El pleito entre Iberdrola y el exdirectivo que acusó a Sánchez Galán en el caso Villarejo llega al Supremo
El ex ‘controller’ de la eléctrica recurre una condena por sacar facturas de la empresa que después utilizó en el proceso
Una de las causas de la batalla judicial iniciada por Iberdrola contra el exdirectivo que señaló al presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, y su equipo en el caso Villarejo será analizada por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Civil del alto tribunal ha admitido a trámite el recurso que José Antonio Del Olmo ha presentado contra una condena por violación de secretos empresariales relacionado con unas facturas de 2004, que años después se pusieron en manos de la Audiencia Nacional para afirmar la existencia de irregularidades en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, lo que provocó la imputación de la cúpula directiva.
La confesión de Del Olmo ante el juez de la Audiencia Nacional que instruyó el caso Villarejo permitió que pasara a ser considerado un testigo clave, pese a que su condición era de investigado. Es más, el exjefe de Control de Funciones Corporativas en Iberdrola, hasta su jubilación en 2016, solicitó protección, bajo la directiva europea whistleblowing —que entonces estaba en trámites parlamentarios en el Congreso de los Diputados para su integración al ordenamiento jurídico español—, diseñada para proteger a quienes informan sobre infracciones, para evitar las “represalias” de Iberdrola como consecuencia de sus relatos sobre cómo se falsearon los conceptos de las facturas de los trabajos desarrollados por el expolicía.
Iberdrola inició una intensa batalla legal, tanto por la vía civil como por la penal, contra el que fuera encargado de verificar y autorizar las facturas del grupo tras sus relatos. Dentro de la baterías de acciones judiciales, la empresa se querelló contra Del Olmo en 2020 por un informe que elaboró en diciembre de 2004 donde reflejaría una triangulación de facturas para esconder los trabajos de espionaje de Villarejo y que entregó a la Audiencia Nacional. La compañía le acusó de robo de documentación y falsedad documental. Aunque la querella se presentó en un juzgado de Bilbao, finalmente fue asumida por el juez del caso Villarejo, que acabó archivando por prescripción la parte relativa a la falsedad documental y envió a los juzgados ordinarios los hechos sobre la revelación de secretos.
En paralelo, la compañía demandó en los juzgados de Bilbao a Del Olmo por violación de secretos empresariales por hacer copias no autorizadas de numerosos documentos (facturas y archivos de contabilidad) sobre pagos a proveedores y dietas y retribuciones a los asistentes a un consejo consultivo de Andalucía en 2004. Esta información fue depositada ante notario en diciembre de 2004 y 15 años después apareció publicada en un medio de comunicación, al tiempo que se aportó a la Audiencia Nacional junto al informe que señalaba a Sánchez Galán y altos cargos de la época de la contratación de Villarejo. Estuvieron imputados durante un año hasta que su presunta responsabilidad se archivó por prescripción del delito.
Del Olmo aseguró, en el marco de este procedimiento que dirimió el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, que él nunca filtró dicha información a la prensa y que nunca ha tenido intención de perjudicar a Iberdrola. Y explicó que depositó ante notario toda la documentación en cuestión por responsabilidad y que con su jubilación destruyó todas las copias que tenía en su despacho, salvo algunas que llevó a su casa relacionadas con la dirección de Seguridad de la empresa y con el “tema Florentino [Pérez]”. El exjefe de dicha área, José Antonio Asenjo, es el único exjefe de Iberdrola que va a juicio por la contratación de Villarejo como nexo de unión entre la empresa y el comisario jubilado; y Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, está personado en la causa como víctima de los espionajes del expolicía para Iberdrola.
Sustracción “ilícita”
El juez de Bilbao concluyó en septiembre de 2021 que Del Olmo sustrajo de manera “ilícita” y “sin consentimiento” estas facturas, por lo que le consideró responsable de violación y revelación de secreto empresarial. Así le condenó a la cesación y prohibición de los actos de violación, a la devolución de la documentación y al pago de costas. Esta sentencia fue ratificada justo un año después por la Audiencia de Vizcaya, que resaltó que, aunque Del Olmo se limitó a entregar la documentación cuando se la requirió la Fiscalía Anticorrupción para indagar sobre los encargos a Villarejo, el exalto cargo de la eléctrica conservó las facturas durante años sin ponerlas a disposición de las autoridades para revelar “alguna actividad ilegal”.
Asimismo, sobre la revelación de secretos, la Audiencia de Vizcaya consideró que no hay prueba directa sobre su participación en la filtración a la prensa, si bien entiende que tampoco hay nada que diga lo contrario, por lo que comparte con el juzgado de instancia que la existencia de los indicios racionales de su responsabilidad no han quedado desvirtuado.
Del Olmo impugnó ante el Tribunal Supremo esta última sentencia, un recurso que ha sido recientemente admitido, según consta en un auto del pasado 18 de septiembre, consultado por este periódico. Tras revisar posibles causas de inadmisión del recurso, el Supremo finalmente ha aceptado estudiar si la sentencia de la Audiencia de Vizcaya se ha dictado conforme a la ley. Sin embargo, el alto tribunal ha rechazado una segunda petición del excontroller de Iberdrola relacionada con la protección del denunciante. Los magistrados señalan que la directiva europea aún no estaba en vigor en el momento de los hechos, ya que la fecha límite para su trasposición a la normativa española era el 17 de diciembre de 2021.
El exjefe de Control de Funciones Corporativas tiene pendiente un juicio por un asunto similar en Madrid, pero por la vía penal y en relación a la revelación de las retribuciones de los miembros del consejo consultivo de Castilla y León de Iberdrola. En diciembre de 2022, el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid archivó el caso al considerar que no se justificó “debidamente” la existencia de un delito e indicó que no constaba tampoco un pacto de “confidencialidad” que protegen estas facturas. Sin embargo, la Audiencia de Madrid dio un vuelco a esta decisión y, en junio de 2023, ordenó mandar a juicio al exdirectivo al considerar que los hechos sí pueden ser constitutivos de delito, pese que “no hay prueba directa de la filtración de las facturas por el investigado”, pero sí “indicios racionales de criminalidad”.
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