El Supremo marcará la relación de franquiciados y cadenas con los pleitos de 100 Montaditos y McDonald’s
El alto tribunal tiene en sus manos dos asuntos: la posible indemnización a un exgerente de la conocida hamburguesería y qué órgano debe retomar la denuncia contra el grupo Restalia
El Tribunal Supremo determinará el futuro de las denuncias que varios exfranquiciados han planteado en los últimos años contra las conocidas cadenas McDonald’s y Restalia, esta última dueña de restaurantes como 100 Montaditos, The Good Burger o La Sureña, a los que acusan de estafa por la ocultación de cláusulas en los contratos o vender un negocio que, a su juicio, no ha sido para nada rentable. Por un lado, el alto tribunal tiene que resolver el recurso de un empresario de Castellón contra la sentencia de la Audiencia de la provincia valenciana que dejó sin efecto una posible indemnización millonaria por parte de la franquicia estadounidense. Y por otro lado, debe decidir qué tribunal tiene que terminar la investigación sobre la denuncia interpuesta por un grupo de exgerentes de restaurantes del grupo español: si el juzgado de Madrid que archivó la causa y se vio obligado a reabrirla por orden de sus superiores, o la Audiencia Nacional, que considera que no tiene competencia.
Precisamente sobre McDonald’s, una veintena de antiguos responsables de locales de la marca están pendiente de lo que diga el Supremo acerca de la indemnización que reclama su compañero de Castellón, entre otros litigios. Este grupo ultima una querella contra su filial española, así como contra la matriz, McDonald’s Corporation, y sus directivos en España y en Estados Unidos por los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y coacciones. Según señalan fuentes cercanas a los querellantes, la compañía utilizaba una red de falsos intermediarios y contratos opacos para duplicar los costes logísticos relacionados con el reparto de hamburguesas o refrescos. A ello se sumó el abono, casi obligatorio, de un 4% sobre las ventas a la unión de franquiciados Coop, que se encarga de hacer las campañas de marketing y publicidad. Los denunciantes subrayan que, pese a que la adhesión a la asociación era voluntaria, la franquicia actuaba con represalias si se negaban a pagar dicha tasa.
Antes de judicializar este asunto, los exfranquiciados esperan el avance de otros procedimientos similares. En el caso del Tribunal Supremo, su sentencia sentará las bases de los procesos judiciales ya abiertos y los futuros. El alto tribunal dilucirá si, tal y como dice también el exsocio de McDonald’s en Castellón, los franquiciados sufragan dos veces el mismo servicio. Según el denunciante, el canon que se paga a la compañía por usar su marca y productos (royalty) y los costes de distribución que se abonan a la compañía Havi, como proveedor único, deberían estar integrados en una misma tarifa.
En febrero 2021, un juzgado de primera instancia de Castellón dio la razón en parte al franquiciado, al entender que se cobró “indebidamente” el coste logístico mensual porque solo existía acuerdo entre Havi y McDonald’s, pero no un contrato con el gerente que obligara a pagar la entrega de productos. Por ello, entendió que la cadena mundial de hamburgueserías debía resarcir al denunciante con un total de 3,74 millones de euros. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Castellón dio un vuelco a esta resolución y, en octubre 2023, estimó el recurso de la multinacional, al entender que no existía “ninguna vinculación de carácter societario” entre las dos firmas cuestionadas, ni que existiera un método de presión sobre aquellos gerentes que decidieran no pagar a la Coop. El Supremo tendrá la última palabra sobre esta discusión.
Otra de las historias que sigue en el tintero, y de la que están pendiente los futuros denunciantes, es la que mantiene McDonald’s con Luis Cañizares, primer empresario que declaró la guerra a la multinacional de comida rápida hace ocho años por no proporcionarle el material publicitario de la franquicia tras dejar de pagar a la Coop. La batalla acabó en el Supremo, que falló a favor de la empresa estadounidense. Pero esto no quedó aquí. La compañía contraatacó y le reclamó 1,2 millones de euros por incumplimiento de contrato. Un juzgado de Vinarós (Castellón) consideró que la exigencia de la multinacional era totalmente válida, si bien Cañizares ha recurrido ante la Audiencia Provincial alegando que dicha cantidad proviene de facturas giradas de forma incorrecta.
Plan de negocio “irreal”
En cuanto a Restalia, otro grupo de exfranquiciados acusan a una veintena de altos cargos de la firma y varias sociedades de haber vendido un modelo de negocio “irreal”, de llevar un plan de “aperturas indiscriminadas” de restaurantes tanto en España como en el extranjero y de ocultar pactos con “proveedores homologados” para que estos obtuvieran una serie de “beneficios”. Así, reclaman indemnizaciones por un perjuicio superior a 20 millones de euros.
Esta causa se inició en agosto de 2021 en el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, que admitió a trámite una denuncia —que se ha ampliado hasta en 10 ocasiones― por estafa, organización criminal, coacciones y delitos económicos. La investigación —en la que nunca se llamó a declarar a ningún directivo de Restalia— se archivó enero de 2023 porque el magistrado instructor no vio indicios de delito. En su opinión, las perdidas que denunciadas por los franquiciados tenían su origen en las consecuencias económicas de la pandemia de la covid-19. Para refutar esta tesis, los antiguos socios de los dueños de 100 Montaditos han presentado documentos que acreditarían el cierre de locales antes de la crisis sanitaria.
La causa está encallada y pendiente de ver qué tribunal continúa con ella. En enero de este año, la Audiencia de Madrid estimó los recursos de los denunciantes (que contaron con el apoyo de la Fiscalía) y ordenó al juez instructor reabrir el procedimiento y enviarlo a la Audiencia Nacional. Para dicho órgano judicial, el caso de Restalia cumplía, indiciariamente, los requisitos legales para que un juzgado central de instrucción (especializado en causas complejas) estudie los hechos porque, según indicó parece un fraude que afecta a la economía nacional y tiene un gran número de perjudicados en varios territorios.
El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, a quien le recayó el asunto, no compartió la tesis de la Audiencia de Madrid y rechazó su competencia para investigar, devolviendo así la causa a los juzgados ordinarios de Madrid. Ello provocó que el debate se remitiera al Tribunal Supremo, que deberá resolver qué juez debe retomar el caso y decidir los siguientes pasos a dar.
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