El Gobierno avisa de que la toma de Celsa necesita el visto bueno del Consejo de Ministros
Los Rubiralta se agarran a la intervención del Ejecutivo como última alternativa para salvar el control de la compañía
El Gobierno marca perfil con Celsa. El Ejecutivo ha avisado a los fondos acreedores, a los que ayer el juez dio la razón en su plan para convertir su deuda en acciones y tomar el control de la siderúrgica, de que para ejecutar la operación necesitará sí o sí obtener la autorización del Consejo de Ministros, con el conocido decreto antiopas. Celsa, aún bajo el control de la familia Rubiralta, también ha recordado que la transacción debe contar con el visto bueno del Ejecutivo y se agarran así al último clavo ardiendo para intentar salvar la compañía catalana.
Fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio han indicado a Efe que el Ejecutivo tiene previsto negociar con los nuevos propietarios de Celsa para garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y su continuidad en España, y confirma que esta operación necesita la autorización del Consejo de Ministros. También han subrayado que la operación está sometida al control de inversiones extranjeras y, por tanto, la propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros autorice la operación.
El Consejo de Ministros tiene la potestad de autorizar o rechazar la toma de más de un 10% de empresas estratégicas por parte de inversores españoles. Al tratarse Celsa de una compañía no cotizada, esta petición de autorización solo aplica a los inversores de fuera de la UE que tomen más del 10% del capital. Los fondos –capitaneados por Deutsche Bank, y los fondos Anchorage, Capital Group y Attesor Capital– tras conocer el contenido de la sentencia se habían emplazado a analizar su debían solicitar el plácet del Gobierno.
La cuestión no es baladí. Los fondos temen que la operación de Celsa entre de lleno en lo político. Llevan meses tratando de preparar este movimiento con conversaciones con el Ejecutivo. Uno de los planes que exploraban era exhibir ante el Gobierno un acuerdo con un inversor español, con experiencia en el mundo de la siderurgia, que adquiera una participación mayoritaria o minoritaria para intentar vencer los recelos del Ejecutivo a dejar un importante grupo industrial en manos de extranjeros. Este socio no ha aparecido y por el momento solo se comprometen a buscar un nuevo equipo directivo con experiencia en el sector y a blindar los puestos de trabajo y el centro de decisión en España.
La otra alternativa que acariciaban los fondos era tratar de burlar el escudo antiopas. Al ser una compañía no cotizada, solo deben solicitar autorización al Gobierno los fondos que se hagan con Celsa que sean de fuera de la UE. Este no es el caso de, por ejemplo, Deustche Bank o Attestor, los principales acreedores. Por tanto, una alternativa podría ser que los fondos de fuera de la UE vendan parte de su deuda a los comunitarios de tal modo que su participación resultante esté por debajo del 10% que les obliga a pedir autorización al Gobierno.
El Ejecutivo ha querido cortar de raíz esta maniobra. También Celsa, bajo el mandato aún de los Rubiralta, ha emitido un comunicado en el que afirma que los fondos deberán someterse al escrutinio del escudo antiopas. Es la última alternativa con la que aún podrían retener el control de la compañía tras el varapalo de la justicia. También afirman que la compañía “velará por los intereses industriales, sociales y económicos que no solo afectan a la compañía sino a todo su entorno, cadena de valor y trabajadores”.
Busca garantizar todos los puestos de trabajo
El Ejecutivo, que muestra respeto a la decisión judicial, ha pedido tranquilidad a los trabajadores y se ha comprometido a negociar con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad de la empresa, la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los empleos, su continuidad en España, así como la puesta en marcha de una gobernanza corporativa “moderna, independiente y profesional”.
El Ministerio de Industria insiste en que su prioridad es garantizar la estabilidad de los más de 10.000 profesionales que trabajan en el grupo siderúrgico. Algo a lo que, por su parte, se han comprometido los fondos acreedores.
El titular del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona ha homologado el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que da vía libre para que los fondos acreedores pasen a ser accionistas de la compañía y sustituyan a los actuales propietarios, la familia Rubiralta, según dicta en su sentencia, contra la que no cabe recurso.
El juez sostiene que la propuesta de los acreedores asegura la viabilidad del grupo y califica su plan de “la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del grupo Celsa”, aunque advierte al mismo tiempo de que deben cumplir “estrictamente” sus compromisos, entre ellos el de preservar el valor de la compañía, mantener su integridad y conservar los puestos de trabajo.
Tras la sentencia dictada este pasado lunes, los fondos acreedores que controlan en torno el 90% de la deuda jumbo y convertible de la siderúrgica aseguran que esta les concede “el 100% del capital de la empresa mediante la capitalización de 1.352 millones de deuda convertible y de parte de la deuda”.
Este grupo de fondos, formados por Deutsche Bank, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs, Sculptor y Capital Group, ha ratificado al mismo tiempo su “compromiso” con el mantenimiento de las operaciones de la empresa en España y su intención de nombrar a un nuevo consejo de administración.
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