BBVA revisará la prueba que sustenta la acusación de Del Rivero y Pineda en el caso Villarejo

La Audiencia Nacional permite al banco examinar las periciales realizadas sobre su cuestionado ‘forensic’ antes que de se aporte al sumario de la causa, que ya se ha dejado listo para juicio

Montaje del expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero (izq) y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda (dcha).

La última prueba que se ha practicado en la línea de investigación sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte de BBVA sigue coleando. La Audiencia Nacional ha dado la razón al banco, que pidió revisar los informes periciales que algunas acusaciones particulares, como la del expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero y el líder de Ausbanc, Luis Pineda (personados en la causa como perjudicados de los espionajes de Villarejo), han realizado sobre el forensic (investigación interna) que la entidad hizo para depurar responsabilidades con la intención de reforzar sus tesis incriminatorias. La Sala de lo Penal considera que BBVA (procesada como persona jurídica) tiene derecho a comprobar que en el análisis de miles de archivos del banco no se han incluido documentos que puedan afectar a empleados o clientes que no tienen nada que ver con la causa judicial, ni ninguna referencia a las comunicaciones entre abogados y la empresa que pilota Carlos Torres que pueda perjudicar su estrategia de defensa.

Esta investigación interna ha sido muy cuestionada durante los más de cinco años que ha durado la instrucción —se inició en octubre de 2018 y concluyó en enero de 2024— por la Fiscalía Anticorrupción, por algunas defensas de exdirectivos que están a un paso del juicio, como el exresponsable de Riesgos y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar, así como por el bautizado como grupo hostil —nombre que Villarejo dio al conjunto formado por Luis del Rivero, José Domingo de Ampuero (ex vicepresidente de BBVA) y Vicente Benedito Francés (ex director general adjunto del banco)—, o Luis Pineda y el que fuera abogado de Ausbanc Ángel María Garay. Las acusaciones consideran que los abogados de la entidad no dieron a PwC, la firma encargada de hacer dicho examen, toda la documentación sobre los contratos a Cenyt, la empresa utilizada por Villarejo para realizar sus espionajes a políticos, empresarios y periodistas, y que seleccionaron a dedo los directivos cuyos archivos debían ser analizados.

Una de las principales críticas ha sido que los correos y archivos del presidente de BBVA, Carlos Torres, quedaran fuera del examen inicial, pese a que en la última etapa de los encargos al comisario fue el consejero delegado de la entidad; al igual que uno de sus hombres de confianza, Ricardo Forcano, que fue responsable de Recursos Humanos y, por tanto, superior jerárquico de uno de los principales procesados, el exjefe de Seguridad Julio Corrochano. Asimismo, las acusaciones mostraron sus discrepancias con la revisión que realizó la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional —que ha actuado como auxilio judicial en esta causa— de los archivos en cuestión.

Desde que el juez instructor dio luz verde a la prueba solicitada por las acusaciones particulares, a finales de 2022, BBVA se ha opuesto a su práctica, presentando numerosos recursos sin éxito. No obstante, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí que ha estimado una de sus últimas quejas y ha permitido al banco conocer las conclusiones de los peritos contratados por Del Rivero y Pineda para examinar en bruto los 2,3 millones de hits (evidencias) que componen el cuestionado forensic. En un auto del pasado 5 de julio, consultado por este periódico, los magistrados avalan que la entidad presente alegaciones sobre la “exclusión o inclusión al procedimiento de los archivos analizados” antes de que los informes se incorporen en el sumario.

“Debe partirse de la base de que los correos y ficheros aportados al procedimiento por la entidad ahora recurrente, cuya cantidad al parecer es ingente, pueden contener datos e informaciones que carecen de relevancia para la investigación realizada en esta causa y que, incluso, pueden afectar al derecho a la intimidad de otras personas”, indica la resolución. Y añade que, según indicó BBVA, en esos datos brutos pueden constar comunicaciones del año 2018 y primer trimestre de 2019 de sus letrados, lo que, de ponerse a disposición de todas las partes, puede afectar “la confidencialidad entre abogado y cliente, o (...) la estrategia a seguir en éste o en otros procedimientos”.

A la espera de los escritos de acusación

Fuentes jurídicas próximas a este procedimiento subrayan que esta decisión judicial tiene cierta relevancia por sus efectos y por el momento de su dictado. La Sala permite a BBVA conocer el trabajo de los peritos antes que ninguna otra parte y poner pegas a los documentos utilizados. Esto es clave, explican, porque las acusaciones buscan con esta diligencia conocer hasta el último detalle de los trabajos que Villarejo realizó para el banco durante 13 años por el coste total de 10,3 millones de euros y armar los escritos de acusación que tienen que presentar en las próximas semanas, después de que el juez haya propuesto juzgar al banco y a una decena de exdirectivos, entre ellos el expresidente de la entidad Francisco González, el exconsejero delegado Ángel Cano, o el jefe de auditoría interna, Joaquín Gortari.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso al recurso de BBVA ahora estimado al entender que no había riesgos de vulneración de derechos. El juez instructor puso límites a la revisión del forensic, permitiendo que única y exclusivamente los peritos Del Rivero y Pineda accedieran a los archivos en bruto para determinar qué documentos descartados (primero, en la investigación de la firma auditora, y segundo, por la UAI) consideran que son útiles para el esclarecimiento de los hechos. De hecho, el instructor recibió juramento a los expertos y les advirtió de que nadie más, ni siquiera sus clientes, letrados o asesores, podían tener conocimiento de la información analizada antes de que las conclusiones fueran entregadas en el juzgado, bajo el apercibimiento de la comisión de un delito de desobediencia y de revelación de secretos. Sin embargo, la Sala considera que lo más “prudente” es que la entidad revise que no hay ninguna irregularidad, ya que se ha “optado por la inusual decisión de encomendar a personas ajenas a órgano judicial y a sus colaboradores la labor de selección de los correos y archivos que tenían interés para la causa”.

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