Los exfranquiciados de Restalia amplían su denuncia y apuntan a dos altos cargos del grupo
Los denunciantes presentan una décima ampliación de denuncia mientras el Supremo decide cual es el órgano judicial competente para investigar la causa
Los exfranquiciados que acusan a Restalia de estafa siguen intentando que la justicia investigue a los responsables del grupo de restauración, que cuenta con marcas como 100 Montaditos, The Good Burger (TGB) o La Sureña. Los denunciantes han presentado una décima ampliación de denuncia en la que señalan que dos altos cargos de la compañía regentaron varias franquicias de Restalia que se vieron “abocados al cierre”. De este modo, tratan de demostrar que el modelo de negocio que ofreció la cadena de restaurantes no era rentable y ha causado un perjuicio superior a 20 millones de euros. Además, el nuevo escrito llega en un momento en el que el Tribunal Supremo debe decidir qué órgano judicial es competente para investigar estos hechos, después de que la Audiencia Nacional rechazara la inhibición de un juzgado de instrucción de Madrid.
En la última ampliación denuncia, a la que ha tenido acceso CincoDías, el grupo de exfranquiciados —representados por los despachos Rafael Franco y Cremades y Calvo Sotelo— advierten del “conocimiento de nuevos hechos relevantes para la investigación”. Según indican, la directora general de Restalia, Virgina Donado, y el director de relaciones con los franquiciados, José Luis Vidal, figuran como administradores o apoderados de varios restaurantes ya cerrados, debido a que sus resultados fueron “cero o negativos”. Para demostrar estas afirmaciones, el escrito se acompaña de la certificación registral de las cuentas anuales de cada uno de los establecimientos.
Así, concluyen que “ni siquiera los altos directivos de Restalia son capaces de obtener, no ya la rentabilidad prometida, sino que, ciertamente, la viabilidad del negocio es nula”. Los denunciantes aseguran que el grupo realizó “aperturas indiscriminadas” en base a unos “planes de negocio irreales”, que ocultaban pactos suscritos con “proveedores homologados”. Dichos acuerdos consistían en mejores precios de los productos para obtener una serie de “beneficios”, si bien estas ventajas no se trasladaban a los franquiciados, explican los afectados en sus escritos.
El conocido como caso Restalia se inició en agosto de 2021, cuando el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid admite una primera denuncia por estafa, organización criminal, coacciones y delitos económicos contra la propia sociedad y varias de sus filiales, así como una veintena de responsables. La investigación, en la que nunca se llamó a declarar a ningún directivo de la compañía, se mantuvo viva hasta enero de 2023, cuando el magistrado instructor la archivó al no ver indicios de delito. En opinión del instructor, las pérdidas sufridas por los franquiciados tenían su explicación en las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de la Covid-19.
Reapertura de la causa
Un año después, la Audiencia de Madrid estimó varios recursos de los denunciantes y revocó el sobreseimiento. Asimismo, con el apoyo de la Fiscalía, ordenó enviar las pesquisas a la Audiencia Nacional, al considerar que se cumplían los requisitos legales para que los hechos fueran analizados por un juzgado central de instrucción, especializado en investigaciones complejas, fraudes que puedan afectar a la economía nacional y con un gran número de perjudicados en varios territorios del país. No obstante, el pasado mes de febrero, el Juzgado Central de Instrucción número 6 no compartió esta tesis y rechazó la competencia para investigar.
Así las cosas, ahora la causa se encuentra temporalmente en manos del Tribunal Supremo, que debe resolver este conflicto de competencia y decidir qué juez investigará finalmente la causa, si la Audiencia Nacional o el juez instructor de Madrid, que ya cerró el caso. En paralelo, los exfranquiciados han presentado un incidente de nulidad del auto de inhibición tras comprobar que el magistrado instructor de la capital no remitió todo el expediente judicial. Según señala dicho escrito, también consultado por este diario, entre las diligencias enviadas a la Audiencia Nacional no se incluyó la novena ampliación de denuncia, que elevó la presunta estafa hasta los 25,4 millones de euros, pese a que “se interesó expresamente” que se incorporara testimonio del mismo. Tampoco consta que se trasladaran las “numerosas grabaciones de audio” que acompañaron la denuncia inicial como prueba de la estafa, añade.
Por ello, los denunciantes alegan “indefensión” porque la Audiencia Nacional no tuvo conocimiento completo de todas las actuaciones a la hora de tomar una decisión sobre su competencia para investigar. “Su pronunciamiento se encuentra viciado”, concluye el incidente de nulidad.
En concreto, la novena ampliación de denuncia aportó siete nuevos informes periciales que acreditarían el daño supuestamente ocasionado a siete franquiciados de Restalia. Asimismo, se adjuntó un recopilatorio de los cientos de locales de la marca Restalia que han cerrado en varios países, incluso antes de la crisis sanitaria del coronavirus, con el objetivo de rebatir los argumentos que fundamentaron el archivo del caso.
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