El juez amplía la investigación sobre la venta de la Torre Cepsa medio año más
El instructor José Luis Calama adopta espera la información reclamada a Malasia y Singapur
La investigación sobre el posible blanqueo en la venta de la Torre Cepsa aún no ha finalizado. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado prorrogar la causa otros seis meses más, hasta el próximo julio, a la espera de recibir la información reclamada a las autoridades judiciales de Malasia y Singapur y poder localizar a uno de los principales investigados, el expresidente de la petrolera Khadem Al Qubaisi para interrogarle, según han confirmado fuentes jurídicas a CincoDías.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, adoptó esta decisión en un auto dictado este jueves, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción, órgano que inició las pesquisas para aclarar si el beneficio de 100 millones de euros que obtuvo el jeque por vender el rascacielos es legal. Según explicó el juez, esta prórroga de medio año es necesaria a la espera de recibir las comisiones rogatorias libradas, así como la posible colaboración de las autoridades de Emiratos Árabes para encontrar al jeque, que se encuentra en paradero desconocido, y tomarle declaración, según adelantó Expansión.
Al Qubaisi adquirió el edificio, situado al norte del Paseo de la Castellana de Madrid, en 2013 cuando Bankia se deshizo de él tras la nacionalización del banco. Para ello, el empresario árabe utilizó su sociedad Muscari Property y firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra, operación que finalmente tuvo lugar en 2016 por el total de 400 millones de euros.
Para formalizar la venta, Al Qubaisi solicitó un crédito a Bankinter por dicho importe, si bien un día después revendió la torre diseñada por el arquitecto Norman Foster a Pontegadea, la inmobiliaria del dueño de Inditex, Amancio Ortega, por el importe de 490 millones de euros. El incremento del valor del inmueble en tan solo 24 horas es lo que la Audiencia Nacional ha puesto bajo lupa por un posible blanqueo de capitales.
Tras un desfalco multimillonario
Para intentar aclarar el asunto, el magistrado instructor ha llamado a declarar como testigos a altos cargos de importantes banco. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, aseguró que el crédito fue aprobado por unanimidad del consejo de administración porque no había ningún tipo de riesgo de ilegalidad ni irregularidad. La única alerta que saltó, explicó, fue el posible riesgo reputacional al comprobar que había una serie de noticias que implicaban a Al Qubaisi en el desfalco multimillonario del fondo 1Malaysia Development Berhad (1MDB), uno de los mayores escándalos financieros.
Para comprobar estos hechos, el juez libró dos comisiones rogatorias a Malasia para averiguar si el jeque está investigado o condenado por estos hechos. Fuentes jurídicas cercanas al procedimiento señalan que la respuesta ha sido que no hay ninguna sentencia en contra del empresario.
La declaración de Dancausa fue ratificada por varios miembros de la cúpula directiva de Bankinter, así como el exjefe de cumplimiento normativo del banco, que expusieron en sede judicial, que no había ningún tipo de sospecha sobre irregularidades porque se sabía que el nuevo comprador de la torre iba a ser Pontegadea y que éste, a su vez, había solicitado para la operación un crédito a BBVA. Por tanto, todos los fondos eran procedentes del circuito legal.
Asimismo, una interventora de la sucursal de Bankinter donde el jeque árabe tenía una cuenta bancaria señaló, el pasado mes de diciembre, ante el juez que las dos transferencia que Al Qubaisi hizo tampoco hizo sonar las alarmas, según indicaron fuentes jurídicas a este diario. En concreto, se trataba de un traspaso en 2016, de 54 millones de euros hacia Emiratos Árabes, y una segunda en 2018 por el importe de un millón de euros a una cuenta de Curaçao.
Alerta del Sepblac
También tuvieron que acudir a la Audiencia Nacional expresidente de Bankia Ignacio Goirigolzarri (actual presidente de CaixaBank); el ex CEO de la entidad José Sevilla, como testigos, para explicar que el banco ya desaparecido vendió el edificio porque así lo obligaba la normativa tras su rescate.
Lo cierto es que las sospechas de blanqueo de capitales no solo reside en la Audiencia Nacional. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) impuso en octubre de 2020 una sanción de 8,2 millones de euros a Bankinter por el préstamo que concedió a Muscari, al entender que incumplió la normativa de prevención de blanqueo, ya que conocía las investigaciones que pesaba sobre Al Qubaisi, que había sido detenido en Emiratos Árabes y que contaba con los fondos bloqueados. La multa se encuentra recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.