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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una sentencia europea que puede revolucionar el sector de los VTC

Las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE sobre las limitaciones impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) pueden generar una verdadera revolución en el sector si son finalmente confirmadas por el alto tribunal, el cual por lo general suele seguir las directrices de su letrado. El dictamen defiende que la limitación de una licencia de explotación de VTC por cada 30 taxis que rige en Barcelona no está justificada y viola el derecho a la libertad de establecimiento en la UE. El abogado general, tras recordar que en los últimos 35 años las licencias de taxi se han mantenido estables, cuestiona que el taxi pueda considerarse como “un servicio de interés económico general” y considera “dudoso” que cumpla “una obligación de servicio público”. Sus conclusiones confirman el derecho del Ayuntamiento barcelonés a hacer lo posible por garantizar la calidad, seguridad y accesibilidad de los servicios del taxi, pero siempre que no persiga con ello objetivos económicos ni su intención sea proteger a este colectivo. Según el dictamen, los VTC pueden ayudar a subsanar los servicios no cubiertos por el transporte público local, por lo que si la intención de Barcelona es ofrecer un sistema adecuado de transporte local privado, ampliar el número de licencias sería de “mayor utilidad para solventar el problema” que restringirlo.

Los argumentos del abogado general son claros y contundentes, y evidencian las deficiencias del denominado decreto Ábalos, que el Gobierno aprobó en 2018 para aplacar la guerra desatada entre el colectivo del taxi y los vehículos de alquiler con conductor. La norma, que sentó las bases de una calma frágil, precaria y temporal, trasladaba a las comunidades autónomas y ayuntamientos la potestad para regular esta actividad tras una moratoria de cuatro años, establecida para compensar a los VTC por las restricciones. El final de la moratoria, que se produjo el pasado septiembre, generó un reino de taifas normativo, en el que coexisten regulaciones muy abiertas, como la de Madrid, con otras muy restrictivas, como la de Barcelona.

La polémica regulación impuesta en la Ciudad Condal ha sido criticada por la propia Autoridad Catalana de la Competencia, al considerar que impone cortapisas a la libre prestación de servicios, y ha sido el Tribunal de Justicia de Cataluña el órgano judicial que ha elevado a la justicia europea la duda sobre la licitud o no de la normativa a ojos del derecho comunitario. En caso de que el Tribunal de la UE confirme la visión crítica de su abogado general, podría generarse una lluvia de demandas por parte de los VTC en todos los territorios en los que existen políticas restrictivas contra su actividad.

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