El juez señala a Iberdrola y al Estado como responsables civiles por la contratación de los espionajes de Villarejo
El magistrado instructor procesa al comisario jubilado y al exjefe de Seguridad de la eléctrica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha declarado a Iberdrola y a la Administración del Estado responsables civiles por la contratación por parte de la compañía eléctrica de los servicios de espionaje del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Así lo ha determinado el magistrado instructor en un auto dictado este jueves por el que también ha propuesto juzgar al agente encubierto, a su socio Rafael Redondo, y al que fuera director de seguridad de la compañía Antonio Asenjo por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil.
De este modo, el juez instructor ha concluido la instrucción y ha ordenado el pase a procedimiento abreviado —que implica el inicio de la fase intermedia que abre la vía para formular los escritos de acusación— de la pieza número 17 de la macrocausa Tándem, en la que se han investigado una decena de encargos irregulares que Iberdrola, a través de su exjefe de Seguridad, hizo al excomisario de Policía entre 2004 y 2014 por un importe total de 1.455.064 euros.
La declaración de responsable civil a Iberdrola y a la Administración de los posibles delitos cometidos por los ahora procesados no supone la atribución de ningún hecho irregular, sino que simplemente responderán en última instancia si los acusados finalmente son condenados y no afrontan las indemnizaciones reconocidas a los afectados de los espionajes del comisario jubilado. En el caso de Iberdrola, eventualmente se hará cargo de las irregularidades cometidas por Asenjo; mientras que el Estado soportaría la responsabilidad pecuniaria relativa a Villarejo, ya que era un funcionario en activo en la Policía Nacional en el momento de los hechos.
Tras más de cuatro años —en octubre de 2019 se inició la investigación sobre dichos trabajos realizados por Cenyt, el entramado empresarial liderado por el expolicía—, el juez considera que hay suficientes indicios para acreditar que Asenjo, en su condición de director de seguridad de Iberdrola y “con pleno conocimiento” de que José Manuel Villarejo se encontraba en servicio activo como comisario de la Policía Nacional, encargó numerosos trabajos de “inteligencia” sobre personas físicas y jurídicas para proteger a la eléctrica frente a hechos que pudieran ser perjudiciales.
Diez años de trabajos
Según consta en el sumario de la causa, los primeros trabajos que Villarejo realizó para Iberdrola fueron en 2004, que se denominaron proyecto Arrow (hasta 2006) y proyecto Aglow (que se actualizó en 2017). El objetivo del primero era superar los obstáculos que estaban surgiendo para la puesta en marcha de una central de ciclo combinado en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera; mientras que el segundo era una solicitud de “colaboración permanente” con Iberdrola dirigida a obtener cualquier información que pudiera resultar de interés para la compañía y que le sirviera para defenderse frente a cualquier actuación que pudiera perjudicar sus intereses.
A la vez, Cenyt llevó a cabo el proyecto Black Board o B-B (2004 y 2005), para obtener información supuestamente sensible sobre las actividades del expresidente de Endesa Manuel Pizarro. En el marco de este espionaje, Villarejo también desarrolló el proyecto Quarter para obtener información sobre las personas con las que Pizarro pudiera haber contactado en relación a la opa que en el año 2005 lanzó Gas Natural sobre Endesa.
A estos le siguieron otros trabajos bautizados como Front (2007), que tuvo por objeto la investigación de trabajadores de la central nuclear de Cofrentes (Calencia) sobre los que había sospecha de haber facilitado información a terceros sobre la instalación; Gipsy y Posy (2009), relacionados con el presidente de ACS, Florentino Pérez, y un directivo de Iberdrola; o Sugus (2010), que consistía en investigar a Gustavo Buesa Ibañez, quien había sido designado consejero de la filial Iberdrola Renovables.
El último de la lista es el proyecto Wind (2011), sobre el supuesto espionaje a la sociedad suiza Eólica Dobrogea y su accionista mayoritario Christopher Kaap y su apoderado Corneliu Dica, con quienes Iberdrola se aliaron para impulsar una serie de proyectos en Rumanía y con quienes surgieron varios conflictos. Este último salpicó directamente a Iberdrola Renovables, que estuvo imputada pero su responsabilidad acabó siendo archivada por prescripción.
Ocultación y manipulación de las facturas
Por estos hechos también estuvo investigado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y su entonces cúpula directiva, si bien tras un año de imputación, y tras tener que prestar declaración en la Audiencia Nacional, el juez se vio obligado también a archivar la causa contra ellos por la prescripción de los delitos atribuidos. Así las cosas, el único exresponsable de Iberdrola que quedaba imputado era el encargado del departamento de seguridad, que ahora está al borde del banquillo de los acusados.
El juez García Castellón explica en su auto que para desarrollar los encargos, Villarejo realizó informes en los que, en ocasiones, se incluyeron acceso a tráficos de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las personas objeto de investigación. Asimismo, subraya que los servicios del comisario tuvieron para Iberdrola carácter “confidencial”, al tiempo que aprecia una voluntad de la empresa de “ocultar estos trabajos”. Las facturas no fueron emitidas por Cenyt sino por otra compañía, Castellana de Seguridad (Casesa), al tiempo que los conceptos fueron manipulados “a fin de reflejar servicios diferentes a los realmente prestados y enmascarar así que habían sido prestados por un comisario en servicio activo del Cuerpo Nacional de Policía”, remacha la resolución.
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