Anticorrupción exige la información reclamada sobre Al Qubaisi y la Torre Cepsa
El fiscal pide al juez que investiga la venta del rascacielos que reitere las comisiones rogatorias libradas a Malasia, Singapur y Emiratos Árabes Unidos
La investigación judicial sobre la venta de la Torre Cepsa en 2016 no avanza. Las autoridades de Malasia, Singapur y Emiratos Árabes Unidos no remiten a la Audiencia Nacional la información reclamada sobre Khadem Al Qubaisi, expresidente de Cepsa y principal investigado por el presunto blanqueo de 100 millones de euros, en relación a la venta del rascacielos que lleva el nombre de la petrolera española. Para evitar que el procedimiento se quede estancado, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor que reitere a las autoridades judiciales de los países mencionados que envíen los datos exigidos, según han informado fuentes jurídicas conocedoras del proceso a CincoDías.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que dirige estas pesquisas, acordó el pasado mes de enero la prórroga de este proceso durante seis meses más, exponiendo la necesidad de esperar al resultado de dichas comisiones, así como la localización de Al Qubaisi, quien fuera ex director general de IPIC, el fondo de inversión emiratí que controla Cepsa, para su interrogatorio como investigado. Esto último se solicitó a las autoridades de Abu Dabi, donde fue arrestado, si bien el empresario se encuentra en paradero desconocido.
Para complementar la documentación que obra en el sumario de la causa, el juez reclamó a Singapur información sobre las cuentas bancarias vinculadas al expresidente de Cepsa; y a Malasia toda la documentación judicial que conste sobre uno de los mayores escándalos financieros, el relativo al fraude de más de 3.000 millones de euros del fondo soberano malayo 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Las fuentes consultadas han señalado que la Audiencia Nacional ya recibió hace tiempo dos respuestas de este último país en las que informaba que no existía ninguna sentencia o investigación contra Al Qubaisi por estos hechos.
Interrogatorios a testigos
A todo ello se suma que a principios de año, el magistrado instructor también solicitó la cooperación jurídica de Francia, Luxemburgo y Holanda para poder interrogar como testigos a cuatro personas vinculadas con Muscari Property, radicada en Países Bajos, y la matriz Muscari Investissement, con sede en Luxemburgo. Asimismo, se pretende tomar declaración a dos altos cargos del banco de inversión Rothschild, donde el exdirectivo de IPIC tenía cuentas bancarias abiertas. Con estos testimonios, el juez y el fiscal tratan de indagar en si Al Qubaisi desvío fondos para ejecutar la compra del rascacielos. Según las fuentes jurídicas, estas órdenes europeas de investigación no han dado fruto todavía y se sigue a la espera de poder practicar las declaraciones.
Muscari fue la sociedad que Al Qubaisi utilizó para hacerse con la Torre Cepsa, que hasta 2013 pertenecía a Bankia. La entidad bancaria, tras su nacionalización, se deshizo del edificio que diseñó el arquitecto Norman Foster mediante un contrato de arrendamiento con opción a compra, operación que finalmente tuvo lugar en 2016 por el total de 400 millones de euros.
Para formalizar la venta, el empresario árabe solicitó un crédito a Bankinter por dicho importe, si bien un día después revendió la torre a Pontegadea, la firma inmobiliaria del dueño de Inditex, Amancio Ortega, por el importe de 490 millones de euros. La plusvalía de casi 100 millones de euros conseguida en tan solo 24 horas es lo que hizo saltar las alertas de la Fiscalía Anticorrupción, que en 2018 presentó una querella en la Audiencia Nacional por un posible blanqueo de capitales.
Posible riesgo reputacional
El juez ha contado con las comparecencias, como testigos, de altos cargos de las entidades financieras que intervinieron en la operación. Una de ellas fue la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, que aseguró que el crédito de 400 millones que se concedió a Muscari fue aprobado por unanimidad del consejo de administración porque no había ningún tipo de riesgo de ilegalidad ni irregularidad. Así, explicó que el único riesgo que se analizó fue el reputacional, al comprobar que había una serie de noticias que implicaban a Al Qubaisi con el desfalco de 1MDB.
Bankinter fue sancionada en octubre de 2020 con 8,2 millones de euros por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), al entender que incumplió la normativa de prevención de blanqueo, pese a conocer las investigaciones que rodeaban al expresidente de Cepsa, que había sido detenido en su país y que contaba con los fondos bloqueados. Esta multa se encuentra recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
El ex jefe de cumplimiento normativo del banco expuso ante el juez Calama que durante el estudio de la petición del préstamo no surgió ninguna sospecha sobre irregularidades porque eran conscientes de que todo el dinero empleado en la operación se encontraba dentro del circuito legal. El nuevo comprador de la torre iba a ser Pontegadea y que éste, a su vez, había solicitado un crédito a BBVA, apostilló.
Otros de los testigos fueron el expresidente de Bankia Ignacio Goirigolzarri (actual presidente de CaixaBank); el ex CEO de la entidad José Sevilla, que constataron que el rascacielos se vendió porque así lo obligaba la normativa tras el rescate de Bankia, al tiempo que negaron alguna irregularidad.
Por último, el consejero delegado de Pontegadea indicó que la inmobiliaria aceptó pagar 490 millones de euros por la Torre Cepsa porque consideró que era su precio real en aquel momento.
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