La CNMC pone fin a la regulación en la telefonía fija ante el declive de las llamadas
Una resolución del BOE ratifica el fin de las obligaciones impuestas a los operadores en seis meses


La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha marcado un hito histórico en la hoja de ruta de la liberalización de las telecomunicaciones en España. Mediante una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el organismo regulador ha oficializado la desregulación total del mercado mayorista de terminación de llamadas en redes fijas. Esta decisión, que entrará en vigor de forma definitiva en un plazo de seis meses, supone el desmantelamiento de las últimas obligaciones específicas que recaían sobre los operadores en este segmento, consolidando un escenario de libre mercado que se adapta a la nueva realidad digital.
El mercado de terminación fija es aquel que permite la interconexión entre diferentes redes; es decir, el proceso técnico y comercial que garantiza que un usuario de cualquier compañía pueda llamar a un abonado de telefonía fija de otro operador. Históricamente, este servicio estaba estrictamente regulado para evitar que los operadores con redes propias abusaran de su posición cobrando precios excesivos a sus competidores por “entregar” las llamadas en sus redes. Sin embargo, la CNMC ha determinado que el entorno actual ha cambiado drásticamente.
El principal argumento para este paso adelante es la pérdida de relevancia de la voz fija. Según los datos que maneja Competencia, el uso del teléfono fijo ha sufrido un desplome sin precedentes. Desde el año 2020, el tráfico ha descendido un 65% en el segmento residencial y cerca de un 35% en el ámbito empresarial. Esta tendencia refleja un cambio de hábito en la sociedad española, donde la telefonía móvil y las aplicaciones de mensajería instantánea han desplazado casi por completo al terminal doméstico. Actualmente, de todo el tráfico de voz que se genera en España (sumando fijo y móvil), el fijo apenas representa un residual 7,4%, lo que deja de justificar una intervención regulatoria ex ante tan estricta como la que existía hasta ahora.
Uno de los temores históricos ante la desregulación era la posibilidad de que los precios mayoristas se dispararan. No obstante, la CNMC ha despejado estas dudas al recordar la existencia del Reglamento Delegado de la Unión Europea de 2021. Esta normativa comunitaria ya establece un techo de precio máximo de terminación fija de 0,07 céntimos de euro por minuto para todos los estados miembros. Al existir este “paraguas” legal europeo, el riesgo de que las operadoras españolas impongan precios abusivos queda prácticamente anulado.
Además, el organismo ha analizado la dinámica competitiva del sector. En este mercado, todos los operadores juegan un doble papel: son proveedores del servicio (cuando reciben una llamada en su red) y clientes (cuando sus abonados llaman a otra red). Esta reciprocidad genera un equilibrio natural de intereses que desincentiva las prácticas anticompetitivas. La CNMC ha concluido que no es probable que se produzcan situaciones de denegación de acceso o condiciones discriminatorias, y que, en caso de ocurrir, el regulador aún conserva herramientas legales para intervenir de forma puntual mediante la resolución de conflictos.
El nuevo mapa de poder: Telefónica y MasOrange
La resolución también arroja luz sobre el reparto de fuerzas en el sector. A pesar de la caída del tráfico, Telefónica se mantiene como el operador líder con una cuota de mercado del 41%. Le sigue muy de cerca el gigante MasOrange, nacido de la reciente fusión entre Orange y MásMóvil, que ya controla el 29% del tráfico. Estos dos grupos, junto con el resto de operadores del mercado, operan en un entorno donde los ingresos por línea han caído en picado, pasando de una media de 3,39 euros a tan solo 1,96 euros mensuales.
Esta desregulación no es un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia mayor. En los últimos meses, la CNMC ha ido retirando obligaciones en otros mercados, como el de la banda ancha, donde Telefónica ha visto reducido su nivel de supervisión en gran parte del territorio nacional. Con el levantamiento de las cargas en la terminación fija, España se alinea con la estrategia de la Comisión Europea de simplificar el marco normativo para fomentar la inversión en redes de nueva generación (fibra y 5G), dejando atrás regulaciones diseñadas para la antigua era del cobre.
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