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Los fondos toman el control de Celsa y analizan si deben pedir el plácet del Gobierno

El escudo antiopas obliga a pedir autorización a los inversores de fuera de la UE que tomen más del 10% 

Grupo Celsa
Un logo de Celsa.ALBERT GEA (REUTERS)

La toma de Celsa por los fondos acreedores aún está pendiente de un capítulo final. Tras el visto bueno del juez conocido ayer, queda por delante dilucidar la necesidad de estos de solicitar la autorización al Gobierno, en el marco del decreto antiopas, para que la conversión de parte de sus 2.300 millones en deuda en acciones sea efectiva. Los fondos se encuentran actualmente analizando si deben someterse a la opinión del Ejecutivo.

El Consejo de Ministros tiene la potestad de autorizar o rechazar la toma de más de un 10% de empresas estratégicas por parte de inversores españoles. Al tratarse Celsa de una compañía no cotizada, esta petición de autorización solo aplica a los inversores de fuera de la UE que tomen más del 10% del capital. Actualmente, los fondos –capitaneados por Deutsche Bank, y los fondos Anchorage, Capital Group y Attesor Capital– analizan si, dado el reparto de la deuda, están obligados a pedir autorización al Ejecutivo.

La cuestión no es baladí. Los fondos temen que la operación de Celsa entre de lleno en lo político. Llevan meses tratando de preparar este movimiento con conversaciones con el Ejecutivo. Uno de los planes que exploraban era exhibir ante el Gobierno un acuerdo con un inversor español, con experiencia en el mundo de la siderurgia, que adquiera una participación mayoritaria o minoritaria para intentar vencer los recelos del Ejecutivo a dejar un importante grupo industrial en manos de extranjeros.

Nuevo consejo de administración

Este aliado español aún no ha aparecido o los fondos no han desvelado todavía su identidad, pero según avanzaron en el juicio que se celebró el pasado julio, y recordaron en una nota de prensa difundida tras la decisión del juez, ya buscan un nuevo consejo de administración para la compañía con perfiles respetados. También se comprometen a mantener los 7.000 puestos de trabajo y el centro de decisión en España.

El otro plan es tratar de burlar el decreto antiopas. Se trata de que los acreedores con menos del 10% del capital traspasen parte de su pasivo a los europeos (Deutsche Bank o Attestor, por ejemplo) para que al hacer efectiva la conversión de la deuda en capital no estén obligados a solicitar el sí del Gobierno. Este es uno de los elementos que los fondos analizarán a partir de ahora.

El conflicto entre los acreedores, que adquirieron la deuda a los bancos con fuertes descuentos, y los fundadores del gigante siderúrgico se avivó en septiembre de 2022, cuando los fondos aprovecharon la entrada en vigor de la nueva ley concursal y presentaron un plan de reestructuración, que ayer fue homologado por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona. El plan pasa por convertir casi 1.300 millones de deuda en el 100% de capital, lo que implica el desalojo de los Rubiralta del consejo de administración de la compañía catalana.

El magistrado Álvaro Lobato explicó en su sentencia –contra la que no cabe recurso– que el plan de reestructuración planteado “es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del Grupo Celsa”. Según el juez de lo Mercantil, la propuesta de los fondos cumple todos los requisitos legales para ser aprobado, ya que la deuda es muy superior al valor de la compañía.

Aunque en el juicio comparecieron diversos expertos que elaboraron informes periciales sobre la situación de Celsa y su valor, el magistrado dio validez a las tasaciones de los fondos, que se apoyaron en las conclusiones de Lexaudit, firma que fue designada judicialmente como mediador y que valoró la empresa en entre 1.800 y 2.800 millones de euros. Por su parte, Celsa elevó el valor hasta los 6.000 millones, según Lazard.

Estas grandes diferencias fueron representadas en el juicio con un duro cruce de acusaciones. De hecho, el juez incluyó en su resolución un reproche por las acusaciones vertidas por ambas partes del conflicto.

Compromisos de “estricto” cumplimiento

Con todo ello, el juez Lobato advirtió a los fondos de la obligación que tienen de cumplir “estrictamente” todos sus compromisos, como es aumentar el valor de la compañía, mantener su integridad y conservar los puestos de trabajo. “Y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto”, añadió el juez.

Para llevar a cabo la transición en el grupo catalán, el magistrado volvió a confiar en Lexaudit y le ha encomendado ejecutar el plan de reestructuración. En este contexto, ha apercibido a las partes de la comisión de un posible delito de desobediencia si entorpecen la labor de la firma auditora.

Meses de negociaciones y tiras y aflojas

Propuesta de los fondos.  Los fondos de Celsa estrenaron con la compañía la ley concursal. Plantearon convertir 1.291 millones de deuda en el 100% del capital y arrebatar el grupo a los Rubiralta. Esto supone amortizar 1.100 millones de un convertible que vencía en abril de 2023 y un préstamo de 165 millones de un jumbo. Además, también proponen extender los vencimientos de los 935 millones de deuda restante durante cinco años. Y dividir en dos las líneas de crédito de 525 millones con los bancos.


Los Rubiralta.  Durante meses, la familia Rubiralta, los actuales dueños de Celsa, se han opuesto a ceder ni una sola acción de la siderúrgica a los acreedores. En su lugar querían imponer a estos fondos una quita de más de 1.000 millones sin apenas contrapartidas, tan solo se abrieron a ceder parte de los beneficios futuros del grupo y a inyectar 50 millones en una ampliación de capital. Esta propuesta se enmarcaba en la petición de auxilio económico a la SEPI por 550 millones que autorizó el organismo público hace año y medio y que todavía no ha desembolsado. Los fondos rechazan el dinero público. Tras haber invocado los acreedores la ley concursal, la familia catalana movió ficha y se abrió por primera vez a ceder hasta el 49%. Pero esto no fue suficiente.


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