El escaparate de los másteres de abogacía: de 881 euros en Vigo a 35.000 en Madrid
Galicia es la comunidad con los posgrados de habilitación más baratos; IE, la Universidad de Navarra e ICADE cuentan con los programas de más prestigio, pero también los más caros
881 euros en cualquier universidad pública de Galicia; o 35.000 euros en el IE Law School de Madrid, un programa con especialización de doble máster. En la última década, la oferta de másteres habilitantes de acceso a la abogacía en España ha creado un auténtico mercado con precios para todos los bolsillos. Desde que en 2013 cursar esta formación se convirtiese en un requisito para ejercer como abogado, el sector ha vivido una revolución donde han florecido programas de todos los colores. Másteres simples o dobles; presenciales u online; con prácticas en reconocidos bufetes o estancias en despachos en el extranjero. Escoger no es baladí, pues cada vez más bufetes y cazatalentos miran con lupa esta formación.
La radiografía del sector deja varias claves. Para empezar, las opciones de carácter privado se encaminan a igualar la oferta formativa de las universidades públicas. En torno a 84 instituciones, 44 públicas y 36 privadas, imparten el máster habilitante para el ejercicio de la profesión, programas que desde 2023 también habilitan para el ejercicio de la procura. En la parte privada, muchos de estos cursos no cuentan con más de cinco años de vida, lo que evidencia la ebullición del sector.
Salta a la vista, comparando los dos nichos, la diferencia de precios. Las universidades públicas tienen sus tasas topadas por ley, de forma que son las autonomías las que, cada verano, fijan los precios públicos de sus másteres. La región donde es más asequible estudiar el máster de abogacía es en Galicia (886 euros por máster). Por su parte, Navarra es la más cara (1.924 euros). Mientras que Madrid (1.523) y Cataluña (1.661) se sitúan por encima del promedio (1.311 euros). Los precios no incluyen las tasas administrativas, como la apertura del expediente, los gastos de gestión o la retirada del título.
En el sector privado el panorama se encarece. El precio medio por el máster habilitante ronda los 7.000 euros (sin especialización). Los costes académicos varían desde los 1.837 euros, de la Universidad Oberta de Catalunya (modalidad online), la más barata, hasta los 33.900 euros de la Universidad de Navarra, la más cara, que incluye estancias en Nueva York. Por detrás en costes, se encuentran el máster de la Universidad de Comillas (19.520 euros), el del ISDE (16.500 euros) y el de CUNEF (15.130 euros).
Estas tarifas, no obstante, pueden variar si el alumno resulta becado, así como si el candidato paga al contado. La mayoría de las entidades privadas ofertan ayudas económicas para expedientes brillantes, pero lo común es que las plazas bonificadas estén limitadas.
Doble máster sí o no
Si el bolsillo lo permite, las especializaciones son una opción cada vez más publicitadas por las entidades educativas y valoradas por los departamentos de recursos humanos. El mercado cuenta con un vasto catálogo de dobles másteres. Las combinaciones más comunes son las de asesoría fiscal, laboral, jurídica a empresas, nuevas tecnologías o competencia.
En este punto la pregunta que surge es: ¿merece la pena cursar uno de estos programas? En especial, valorando que pueden llegar a costar hasta 35.000 euros. Marta Pinto, directora ejecutiva del área legal de Michael Page, una de las mayores empresas a nivel mundial de selección de personal, reconoce que los despachos lo valoran positivamente; si bien, agrega, las firmas estudian al candidato por más factores y ponen en la balanza más habilidades, como la capacidad de vender o de relacionarse con los clientes. En otras palabras, un máster en una institución de prestigio no es un requisito insalvable.
Las fuentes consultadas sí reconocen que carecer de un máster extra puede ser un motivo para descartar currículums en ciertos despachos, donde se estarían restringiendo el acceso a ciertos departamentos si los candidatos no cuentan con una especialidad. “Un porcentaje alto de despachos ponen una línea roja con laboral, donde la especialización supone una diferencia abismal en cuanto a currículum”, señala Marta Pinto. En el área profesional de competencia también hay firman que exigen contar con un máster de especialización, y que este, incluso, sea cursado en el extranjero.
Para Alejandro Kress, especialista en búsqueda de abogados de la consultora de reclutamiento SSQ, la especialización ayuda, pero no es una línea roja. Priman las notas. Y desde luego, añade, “las habilidades comerciales” y “los doctorados, más exigentes y selectivos”. Aunque Kress reconoce y coincide con Pinto que un posgrado de especialización es un factor de peso en el currículum, en especial si se intenta enfocar la carrera en áreas como laboral, competencia o fiscal.
“Hay un creciente interés por parte de firmas de abogados y por los departamentos jurídicos de empresa por los juniors cuya formación incluye, además del programa máster de acceso a la abogacía, un máster de especialización que se cursa en el mismo año académico”, corrobora la headhunter Marta del Coto, responsable de la oficina de Barcelona de la consultora Iterlegis. La razón es doble. Por un lado, el estudiante refuerza su conocimiento en ese nicho de conocimiento. Por otro, queda patente para el seleccionador “el interés y motivación del profesional en el área de especialización de que se trate”, lo que le coloca en una “situación de relativa ventaja competitiva frente a sus pares, que han cursado únicamente un máster con vocación absolutamente generalista”.
Sin embargo, la experta en recursos humanos remarca la idea de que cursar un máster más caro no es una garantía para trabajar en cualquier estudio jurídico. En este sentido, una buena nota media sigue siendo la mejor carta de presentación. “Las grandes firmas siguen dando una enorme importancia a los expedientes académicos brillantes”, recuerda.
Fuentes de la firma de abogados Uría Menéndez confirman este extremo. Un buen máster ayuda, pero no es la llave maestra para abrir las puertas del bufete. “Consideramos la candidatura en su globalidad. No hay nota de corte, pero la media del expediente académico tiene su peso”. Su recomendación sí pasa por estudiar el posgrado habilitante de forma presencial y, si es posible, optar por un doble grado. Si bien, agregan, esto último no es requisito para realizar la tradicional rotación de departamentos de los abogados juniors.
Los colegios también lanzan sus posgrados
Máster. Desde 2022, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) cuenta en el mercado con su propio máster habilitante para la abogacía, que desde 2023 también habilita para ser procurador. El curso, que tiene un precio de 6.000 euros en su modalidad presencial y 4.000 euros en formato híbrido, hace unos días arrancó una nueva edición con 150 alumnos inscritos. Otros colegios de abogados, como el Barcelona o el de Sevilla, también se han aventurado a lanzar sus propios programas formativos en colaboración con las universidades locales.
Revolución. La apuesta del ICAM por la educación refleja la ebullición que vive el sector legal en el plano académico. La intención de la institución madrileña, transmiten sus portavoces, es comandar una revolución formativa que culmine con la conversión del colegio en un centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. “Se trata”, apunta Ester Mocholí, diputada del ICAM y responsable de formación, de “una operación histórica que reúne al colegio de abogados más grande de Europa con la mayor Facultad de Derecho”. El nuevo centro tendrá su nueva sede en la calle de Serrano 11, donde contará con 1.400 metros cuadrados de espacio. El Colegio reordenará los espacios, después de la compra a la Mutualidad de la Abogacía de la sede en Serrano 9, para dar espacio a las actividades académicas en Serrano 11.
Profesores abogados. La gran baza de los colegios como nuevos centros educativos del sector legal, y que la diferencia de la oferta universitaria tradicional, es que la suya es una formación “de abogados para abogados”. “La reflexión natural es que fuera el propio Colegio quien impartiese esta formación, siendo el colegio el destino de las personas que proyectan dedicarse a la abogacía”, subraya Mocholí. Para ello, adelanta, el ICAM planea abordar una importante reforma en su sede y dotarla de aulas y espacios para la formación- El plan pasa por atraer estudiantes españoles, pero también hay miras de “llegar también a los alumnos iberoamericanos”.
