El coste del plan energético permitiría al Gobierno dar 1.900 euros a cada hogar vulnerable

Las medidas de ahorro suponen un agujero fiscal de 17.000 millones

Fedea pide centrar estas políticas en las familias de menos rentas

Plan fiscal pulsa en la foto

Las medidas fiscales aprobadas en los últimos meses por el Gobierno para abaratar la factura energética de los hogares españoles tienen un problema: su fuerte carácter regresivo. La razón es que benefician al conjunto de los contribuyentes, sin tener en cuenta factores clave como el nivel de renta. Por ello, a medida que se acerca el plazo de vencimiento y el momento en que el Ejecutivo tendrá que decidir si las prorroga o no, muchas voces piden rediseñarlas para centrarlas en los más vulnerables. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en concreto, sugirió este martes utilizar el gasto fiscal asociado al plan para dar ayudas directas a los hogares de menos renta. En tal caso, cada uno de ellos podría recibir un cheque de casi 1.900 euros en ayudas.

El coste de todo el paquete energético, en el que se incluyen medidas como la rebaja del IVA de la luz y el gas hasta el 5% o la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, asciende a los 16.932 millones de euros a lo largo de todo el año 2022 teniendo en cuenta la intensidad y el tiempo de aplicación de cada iniciativa, según los cálculos del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente.

Esta cantidad, explica De la Fuente, “permitiría financiar ayudas directas muy importantes a los hogares de rentas bajas y medias sin distorsionar las señales de precios que incentivan el ahorro de energía y la inversión en renovables”.

Desde Fedea recomiendan fijarse en las familias con ingresos inferiores a los 2.000 euros mensuales (el 47% de todos los hogares españoles) y centrar en ellos las ayudas directas. En 2021, estima De la Fuente, había en España casi nueve millones de hogares con ingresos netos regulares por debajo de esta cifra, cuyo gasto medio en comida y energía rondó los 6.100 euros anuales. En total, unos 55.000 millones de euros. “El ahorro derivado de la eliminación de las ayudas no selectivas a la energía”, prosigue De la Fuente, “permitiría enviar a cada una de estas familias un cheque por un importe de 1.889 euros”.

Esta cantidad, que supondría un 31% de su gasto medio en comida y energía, sería “más que suficiente” para compensar por completo la inflación interanual de ese componente del consumo, que en España se situaba en el 19% en septiembre con datos de Eurostat, considerando la comida no procesada y la energía.

Las familias con rentas mensuales superiores a los 2.000 euros, y que hoy se benefician de la rebaja del IVA y de la bonificación de 0,2 euros por litro de carburante, tendrían cierto oxígeno para afrontar los sobrecostes derivados de la crisis energética. Las que se mueven entre los 2.000 y los 3.000 euros mensuales, el 30% del total, gastan en comida y energía entre 8.600 y 9.200 euros al año. Las que oscilan entre los 3.000 y los 5.000 euros, el 17% de todas, pagan unos 11.000 euros por ejercicio. Por último, las que ganan más de 5.000 euros, el 4,5% del total, tienen unos gastos de 13.000 euros anuales en esta partida.

Cabe recordar que los cálculos elaborados por Fedea incluyen el consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, por un lado, y el gasto en electricidad, gas y otros combustibles, así como la utilización de vehículos personales y servicios de transporte.

El Ministerio de Hacienda se encuentra estudiando en estos momentos el impacto de todas las medidas desplegadas a lo largo de los últimos meses para decidir cuáles prorrogar y cuáles modificar o eliminar, habida cuenta de que la mayoría de ellas caducan con el final del ejercicio 2022. Una de las más controvertidas por su nivel de gasto –Fedea lo cifra en más de 4.000 millones al año– y su impacto generalizado es la bonificación de los carburantes. Organismos como la Airef, de hecho, calculan que el gasto público de esta medida se concentra principalmente en los hogares más ricos, con más vehículos en propiedad y con más facilidad económica para hacer uso de ellos.

Fuentes de Hacienda insisten en que todavía no hay ninguna decisión tomada y en que no se descarta ninguna modificación en las próximas semanas. Sin embargo, reconocen, es “muy complejo” discriminar por motivos de renta.

Por ello, insiste De la Fuente, para poder ejecutar con agilidad una política de ayudas directas a los hogares más necesitados frente a posibles crisis, “sería necesario invertir en la construcción de una base de datos que recoja al mayor número posible de familias y en el desarrollo de un sistema rápido de transferencias”.

El sistema en cuestión debería ser gestionado por la Agencia Tributaria, de forma que las necesarias correcciones puedan hacerse posteriormente a través de la declaración del IRPF, “sin entorpecer a priori los pagos”. También debería alimentarse, recalcan desde Fedea, de la información sobre las rentas, prestaciones sociales y cuentas bancarias (o monederos electrónicos y similares) de los hogares con la que cuentan la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y las Administraciones Territoriales, “posiblemente con la ayuda de ONG dedicadas a la asistencia social”.

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