El Gobierno podrá bloquear los derechos de voto por saltarse el escudo antiopas
El Ejecutivo tendrá la facultad de limitar también los derechos económicos, como el cobro de dividendos, e imponer multas
El nuevo reglamento del escudo antiopas, que permite al Gobierno bloquear la toma de inversores extranjeros en sectores estratégicos, también prevé sanciones para los inversores que se salten el blindaje. La normativa abre la puerta a una suspensión de los derechos políticos y económicos del inversor foráneo que burle esta normativa, así como la posibilidad de imponer multas de hasta el precio de la transacción.
Desde la pandemia, en marzo de 2020, todo inversor extranjero que quiera tomar más de un 10% de una compañía considerada como estratégica en España debía obtener la autorización del Gobierno para realizar la transacción. Este blindaje se hizo permanente para los inversores de fuera de la UE y para los comunitarios, que solo aplica a las cotizadas, expira en 2025. La ejecución de esta normativa no estaba negro sobre blanco y aguardaba al desarrollo de un reglamento que lo aclarase.
Este ha llegado en uno de los últimos Consejos de Ministros de la Legislatura. Uno de los aspectos que aclara el texto –además de acortar el plazo a tres meses, puntualizar los sectores afectados y establecer excepciones, como con las renovables– es el régimen sancionador para quien trate de burlar el blindaje del Gobierno.
“Las operaciones de inversión llevadas a cabo sin la preceptiva autorización previa carecerán de validez y efectos jurídicos, en tanto no se produzca su legalización, sin que quepa el ejercicio de los derechos económicos y políticos del inversor extranjero en la sociedad española objeto de inversión hasta que se obtenga la necesaria autorización”, reza la normativa que ha publicado el Gobierno.
Esto supone, según la interpretación de Uría Menéndez en una nota publicada en su web, que el Ejecutivo podrá retirar tanto los derechos políticos como los económicos al inversor extranjero que compre una empresa española sin tener el plácet del Gobierno. Es decir, que el inversor ni podrá votar en junta o poner a sus directivos al frente de la empresa ni cobrar dividendos mientras que el Ejecutivo no haya autorizado la transacción.
Este duro régimen sancionador es casi único en la legislación española. Solo la ley de opas contempla un régimen sancionador tan duro que contempla eliminar los derechos de voto.
La normativa prevé, además, multas para los inversores que intenten saltarse la ley. En este caso, alude al artículo octavo de la Ley sobre las Transacciones en el Exterior. Esta establece que no solicitar la autorización pertinente es considerado como una infracción muy grave, que conlleva una multa de hasta el valor de la transacción, con un mínimo de 30.000 euros, además de una amonestación pública.
En todo este contexto, la normativa le da un papel clave a los notarios. Estos deberán avisar, a la firma de una operación corporativa con un inversor foráneo, de que esa transacción debe ser validada por el Gobierno. Así nadie podrá argumentar que desconocía la obligación de informar al Ejecutivo.
La normativa desarrolla también la Junta de Inversiones Extranjeras. Es un órgano creado para monitorizar las solicitudes de autorización. Está compuesto por el director general de Comercio Internacional, como presidente, un representante del CNI y de Seguridad Nacional, además de un representante de cada ministerio y el subdirector general de Inversiones Exteriores.
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