Iberdrola gana el pleito contra ACS por competencia desleal en el marco del caso Villarejo
La Audiencia de Madrid confirma que el anuncio de la demanda millonaria que la constructora preparaba contra la eléctrica tenía el objetivo de dañar la reputación
Victoria de Iberdrola contra ACS en los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena por competencia desleal que un juzgado de lo mercantil impuso en 2022 a la constructora presidida por Florentino Pérez por difundir en un medio digital una noticia, que no resultó ser cierta, acerca de que preparaba una demanda de 2.600 millones de euros contra la eléctrica como consecuencia del caso Villarejo. El tribunal entiende que el contenido de esta publicación tenía como objetivo dañar la “buena reputación en el mercado” de Iberdrola, según la sentencia fechada el pasado 5 de marzo y a la que ha tenido acceso CincoDías.
Los hechos se remontan al 22 de febrero de 2021, con la publicación de una noticia, firmada por Agustín Marco, que relataba que ACS buscaba el resarcimiento por los espionajes que presuntamente el grupo liderado por José Ignacio Sánchez Galán encargó al comisario jubilado José Manuel Villarejo para recopilar información sensible del también presidente del Real Madrid y evitar cualquier intento de tomar el control de Iberdrola. Por estos hechos, que están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional, Pérez está personado como perjudicado en dicha causa.
Tras la publicarse la información, Iberdrola pidió a la constructora una rectificación. La negativa de ACS motivó la presentación de una demanda ante el juzgado de lo mercantil número 4 de Madrid, que en abril de 2022 estimó íntegramente las peticiones de la eléctrica. La sentencia dio por probado la filtración de dicha noticia por parte de ACS y señaló que su actuación fue un “acto de denigración”, cuyo único propósito era perjudicar a Iberdrola y trasladar un “hecho negativo” al mercado, ya que solo dos días después tenía que presentar sus resultados anuales.
Los 2.600 millones de euros que reclamaba la compañía de Florentino Pérez suponían un 72% del beneficio neto de la eléctrica en 2020, de acuerdo a un informe pericial que aportó junto a la demanda. Así, la juez de lo mercantil entendió que la constructora solo buscaba causar un daño, ya que la cuantía de la demanda era de “envergadura suficiente para generar incertidumbre en el mercado”.
ACS recurrió la sentencia en apelación, si bien la Audiencia de Madrid no le ha dado la razón. Los magistrados de la Sección 28 subrayan que la publicación de la noticia se hace en un “momento especialmente delicado para las compañías cotizadas, donde numerosos inversores, accionistas o financiadores están atentos a la información disponible para decidir su comportamiento”. En este sentido, el tribunal —que recuerda el “largo historial” de enfrentamiento grave” entre ambas compañías— considera que la información está dirigida a “producir una distorsión de mercado” y “perjudicar el buen crédito a través de una eventualidad que comprometería la posición patrimonial de Iberdrola en el parecer general del mercado”.
“Lo relevante es la aparición en el horizonte empresarial de Iberdrola de una contingencia de 2.600 millones de euros, que puede arrastrar y comprometer los resultados que ofreciese a los dos días, elemento relevante para la toma de decisiones y recomendaciones de inversión en un mercado como el financiero, de especial volatilidad”, apostilla la sentencia.
El origen de la información
En cuanto al origen de la información, el fallo hace referencia a dos testificales claves en el procedimiento: la del periodista de El Confidencial que escribió la información y la del secretario del consejo de ACS. Aunque el autor de la noticia admitió contrastar la veracidad de los hechos a través de “sus fuentes” y “fuentes judiciales”, el tribunal deduce que estas fuentes eran “la propia ACS, dada la total confianza del periodista en su fuente”.
Los magistrados no dan credibilidad a que abogados y procuradores externos, que podrían encajar en las “fuentes judiciales”, conocieran la preparación de una demanda como tal, ya que el alto cargo de la constructora que declaró como testigo negó que se “hubiera estudiado o preparado semejante acción civil”. Asimismo, la Audiencia de Madrid resalta que la empresa demandada no hizo un “desmentido inmediato”, sino que más tarde (el 11 de marzo de 2021) difundió un comunicado en el que negaba estar trabajando en dicha demanda.
Así las cosas, el tribunal concluye que la “imagen de solvencia y rentabilidad” de Iberdrola, así como su reputación, se vio “empañada” por una conducta consistente en filtrar una información acerca del “sometimiento de una compañía a la contingencia” que equivale a las “tres cuartas partes del beneficio” del ejercicio anterior.
Otra disputa judicial
Esta disputa judicial no es la única que Iberdrola y ACS han mantenido por el caso Villarejo. En marzo de 2023, un juzgado de Bilbao desestimó la demanda que la eléctrica planteó contra la constructora por derecho al honor y reputacional por criticar la actuación de la eléctrica con respecto a uno de sus exdirectivos salpicados por el caso Villarejo.
En este caso, Iberdrola denunció a ACS por el comunicado que lanzó, en marzo de 2021, en respuesta al anuncio del grupo energético de la presentación de la demanda por competencia desleal, que acaba de ser ratificada por la Audiencia de Madrid. En la nota de prensa en cuestión, la compañía de Pérez tildó de “repugnante” el comportamiento de Iberdrola y destacó los audios incorporados al sumario del caso Villarejo en los que el exjefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo —procesado por los encargos de espionaje— comentaba con el polémico comisario la “presunta intención de causarle el mayor daño reputacional” a Pérez.
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