Recta final en el caso por la reventa de Torre Cepsa tras seis años sin localizar al principal imputado
La Sala de lo Penal considera que las pesquisas están agotadas y anula la última prórroga acordada por el juez instructor
La causa sobre la reventa de la Torre Cepsa encara su recta final. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor que dirige la investigación, José Luis Calama, que concluya las diligencias que tiene pendiente y ponga fin a las pesquisas tras seis años de duración. Lo ha hecho en un reciente auto en el que ha estimado los recursos de varias defensas contra la última prórroga acordada el pasado julio y que implicaba extender la causa hasta enero de 2025, según han informado fuentes jurídicas a CincoDías. Los magistrados consideran que, pese a que el principal imputado en este procedimiento por un presunto blanqueo de unos 100 millones de euros, el expresidente de la petrolera que da nombre al rascacielos, Khadem Al Qubaisi, está en paradero desconocido para las autoridades españolas, la investigación está agotada.
Así, los magistrados de la Sala de lo Penal, que han anulado la última ampliación temporal de la investigación, han señalado julio de 2024 como el final de la instrucción, al entender que el sumario se nutre de las pruebas necesarias para que el juez decida si lleva el caso a juicio o, por el contrario, termina archivándolo. El instructor justificó la última prórroga, instada por la Fiscalía Anticorrupción, en el análisis de nueva documentación remitida por Luxemburgo relacionada con la operación inmobiliaria liderada por Al Qubaisi, y por la que obtuvo unas ganancias exprés de 90 millones de euros por vender el edificio tan solo 24 horas después de su compra a Pontegadea, la inmobiliaria del dueño de Inditex, Amancio Ortega.
Y añadió el argumento que ya había expuesto en anteriores prórrogas: la necesidad de esperar a que se cumplimentaran varias comisiones rogatorias enviadas hace años a distintos países, como es la solicitud a Emiratos Árabes Unidos para localizar al otrora director general de IPIC (fondo de inversión emiratí que controla Cepsa) para su interrogatorio como investigado.
La nulidad de la prórroga implica que el instructor no puede acordar la práctica de nuevas pruebas, sino que solo puede realizar las diligencias que estaban ordenadas previamente y aún están pendiente de practicar. Además de la comparecencia de Al Qubaisi, que entre otros motivos se ha ido retrasando porque las autoridades emiratís detectaron una serie de defectos formales en la solicitud de auxilio judicial que el juez instructor ha ido subsanando, se encuentran en desarrollo una serie de órdenes europeas de investigación a Francia, Luxemburgo y Países Bajos para tomar declaración a testigos vinculados con Muscari, la entidad utilizada para comprar la también conocida como Torre Foster (por su arquitecto, Norman Foster), y la banca privada Edmon de Rothschild, donde la sociedad tenía abiertas varias cuentas bancarias.
Hasta el momento, el juez y el fiscal han recabado los testimonios de tres testigos: Albert De Haan, administrador de Muscari Property; Dodo Sebastian, alto cargo del Rothschilf; y Elise Agnes Lethuillier. No obstante, aún queda otras tres testificales por escuchar: Marc Ambroisien, exrdirector de Edmond de Rothschild en Luxemburgo; Reinald Loutsch, miembro del consejo de administración de Muscari Investissement; y Sidney Bouvier, exempleada de la entidad utilizada en la compraventa de la torre.
Vinculación con un fraude en Malasia
Los investigadores sospechan que los fondos utilizados en la operación tiene algún tipo de relación con el desvío de dinero del fondo soberano malasio 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un escándalo financiero a nivel mundial. De hecho, el juez solicitó a Malasia información sobre la implicación del Al Qubaisi en este desfalco, ya que estuvo detenido por ello. Sin embargo, la respuesta a esta comisión rogatoria fue que empresario emiratí no se encuentra ni investigado ni condenado por estos hechos, según apuntaron fuentes cercanas al procedimiento. En paralelo, el instructor solicitó a Singapur información bancaria sobre Al Qubaisi.
La Torre Cepsa pertenecía a Bankia hasta que en 2013, un año después de su nacionalización, se deshizo del segundo edificio más alto de España, situado en la zona empresarial de Madrid, conocida como las Cuatro Torres. La modalidad elegida fue un contrato de arrendamiento con opción a compra firmado con Muscari Property, la compañía neerlandesa que utilizó Al Qubaisi para la operación, que concluyó en 2016 por el total de 400 millones de euros. No obstante, un día después el empresario revendió el inmueble a Pontegadea, incrementando su importe hasta 490 millones de euros.
La investigación en la Audiencia Nacional (que ha tenido un total de ocho prórrogas) se abrió en 2018, a raíz de una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción, que previamente abrió diligencias para analizar una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) por la posible existencia de irregularidades en la compraventa del rascacielos. Las dudas comenzaron con las noticias sobre el desfalco del fondo de Malasia en las que Al Qubaisi aparecía vinculado.
De hecho, la unidad de inteligencia financiera sancionó con 8,2 millones de euros a Bankinter en 2020 por el incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, al prestar 400 millones de euros a Muscari para comprar la torre a Bankia, pese a que el expresidente de Cepsa se encontraba con los fondos bloqueados en su país por el fraude millonario a 1MDB. Esta multa se encuentra recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que está paralizada hasta que se conozca el desenlace de la causa penal.
Sobre la firma
