Las comunidades de vecinos, en riesgo de quedarse sin tarifa regulada de gas por la falta de certificados
La revisión de calderas colapsa las empresas de certificación El Ministerio descarta alargar el plazo de las solicitudes
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas solicitó este jueves al Ministerio de Transición Ecológica demorar los plazos para presentar el informe positivo de la inspección de eficiencia energética desde octubre hasta diciembre de 2023 para que las comunidades de vecinos se puedan acoger a la tarifa de último recurso (TUR) del gas. Su presidente, Pablo Abascal, afirma que hay provincias en las que casi ninguna vivienda puede acogerse a la llamada TUR 4. "Son testimoniales", comenta, porque los Organismo de Control Autorizado están saturados con peticiones de certificación de calderas. Desde el Ministerio de Transición Ecológica creen que la bola se encuentra en el tejado de los administradores, y descartan, a priori, aumentar el plazo.
Desde los administradores afirman que las empresas dedicadas a la certificacion de elementos de la vivienda, como ascensores y otros enseres de las comunidades, "no dan a basto" en la revisión de calderas por la fuerte demanda que se ha producido tras la aprobación del paquete energético, el pasado octubre.
Otro factor al que apuntan los analistas es a la antigüedad del parque de vivienda español. Entre el 50% y el 75% de los 25,7 millones de viviendas españolas se construyeron antes de la entrada en vigor de la primera directiva europea sobre eficiencia energética de 1979, según datos de CSCAE. Alain Mora, CEO de Ecubo, afirma además que el procedimiento de certificación no es sencillo porque, en muchos casos, el no superar la inspección de eficiencia energética es sinónimo de obras y los plazos son cortos: "Esas obras no se pueden hacer en invierno, tienen que ser en verano cuando termine la temporada de calefacción".
Es por esto que desde los administradores de fincas solicitan que se utilicen los fondos europeos dedicados a la rehabilitación de viviendas con premura. "Otra oportunidad como la de estos fondos europeos no la vamos a tener y hay que aprovecharlos, porque la tarifa regulada y la bajada del IVA del 21% al 5% dan a las comunidades de propietarios una tregua de un año, no una solución al problema del coste de la energía, que seguirá siendo muy elevado", concluía Abascal.
El Ministerio pasa la bola
Desde el Ministerio capitaneado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se remiten al cumplimiento de la Ley y, por el momento, descartan ampliar el plazo, como solicita el presidente de los administradores de fincas, hasta finales de 2023.
Ribera, por su parte, se liberó de responsabilidades y la cargó a los propios administradores "que son los que tienen que velar" por la revisión de las calderas y de la certificación energética, aseguraba: "Pedíamos a las comunidades de propietarios que cumplieran la norma de certificación energética y que dispusieran de contadores individuales. Aparentemente hay un número importante de propietarios que no contaban con esa certificación".
Superar la inspección era uno de los requisitos indispensables que las comunidades debían tener en regla antes del 30 de septiembre de 2023 si querían acogerse a la TUR 4, que topa el precio de las 1,7 millones de comunidades de propietarios que podrían acogerse a la medida desde el pasado octubre y que, según las estimaciones del Gobierno, haría que se ahorraran hasta un 50% de su factura de gas.
En cualquier caso, el director de la empresa especializada en contadores ISTA, Ignacio Abati, aseguraba que la medida, más allá de subvencionar el precio del gas, busca reducir su demanda. "La filosofía de la medida es la de 'cuanto más ahorro en el consumo, más ahorro económico", comenta Abati. Por ello, si las comunidades de vecinos superan el consumo medio de los últimos cinco años, se les penalizará cobrándoles el montante del consumo "con un precio igual a la nueva TUR incrementado en un 25%".
La TUR para las comunidades de propietarios
Consumo.
Los edificios son los mayores consumidores de energía de la UE, responsables del 36% de la emisión de gases de efecto invernadero, según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
Solicitar la TUR.
Los responsables son el presidente de la comunidad, el administrador de la finca o un responsable de la empresa que preste los servicios energéticos, que enviarán la solicitud a las cuatro comercializadora de último recurso.
Requisitos.
Las comunidades deben tener calderas de gas natural centralizadas y estar libres de deudas con sus comercializadoras. También deberán tener instalados contadores individuales de calefacción o repartidores de costes, siempre que sea viable técnicamente, y tener al día y aprobada la inspección de eficiencia energética.
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