Industria

Los acreedores de Celsa estrenan la nueva ley concursal para arrebatar la compañía a los Rubiralta

Los fondos proponen convertir 1.291 millones en acciones y refinanciar el resto

Los acreedores de Celsa estrenan la nueva ley concursal para arrebatar la compañía a los Rubiralta

Los fondos acreedores de Celsa lanzan un órdago para hacerse con la compañía. En el primer día de aplicación de la nueva ley concursal, han invocado la nueva norma para presentar un plan de reestructuración. El objetivo es activar una de las grandes novedades de la nueva regulación, alcanzar un pacto que arrastre a los accionistas, la familia Rubiralta, para poder convertir en acciones una parte de los 2.300 millones de deuda y quedarse con la metalúrgica española.

Los acreedores de Celsa han solicitado este lunes el nombramiento de un experto en reestructuraciones. Esta figura, prevista en la nueva norma, supone el nombramiento de un mediador en la guerra con la empresa y sus accionistas. Además, los dueños de la deuda han presentado un plan de reestructuración.

En este reclaman convertir 1.291 millones en acciones de la empresa, para tomar el 100% del capital. Esto supondrá amortizar 1.100 millones de un convertible que vence en abril de 2023 y un préstamo de 165 millones de un jumbo. Además, también proponen extender los vencimientos de los 935 millones de deuda restante durante cinco años. Y dividir en dos las líneas de crédito de 525 millones con los bancos.

La compañía ha respondido a través de un comunicado. En él emplazan a los fondos a seguir negociando y reafirma su voluntad de acuerdo y de negociación. "La compañía, que actúa con la máxima transparencia, está segura de que se impondrá el sentido común en las negociaciones y se llegará en breve a acuerdos beneficiosos para todas las partes", afirma.

La situación en Celsa, de la que dependen 7.000 empleos, lleva varios meses enconada. La SEPI autorizó el rescate público de la empresa, el mayor concedido, por 550 millones. El organismo público concicionaba esta ayuda a que la empresa y sus acreedores —Goldman Sachs y Deutsche Bank y los fondos Anchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree Asset Management, Sculptor Capital Management y SVP Global— alcanzasen un acuerdo para reducir la deuda en 1.000 millones, una parte con los fondos de la SEPI. Y que los Rubiralta impulsasen una ampliación de capital por 50 millones.

Las posiciones para alcanzar este acuerdo no pueden estar más distanciadas. Los fondos reclaman convertir su deuda en capital para quedarse con, al menos, una parte de las acciones. Una propuesta que rechazan tajantemente los Rubiralta, que reclaman una quita y esgrimen que los fondos adquirieron esta quita a un elevado descuento. Uno de los puntos de compensación que las partes negociaron en junio fue establecer un mecanismo de compensación a los fondos, si rechazaban entrar en el capital, a través de un instrumento en Luxemburgo que les permitiese obtener  una parte de los beneficios futuros de la compañía.

La ayuda de la SEPI está aprobada y autorizada tanto por la UE como por el Consejo de Ministros. Pero para su desembolso exige que la empresa y los fondos fumen la pipa de la paz. Y la ayuda lleva bloqueada todo el verano, a la espera de un acuerdo. La propuesta que hacen ahora los acreedores, sin embargo, no contempla el desembolso de dinero público.

Los fondos lanzan ahora un nuevo órdago y lo hacen apoyados en la nueva ley concursal. Esta otorga instrumentos a los acreedores para forzar un acuerdo con la empresa, como es la posibilidad de arrastrar a los accionistas a un acuerdo, que les pueda forzar a ceder sus acciones.

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