Celsa acusa a los fondos de querer apropiarse de la siderúrgica y advierte de un posible “colapso”
Los acreedores aseguran que no hay alternativa al plan de reestructuración presentado para tomar el control de la compañía
El juicio de Celsa se ha retomado con una jornada clave para el futuro de la siderúrgica. El juez de Barcelona que analiza el plan de reestructuración de deuda presentado por los fondos acreedores ha escuchado este martes los alegatos finales de ambas partes del conflicto sobre quién debe tener el control del gigante siderúrgico. Los actuales accionistas de la compañía han acusado a los acreedores de tratar de “apropiarse” de la compañía y de “despojar” a la familia Rubiralta, que fundó el grupo en 1967. Así, han advertido de que ello podría ocasionar el “colapso” y la “desaparición” de la empresa en un corto plazo. Por su parte, los fondos han asegurado que no hay otra alternativa al plan planteado.
La sesión de este martes, la última antes de que el procedimiento quede visto para sentencia, ha estado dedicada a la exposición de las conclusiones. Todo ello después de que, durante toda la semana pasada, los representantes de la compañía y de los fondos acreedores -capitaneados por Deutsche Bank y entre los que se encuentran los fondos de inversión SPV Global, Sculptor Investment o Anchorage Capital- defendieran ante el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato, versiones distintas de la situación de la empresa. También comparecieron diversos expertos que han elaborado informes periciales, con conclusiones dispares, sobre la situación de Celsa y su valor, que será uno de los puntos clave a la hora de tomar una decisión.
La defensa de Celsa, ejercida por el abogado Jaime Cano, del despacho Cortés, ha centrado su exposición en argumentar que el plan de reestructuración es un “fraude procesal” a través del que los fondos, “vía expeditiva y blindada”, pretenden quedarse con la propiedad de un grupo y “materializar las plusvalías que tanto llevan esperando”. “Aprovechan su mayoría para pactar un plan de reestructuración que es infundado y que perjudica a la compañía”, ha remachado.
En esta línea, Celsa ha insistido en que el plan de reestructuración, que pasa por convertir 1.291 millones de pasivo en el 100% de las acciones de la compañía, no garantiza la “viabilidad de la empresa a corto y medio plazo”, sino que da mayor “incertidumbre” e incluso lo aboca al concurso de acreedores y a la “desaparición” del grupo.
Alega que no hay pruebas de la insolvencia
Según ha expuesto el abogado, a lo largo de casi tres horas, los fondos no solo no han presentado pruebas sobre la necesidad de reestructuración, sino que tampoco han presentado un proyecto industrial, no han adquirido un “compromiso tácito” para garantizar los 10.000 puestos de trabajo, no “han acreditado el estado de insolvencia” y no conocen el funcionamiento del grupo. “Por no saber, no saben ni las toneladas de acero que vende el grupo”, ha añadido el abogado para insistir en que si los fondos cogen el mando de la siderúrgica “podrían llevar al grupo a su colapso en unas pocas semanas”.
En esta última jornada, Celsa ha insistido en su solvencia y muestra de ello, ha dicho, es que “puede pagar todas sus deudas con absoluta normalidad”. El grupo acumula deudas de alrededor de unos 3.000 millones de euros. Los impagos a acreedores ascienden a 1.270 millones del llamado instrumento convertible y 1.163 de la deuda jumbo.
En esta línea, ha reiterado que el valor de la compañía supera los 6.000 millones de euros, según certificó Lazard en su informe de parte, a diferencia de la estimación de entre 1.800 millones y 2.800 millones que realizó Lexaudit, firma designada por el juez para tasar la siderúrgica. De hecho, ha resaltado que otros expertos, como los de la auditora BDO, alertaron durante el juicio de que dicho análisis contiene errores.
Así las cosas, ha subrayado que el valor de Celsa es “casi el doble que su deuda, unos 6.200 millones, de los que los acreedores solo han aportado unos 200 millones de euros y ahora pretenden apropiarse del 100% de unas acciones que valen unos 4.000 millones de euros”.
Sin evaluación de los riesgos
Con todo ello, la defensa de Celsa ha cuestionado en varias ocasiones la hoja de ruta planteada por los fondos porque, según ha destacado, no hace ni una sola mención a una evaluación de “riesgos” derivados del mismo y, por tanto, tampoco prevé un plan de choque para reducir imprevistos. “Son fondos oportunistas que dan miedo y con un equipo gestor que no saben quienes van a ser”, ha dicho, en alusión a la afirmación que hicieron los representantes de los acreedores acerca de que ya están buscando perfiles independientes para formar un nuevo consejo de administración si su plan de reestructuración se aprueba.
Así las cosas, Cano ha concluido que dicho plan es ilegal porque no cumple ninguno de los requisitos previstos en la nueva ley concursal, que los acreedores estrenaron al presentar su propuesta solo un día después de su entrada en vigor. La ley concursal obliga a hacer una descripción de la situación económica y de los trabajadores, así como de las causas y alcance de las dificultades del deudor. En opinión del letrado, la relación que presentaron los fondos sobre la situación del estado de la compañía catalana es “inveraz e interesada”.
Pérdida de confianza de los acreedores
Por su parte, los fondos han defendido ante el juez que no existe ninguna otra alternativa que el plan de reestructuración propuesto por el 90% de los acreedores es la única alternativa que existe si se quiere asegurar el futuro de la empresa y no llegar a un concurso de acreedores, que “seguramente -apostilló- sea de liquidación”. En esta línea, el abogado que ha defendido la postura de los solicitantes del cambio de control de la siderúrgica, Rodrigo López, de Gómez-Acebo & Pombo, ha criticado que la visión que ha expuesto la representación de Celsa “es puro humo, es una quimera, algo que no existe”.
Durante su exposición, la defensa de los fondos ha relatado la falta de confianza de los acreedores con los actuales gestores de la compañía ha hecho que intenten “quitarle la llave de futuras maniobras”. “Los buenos gestores no deben dedicarse sólo a vender bienes y servicios, sino a diseñar políticas de crecimiento e inversión sanas”, ha explicado a la vez que ha recordado que también debe estar en condiciones para cumplir con sus compromisos y obligaciones.
“Humanamente, entendemos lo doloroso que puede ser la reestructuración para los socios, pero desde una postura financiera, la situación es insostenible”, ha añadido el letrado, que ha asegurado que la familia Rubiralta debería estar fuera “desde hace seis años”, cuando tuvo lugar la última refinanciación de la empresa, y ha apuntado que en los últimos tres años no ha hecho frente a la deuda.
En cuanto al valor de la compañía, López ha indicado que si verdaderamente Celsa valiera 6.000 millones de euros, como afirman sus propietarios, no habría tenido problemas para obtener financiación en el mercado o proceder a la venta de activos para pagar la deuda y hubiese evitado llegar hasta el punto actual.
En esta última sesión del juicio también ha intervenido la representación de Kutxabank, que ha lamentado que los fondos le hayan calificado de “disidente” o de mantener una “oposición obstruccionista” por no apoyar el plan de reestructuración. Según ha indicado, hay otros acreedores que tampoco han aprobado la propuesta de los fondos mayoritarios, si bien estos no lo han impugnado.
Al hilo, la defensa de la entidad vasca ha negado “alineamiento” alguno con los dueños de Celsa y ha asegurado que su única intención es que el juez dicte una sentencia que no le afecte directamente. Tras ello, ha señalado que Kutxabank se opone al plan de reestructuración porque no da un “trato paritario” para todos los acreedores de la misma clase.
La sentencia será en septiembre
Antes de pronunciar el “visto para sentencia”, el juez Lobato ha comunicado a las distintas partes que no podrá cumplir con su promesa de dictar una sentencia antes de agosto -mes que tradicionalmente es inhábil en la Administración de Justicia-, pero se ha comprometido a notificar la resolución en los primeros 10 días del mes de septiembre.
“No soy capaz de tomar una decisión en tan poco periodo de tiempo y argumentarlo”, ha admitido el magistrado, que ha asegurado que es “consciente” de la importancia que tiene el tiempo para la empresa y para el futuro de los trabajadores.
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