se inicia con los dos reactores de Almaraz, en 2027 y 2028.
Precisamente en su intervención de ayer en el foro CREO 2025, foro organizado por Cinco Días, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, confirmó que las compañías propietarias van a solicitar la extensión de la vida de las nucleares ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Concretamente, tres años para Almaraz, ya que a esta planta este organismo ya le otorgó 10 años de funcionamiento desde el punto de vista de la seguridad tras el protocolo de cierre, en que se decidió que se haría en 2027 y 2028, por lo que solo necesitaría ahora el visto bueno para tres años más. A las compañías se les va agotando el plazo para esta solicitud. También está previsto que las eléctricas hagan una propuesta formal para el recorte de los impuestos nucleares al Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen.
Cataluña y Castilla y León
Sobre el resto de las centrales nucleares, las de Ascó I y II y Vandellós II, ubicadas en Tarragona, y la de Trillo, en Guadalajara, sus respectivos gobiernos autonómicos (del PSC y el PSOE, respectivamente) están siguiendo las consignas del Gobierno de Pedro Sánchez, de dejar que sean las eléctricas las que soliciten la ampliación de la vida, pero sin hacer concesiones tributarias.
El caso de la Generalitat de Cataluña, que preside Salvador Illa, aunque es partidaria de que las plantas de su territorio (controladas por Endesa), continúen su actividad más allá de lo que marca el calendario de cierre, por la dependencia que mantiene con esta energía. De cerrarse Ascó y Vandellós, la comunidad dependería de la interconexión con Francia y, por tanto, de las nucleares francesas, país que tiene un parque de casi 60 plantas.
Sin embargo, Cataluña mantiene silencio oficial respecto a al cierre y a una bajada de su ecotasa, las más elevada de todas (entre 150 y 165 millones anuales), que se estableció en 2020. La defensa pública de las centrales catalanas corre cargo de Endesa, que tiene el apoyo de Junts y ERC para evitar el cierre.
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