Grifols aleja el riesgo de una ampliación de capital con la nueva emisión de deuda
La compañía vuelve a contar con los servicios de Osborne Clarke España en su refinanciación pese a las críticas de los fondos
El cierre de la nueva refinanciación firmada esta semana por Grifols, que incluye una emisión de deuda de 1.300 millones de euros, parece alejar la opción de una ampliación de capital en la farmacéutica, que era uno de los riesgos que en el mercado se había contemplado en las semanas anteriores. La farmacéutica podría tener que realizar esta inyección si no se alcanzasen las previsiones en sus operaciones, según han señalado fuentes del mercado.
Entre los analistas también se ha barajado esta opción. A finales de noviembre, tras la cancelación de la opa de Brookfield y miembros de la familia fundadora sobre Grifols, Alantra advirtió de que había altas probabilidades de que la empresa necesitase un incremento de capital debido a su ajustada posición de liquidez. El banco advertía de que la liquidez de la compañía, al cierre de septiembre, era de 700 millones de euros, incluyendo 650 millones en efectivo. Dentro del proceso de la opa, Brookfield había recibido el respaldo de la banca para refinanciar la deuda de la farmacéutica.
Ante esta situación, el consejero delegado de Grifols, Nacho Abia, afirmó que no será necesaria ninguna ampliación de capital, indicando que “no hay ninguna desinversión relevante prevista”. La firma vendió antes del verano el 20% de Shanghai Raas por 1.600 millones de euros.
En esta línea, otras firmas como JB Capital, descartaron a final de noviembre el riesgo en Grifols de un incremento de capital en el corto plazo, abogando por una refinanciación de los vencimientos para 2025, tal y como ha sucedido.
En este escenario, Grifols comunicó el miércoles un acuerdo para llevar a cabo una colocación privada de bonos garantizados de 1.300 millones de euros con vencimiento en mayo de 2030, y un cupón anual del 7,125%. La empresa también comunicó otro acuerdo para extender su línea de crédito revolving multidivisa (RCF) hasta mayo de 2027.
Grifols afirmó que sigue en la senda para lograr un resultado financiero récord en 2024, y añadió que una vez cerradas ambas operaciones, su posición de liquidez “mejorará significativamente, aumentando en unos 1.000 millones de euros hasta alcanzar 1.700 millones proforma a partir del tercer trimestre de 2024″. Además, S&P elevó el rating de la compañía, desde B a B+, con perspectiva estable, ante la mejora en las previsiones de las operaciones para 2024 y 2025.
Los mercados financieros han recibido bien estos movimientos. Tras el fuerte castigo de las últimas semanas, motivado por la retirada de la opa de Brookfield y la nueva ofensiva de Gotham City Research, las acciones de Grifols subieron el jueves un 8,5%, hasta recuperar ese día la cota de los 9,5 euros. Eso sí, todavía estaban por debajo de los 10,50 euros por cada acción tipo A, que ofrecía el fondo canadiense, y que fueron rechazados por el consejo de administración de la empresa, al considerar que se infravaloraban tanto los activos como el potencial del grupo. El viernes, tras un inicio de jornada sin apenas cambios, los títulos cedieron un 2,36%.
Osborne Clarke España
Dentro de la citada operación de financiación, Grifols ha vuelto a contar con los servicios de Osborne Clarke España como asesor legal, en este caso, junto a Proskauer Rose LLP, según comunicó la propia compañía. Milbank LLP fue el asesor legal de los bancos e inversores inmersos en la transacción.
Osborne Clarke y su socio, Tomás Dagá, veterano consejero de la propia empresa, han estado en el foco de las críticas de los fondos que han entrado en Grifols, Mason Capital y Flat Footed, que han tomado una posición en la compañía que les ha permitido nombrar un consejero dominical.
Esta misma semana, Flat Footed ha lanzado sus críticas contra el consejo de Grifols y la política de gobierno corporativo, que ha “hecho mella en la confianza de los accionistas”. El fondo afirmó que la empresa ha hecho transacciones que han destruido valor y los conflictos de interés están presentes en todo el consejo, en miembros de la familia Grifols, y en Tomás Dagá en su calidad de socio de Osborne Clarke España. “Aunque se desconoce la cantidad exacta, es probable que el Sr. Dagá haya recibido una parte significativa de los honorarios de la parte legal vinculados a 16 operaciones de fusión y adquisición en las que Osborne Clarke España ha actuado como asesor de Grifols desde 2014, poniendo sus intereses en conflicto con otros accionistas de Grifols”, dijo Flat Footed.
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