Anticorrupción pide que Iberdrola sea responsable civil por el caso Villarejo
La Fiscalía pide 59 años de cárcel para el comisario jubilado y 42 años de prisión para el exdirector de seguridad de la eléctrica, el único directivo que irá a juicio
La Fiscalía Anticorrupción considera que Iberdrola debe responder como responsable civil subsidiario por los trabajos de espionaje que realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo para la eléctrica entre 2004 y 2011. Así lo plantea el ministerio público en su escrito de acusación, en el que señala que la compañía del Ibex 35 debe afrontar de manera indirecta las indemnizaciones que resulten de una eventual condena por los delitos presuntamente cometidos por su exdirector de seguridad corporativa Antonio Asenjo, para quien pide 42 años de prisión. Por este mismo motivo, la Fiscalía atribuye también la misma condición al Estado por los servicios privados que prestó el expolicía mientras seguía en activo.
Por estos hechos, que se han englobado en la pieza separada número 17 de la macrocausa Tándem, Anticorrupción pide 59 años de cárcel para José Manuel Villarejo por los delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos relacionado con la decena de trabajos que realizó para Iberdrola; mientras que para su socio en Cenyt —el entramado empresarial con el que el comisario canalizaba y facturaba los encargos privados—, el abogado Rafael Redondo, plantea una condena de 50 años y seis meses de cárcel.
En su escrito de acusación, que se ha dado a conocer este jueves, Anticorrupción indica que durante el periodo mencionado Asenjo encomendó a Villarejo “diferentes y sucesivas investigaciones sobre distintas cuestiones que afectaban a la compañía”. Y destaca que el exdirectivo conocía la condición en activo en la Policía Nacional de comisario jubilado. “Todas estas investigaciones, contratadas por el Grupo Iberdrola, a través, como se dice, del encausado Antonio Asenjo Martín en su condición de director de seguridad corporativa, estaban dirigidas a obtener información sobre personas físicas y jurídicas competidoras o con las que el Grupo Iberdrola tenía algún conflicto o previsiblemente, a juicio del propio encausado Antonio Asenjo Martín, lo podría tener en el futuro”, explica la Fiscalía.
Así las cosas, Anticorrupción solicita la indemnización a nueve perjudicados de los espionajes —entre los que se encuentran el expresidente de Endesa Manuel Pizarro o el presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez— con un total de 285.000 euros, de los que Iberdrola y el Estado deberán responder de manera subsidiaria. De este modo, Anticorrupción coincide con el criterio del magistrado instructor de la Audiencia Nacional, que el pasado mes abril ya apuntó a que la compañía y la administración tuvieran esta condición cuando dictó el auto por el que propuso juzgar a Villarejo, Asenjo y Redondo.
Durante los más de cuatro años que ha durado la investigación —en octubre de 2019 se iniciaron las pesquisas sobre dichos trabajos y concluyeron en 2023—, el grupo Iberdrola no estuvo nunca imputada en esta causa, aunque algunas acusaciones particulares, como la ejercida por Pérez, lo solicitó en varias ocasiones. La que sí tuvo la condición de investigada fue Iberdrola Renovables por un encargo realizado en 2011, sobre el supuesto espionaje a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Christopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, con quienes Iberdrola se alió para impulsar una serie de proyectos en Rumanía y con quienes surgieron varios conflictos. Finalmente, la responsabilidad como persona jurídica de la filial se archivó un año después por prescripción.
Lo mismo ocurrió con el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, y su entonces cúpula directiva, que estuvieron un año imputados hasta que se reconoció la prescripción de los presuntos delitos atribuidos. Así las cosas, el único exresponsable de Iberdrola que quedaba imputado era el encargado del departamento de seguridad, que se sentará en el banquillo de los acusados.
Más de siete años de trabajo
Según consta en el sumario de la causa y recoge Anticorrupción en su escrito de acusación, Villarejo trabajó para Iberdrola durante siete años. La relación se inició en 2004, cuando arrancó el denominado proyecto Arrow (que duró hasta 2006) y proyecto Aglow. El objetivo del primero era superar los obstáculos que estaban surgiendo para la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera; mientras que el segundo era una solicitud de “colaboración permanente” con Iberdrola dirigida a obtener cualquier información que pudiera resultar de interés para la compañía y que le sirviera para defenderse frente a cualquier actuación que pudiera perjudicar sus intereses.
A la vez, Cenyt llevó a cabo el proyecto Black Board o B-B (2004 y 2005), para obtener información supuestamente sensible sobre las actividades del expresidente de Endesa Manuel Pizarro. En el marco de este espionaje, Villarejo también desarrolló el proyecto Quarter para obtener información sobre las personas con las que Pizarro pudiera haber contactado en relación a la opa que en el año 2005 lanzó Gas Natural sobre Endesa.
A estos le siguieron otros trabajos de investigación sobre candidatos a consejeros en el consejo de administración de Iberdrola (2006) y los bautizados Front (2007), que tuvo por objeto la investigación de trabajadores de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) sobre los que había sospecha de haber facilitado información a terceros sobre la instalación; Gipsy y Posy (2009), relacionados con el presidente de ACS, Florentino Pérez, y un directivo de Iberdrola; o Sugus (2010), que consistía en investigar a Gustavo Buesa Ibañez, quien había sido designado consejero de la filial Iberdrola Renovables. El último de la lista es el proyecto Wind (2011).
Por la prestación de todos estos servicios, el Grupo Iberdrola abonó, mediante diferentes transferencias bancarias, a Cenyt el importe total de 1.047.324,14 euros entre los años 2004 y 2012. De dicha cantidad, Iberdrola Renovables pagó 29.500 euros y el resto fueron abonados por la matriz, Iberdrola, S.A.
Para justificar todos estos pagos, indica Anticorrupción, el entramado empresarial de Villarejo emitió una serie de facturas, cuyos conceptos fueron manipulados por Asenjo para ocultar los verdaderos servicios prestados. Así, la Fiscalía asegura que el exjefe de seguridad corporativa infringió las normas internas de contratación de Iberdrola, ya que procedió a tramitar los pagos por el procedimiento interno sin pedido.
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