La justicia británica levanta el embargo del usufructo del aeropuerto de Luton sobre Aena

La energética NextEra lo reclamaba como fianza por los laudos del recorte a las primas de renovables

Vista del aeropuerto de Luton.

Aena respira después de que el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales haya levantado el embargo que había impuesto el pasado mes de agosto sobre el derecho de usufructo de la compañía pública sobre el aeropuerto Luton, en Londres, tras las reclamaciones del gigante energético NextEra Energy como forma de afianzar el pago de 290 millones de euros de indemnización que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi) —dependiente del Banco Mundial— le reconoció a cuenta del recorte de las primas de las energías renovables aprobado en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy.

En un hecho relevante remitido esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena narra que, desde que se impuso el embargo el pasado 3 de agosto se había negociado con NextEra para defender su postura de que la empresa española “no es parte de los procesos judiciales para el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales mencionados anteriormente y no fue notificada de la adopción de ninguna de las medidas cautelares”. Como fruto de esos contactos, los abogados de los demandantes propusieron un acuerdo y es el que se ha alcanzado ahora.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico precisan que aunque se habla de “acuerdo”, no ha habido ningún tipo de concesión por parte de España o de Aena, sino que la compañía ha replanteado su estrategia a seguir. Las mismas fuentes descartan que se haya abierto algún tipo de negociación con los fondos inversores que reclaman el pago de los laudos perdidos en distintas cortes de arbitraje por el recorte de las primas de las renovables.

Como consecuencia del pacto, el tribunal británico dictó una resolución el pasado 19 de septiembre por la que dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas sobre el beneficial interest, lo que se puede entender como usufructo, solicitadas por NextEra. En concreto, los abogados del gigante energético estadounidense atribuyeron a España un 26% de las acciones de la sociedad London Luton Airport Holdings III Limited y sus filiales. Asimismo, pusieron el foco en uno de los terrenos en los que una de las filiales aparece como titular registral y que incluyen varias propiedades que forman el aeropuerto londinense.

El levantamiento del bloqueo provisional implica que NextEra tenga que asumir las cosas del procedimiento, tal y como señala también la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.

NextEra acudió a la justicia británica para solicitar dicha medida como método para garantizar el abono de la que hasta el momento es la mayor indemnización reconocida por el Ciadi por el recorte de las renovables, debido a que España no ha afrontado su pago. El bloqueo de activos en el extranjero es una de las fórmulas utilizadas por los distintos inversores y fondos oportunistas que han comprado los derechos de las compañías en estos pleitos que han ganado alguno de los 25 arbitrajes que hasta ahora reconocen el derecho de ser compensados por el recorte de los incentivos a las renovables.

En todos los procesos abiertos para la ejecución de los laudos, la Abogacía del Estado aduce dos argumentos: que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto límites a los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria y que la Comisión Europea tiene que autorizar dicho abono tras comprobar que no se corresponde a una “ayuda ilegal de Estado”.

Finalmente, en el caso de Aena ha quedado en nada. Según explica el hecho relevante, la oferta de llegar a un acuerdo se produjo después de que el el 19 de agosto de 2024, Aena solicitase a los tribunales británicos que dejara sin efecto las medidas cautelares impuestas, “en razón de que el Reino de España no tiene legal or beneficial interest en la propiedad embargada y estas medidas cautelares constituían un perjuicio injustificado para los recurrentes”.

Otros embargos

Aunque el aeropuerto de Luton queda fuera de la lista de bienes españoles en el extranjero embargados, España sigue acumulando activos que están bajo custodia hasta que las distintas jurisdicciones implicadas, como Reino Unido o Bélgica resuelvan sobre la validez de los laudos. Así, en julio, el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, uno de los fondos de inversión que mantiene el pulso a España por el recorte de las renovables, consiguió que la Corte de Apelación de Bruselas estimara su petición de embargar las transferencias que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en la capital belga, realiza a la empresa pública Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales con el fin de afianzar la indemnización de 32 millones de euros que el Ciadi reconoció en favor de InfraRed Environmental Infrastructure, cuyos derechos en este litigio pertenecen a Blasket. El icho tribunal elevó el embargo de 32 a 80 millones de euros.

Este mismo fondo activó también, en abril de 2023, la cláusula default en cuatro emisiones de deuda pública que declararía a España en impago técnico. En verano, la defensa de Blasket advirtió el inicio ante los tribunales británicos de un procedimiento para ejecutar dicha medida sobre un bono de deuda de 237 millones de euros. Por otor lado, consiguió que el Tribunal Superior de Londres acordara el bloqueo provisional de 805.808 euros depositados en cuatro cuentas ligadas al Instituto Cervantes, así como el embargo de la propia sede de la institución, situada en el centro de la capital británica, y la sede de la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña.

En el marco del caso Antin, (donde se reconoció una indemnización de 120 millones de euros), la justicia británica ordenó embargar de manera cautelar el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un inmueble histórico propiedad del Estado español en Londres. También, se acordó el bloqueo de parte de los 850 millones de euros que España tiene pendiente de recibir por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas, si bien esta cantidad está en el aire después de que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales vetara al Estado a cobrar la indemnización.

Fuera del continente europeo, los fondos acreedores han abierto la vía de otros posibles embargos, como en Australia, después de que su Tribunal Supremo desestimara el recurso de la Abogacía del Estado contra el laudo que obliga a pagar 101 millones de euros a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termsolar. Los inversores pusieron el interés en la actividad de la filial australiana de Navantia. A ello se suma RWE, que el pasado mes de abril consiguió el respaldo de la justicia alemana para poder iniciar en Estados Unidos un procedimiento de ejecución del laudo que le otorga una compensación de 28 millones de euros por el recorte de las primas de las renovables.